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(Comunidad Valenciana) MULTITEMATICO,PREVISIONES | > AREA: Multitemático
23-11-2010 / 19:10 h
LEY DEPENDENCIA -Valencia- La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, y el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV), Joan Planells, presentan la nueva normativa autonómica de desarrollo de la Ley de Dependencia.
jmm/EFE Redacción EFE Comunitat Valenciana 96 341 06 67 valencia@efe.es Si quiere conocer los actos y acontecimientos informativos previstos para cualquiera de los próximos 365 días, EFE pone a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante.
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Fuente: ABC
También hay demoras en las valoraciones de Dependencia
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma Cocemfe Madrid) ha denunciado este martes con un comunicado que el III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2011-2014 ya acumula retrasos en su aprobación y puesta en marcha, lo mismo que ocurre con las valoraciones de Dependencia en la región.
Éstos son algunos de los puntos importantes que afectan a los discapacitados madrileños y sobre los que Famma considera que hay que centrarse.
Así, el colectivo ha reprochado al Ejecutivo autonómico los retrasos que acumula el Plan de Acción específico para los discapacitados, y también que los problemas en la aplicación de Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, su normativa actual y los retrasos en la resolución de las valoraciones realizadas.
"Es un año difícil, con muchas situaciones que han derivado hacia la frustración, desilusión y pérdida de mucho de lo conseguido, después de años de lucha de algunas asociaciones que han visto mermada su capacidad de trabajo por los recortes que ha sufrido la política social", ha apuntado Famma.
A esto se suma que "la aplicación de la Ley de la Dependencia sufre un retraso administrativo en su aplicación que ha hecho -y hace- mucho daño a personas que tenían su esperanza depositada en esta ley y que viven situaciones impropias de una sociedad del siglo XXI".
Así, la Federación entiende que, "ahora más que nunca, es necesario elaborar un código de buenas prácticas para afrontar una situación que está dificultando y afectando seriamente la integración y calidad de vida" de los discapacitados.
Por ello, ha acordado elaborar un código de buenas prácticas para hacer frente a la crisis y que servirá para "reforzar los lazos de unidad de las organizaciones y para ampliar su estrategia de relaciones con otras organizaciones de la sociedad civil organizada, de forma que se permita una nueva estrategia de trabajo ajustada al actual marco".
Por último, Famma ha recordado que también en materia de desempleo los discapacitados se llevan la peor parte, por lo que ha exigido el "respeto e las leyes vigentes en materia de reserva de empleo, tanto en la Administración como en la empresa privada".
"Lo que es absurdo es promulgar leyes de indudable interés social, como las que entienden de trabajo para la discapacidad, y no hacer nada para controlar su seguimiento y denunciar su infracción", han añadido desde la federación.
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(Murcia) SOCIEDAD-SALUD,SALUD | > AREA: Asuntos sociales
22-11-2010 / 18:10 h
Murcia, 22 nov (EFE).- El Comité Español de Representantes de la Discapacidad (Cermi) en la región de Murcia ha advertido hoy de que los presupuestos de la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para 2011 son "un retroceso" en la oferta de servicios sociales de sus asociados, algunos de los cuales pueden desaparecer.
En un comunicado, el Cermi, compuesto por las asociaciones Acime, Aspaym, Aspace, Fadis, Famdif-Cocemfe, Fasen, Feafes, Feaps, Fesormu, Fundown y Once, considera "inadmisible" esta posibilidad, cuando la labor de estas asociaciones "es fundamental para mejorar la vida de miles de ciudadanos" desde hace más de 30 años.
Tras mostrar su disposición al diálogo "para encontrar una solución al peligro que amenaza" a varias de sus organizaciones miembros, califica de "inconcebible tratar toda la discapacidad como dependencia", pues los servicios de estas asociaciones van más allá de los derechos que se puedan derivar de la aplicación de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Por ello, insta a que se revise y se promueva una nueva ley de servicios sociales para la próxima legislatura, y se opone "a cualquier tipo de retroceso en los logros alcanzados durante todos estos años en la cobertura de servicios sociales para cualquier persona con discapacidad en la región de Murcia".
El Cermi representa en toda España a más de 3,5 millones de personas con discapacidad y a sus familias. EFE
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ULTIMAS NOTICIAS
lunes, 01 de noviembre de 2010
Entrevistas
lunes, 22 de noviembre de 2010

No es suficiente. A pesar de que la legislación contempla la integración de las personas minusválidas en las empresas, éstas -las empleadoras- no son capaces por sí mismas de articular, gestionar u optimizar al cien por cien las capacidades y productividad de sus empleados minusválidos, lo que provoca una fuga de talento considerable y una normalización insuficiente de la diversidad funcional.
La Fundación Seeliger y Conde se crea con el objetivo de conseguir la plena integración laboral de personas con diversidad funcional y, además, pretende convertirse en la consultora de referencia en este ámbito para el mundo empresarial. No en vano ha investigado a fondo toda la problemática adaptativa de las personas en edad laboral afectadas por algún tipo de minusvalía hasta conseguir elaborar un protocolo, el Modelo de Excelencia en Diversidad, -pionero en Europa- que, aplicado por las empresas, consigue la plena adaptación del trabajador, pero también permite obtener la máxima productividad del individuo por parte de las compañías.
Temas pendientes que se convierten, a veces, en problemas insalvables tras la incorporación de discapacitados al trabajo como la gestión, el seguimiento o la mejora de la inclusión de la propia discapacidad en las empresas se reducen a la mínima expresión con este Protocolo, que no solo permite cambiar el sistema de organización de la empresa integrando la diversidad como valor, sino que además posibilita que la organización sea auditada y el desarrollo de un Plan Estratégico de inclusión de la Discapacidad.
Pese a que, ni las empresas, ni las administraciones, ni la propia sociedad afrontan la plena integración de la diversidad funcional como un reto a corto plazo, los datos hacen saltar todas las alarmas desbancando de una manera categórica la creencia de que la discapacidad es un asunto minoritario. Afecta entre el 10 y el 20% de la población de cada país desarrollado. En Europa hay 44 millones de personas con discapacidad en edad laboral y aproximadamente 77% de esta cifra la adquiere después de cumplir los 16 años, osea, durante su vida laboral.
La problemática de la reinserción de los discapacitados en la vida laboral afecta a una de cada tres familias y el aumento de unas mayores perspectivas de vida amplía las posibilidades de incorporar personas mermadas de alguna de sus funciones a las filas de aspirantes a un puesto de trabajo o a la conservación del empleo tras sufrir una minusvalía. El tema es complejo. El Modelo de Excelencia en Diversidad estructurado por la Fundación Seeliger y Conde garantiza la eficacia, pero es necesario que las empresas den el primer paso.
Ramón Giró, Director de la Fundación Seeliger y Conde, está convencido de que el camino a la normalización pasa por la aplicación de este protocolo de excelencia que podría, paulatinamente, ser incorporado también a empresas europeas. En esta entrevista que les ofrecemos en formato de Vídeo /TV, Ramón Giró nos habla de las realidades de un colectivo, no carente de talento, cada vez más numeroso.
Gema Castellano
Entrevista Ramón Giró; Director de la Fundación Seeliger y Conde
sobre la integración de minusválidos en la Empresa
Domingo 21 de noviembre de 2010
NOTICIAS
Opinión
Análisis, por Juan R. Gil
12:24
Tiene razón el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, y ex alcalde de Alicante, Ángel Luna, cuando remarca las enormes diferencias que existen entre las denuncias que se han formulado contra él y las que pesan sobre los principales dirigentes, en Valencia, Alicante o Castellón, del PP. Tan lejos como el pasado 26 de septiembre se escribía aquí que no es lo mismo hablar de quien maneja fondos de los contribuyentes que de quien sólo dispone de los propios. Y los hechos por los que el PP ha llevado a Luna al Tribunal Superior de Justicia, ante uno de cuyos magistrados tendrá que prestar declaración mañana, se refieren a momentos en los que el hoy parlamentario autonómico era un simple particular, y no un cargo público.
En definitiva, el PP acusa a Luna de haber realizado una obra de reforma en una vivienda que habría podido ser pagada por el constructor Enrique Ortiz. La obra, en todo caso, se realizó hace trece años, dos después de que Luna abandonara la Alcaldía y uno después de que dejara la política activa y saliera tanto de la secretaría general de su partido como de la concejalía en el Ayuntamiento de Alicante. Por tanto, incluso si hubiera sido tal como dice el PP, se habría tratado del regalo de un particular -el constructor- a otro particular -el ex alcalde y ex dirigente socialista Luna-, que estaba fuera en ese momento del entramado que puede hacer factibles los favores y las componendas.
Los populares sostienen, pese a todo, que aquello fue algo así como un pago diferido a beneficios concedidos con anterioridad por Luna como alcalde, y aducen para ello la cantidad de contratas que durante el mandato de éste en el Ayuntamiento recibió el constructor. Y Luna se defiende manteniendo, primero, que él sí que pagó, aunque no conserva las facturas (salvo que las haya encontrado, y las lleve mañana al tribunal), y que durante su ejercicio como alcalde nunca gozó de mayoría absoluta para hacer con las adjudicaciones lo que le viniera en gana, puesto que enfrente tuvo una durísima oposición -la que encabezaba Diego Such, por el PP, y del lado diametralmente contrario, la que lideraba María Teresa Molares, por Esquerra Unida-, y su gobierno no cayó gracias al voto de un independiente, Diego Zapata, y al de un tránsfuga popular, Mínguez, de los que tras aquella legislatura nunca más se supo.
Hay algunas cosas que decir, además de lo que señala Luna. La primera, y más importante, es la que se deriva de la experiencia de quien, como el que esto firma, vivió aquellos años y los que luego vinieron como testigo de primera fila, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que tuviera una información completa. Pero sí la suficiente para afirmar que la inmensa mayoría de los concejales socialistas que formaron parte de las corporaciones que gobernaron Alicante entre 1979 y 1991, entre ellos los dos alcaldes, José Luis Lassaletta y el mismo Luna, abandonaron el Ayuntamiento, en términos de patrimonio personal, igual o peor que entraron. La segunda es la que los propios balances empresariales cantan: Ortiz empieza a hacerse un nombre trabajando a bajo coste para el Ayuntamiento de Alicante en tiempos de Lassaletta. Y sigue haciéndolo en la etapa de Luna. Pero cuando despega como empresario no es ni siquiera desde 1995, tras tomar las riendas del poder el PP, sino a partir de 2003, después de que Zaplana, que nunca hizo migas con él, cediese definitivamente el gobierno de Valencia a Camps. Fue entonces cuando la facturación del hoy Grupo Cívica, en la que hasta entonces la obra pública pesaba menos que la privada, dio un vuelco espectacular que llevó a Ortiz a dejar de ser sólo un empresario de la ciudad de Alicante para pasar, además de enseñorearse de ésta, a ser un potentado en toda la Comunidad, con aspiraciones incluso de cotizar en Bolsa.
Ni siquiera, aunque así se ha querido plantear también en estos días, lo denunciado sobre Luna tiene relación directa con el affaire que llevo a dimitir al anterior líder del PSPV, Joan Ignasi Pla. Porque Pla renunció al cargo en el partido después de que se revelara que no había pagado, precisamente, una obra de reforma en su casa. Lo mismo que se recrimina ahora a Luna. Pero, sin entrar en cómo y por qué dimitió Pla, la diferencia está en que, en todo caso, si al que fue candidato a la Generalitat le abonaron algo, lo hicieron cuando aún podía tener influencia y peso en la política de esta Comunidad, mientras que, en el caso de Luna, todo lo que hasta aquí se ha denunciado habría ocurrido, de haberlo hecho, cuando no sólo ya no era, políticamente, nada; sino que tampoco había atisbo alguno de que pudiera volver a serlo.
Y, sin embargo, a pesar de todo lo escrito hasta aquí, es cierto que Luna tiene un problema, no pequeño, y el PSPV también. Porque el TSJ podía haber inadmitido la querella, pero la ha tramitado. Y Luna no era nadie ya cuando sucedieron los hechos que se le imputan, pero sí lo es ahora. Y, por tanto, viene obligado en estos momentos a demostrar su inocencia con la misma claridad que cualquier otro cargo público, aunque hace trece años no ostentara ninguno. Al ciudadano particular que Luna era en 1997 no cabría ahora reclamarle facturas, e incluso le valdría la prescripción del caso por el tiempo transcurrido. Pero al portavoz socialista que Luna es hoy no le sirve ni lo uno ni lo otro: o sale limpio del Tribunal, o no sale. Él lo sabe, lo que explica alguna entrevista concedida en estos días con la vista puesta en que la lean en Madrid quienes tienen, más allá del TSJ, que decidir su futuro inmediato, ese que pasa por la confección de las listas electorales y el puesto que cada uno ocupa en ellas. Lo peor del asunto no es, con todo, lo que pueda ocurrir o no ocurrir con Luna, cuya defensa es a él a quien compete. Sino el comprobar cómo una vez más la política en esta Comunidad vuelve a depender de quienes no fueron elegidos por los ciudadanos. Porque el testimonio clave en el TSJ, si al final se produce, no será el de Luna, sino el de Ortiz, en cuyas manos parecen estar, de una forma o de otra, todos los que en esta Comunidad fueron elegidos para dirigirla o para controlar, en nombre de los contribuyentes, cómo se gobernaba. Los socialistas dicen que lo ocurrido no es más que una estrategia del PP para amedrentarles. Y puede que así sea. Pero el que de verdad da miedo no es el PP, sino Ortiz, y el increíble lodazal en el que llevamos tantos meses enfangados.
Tengo entendido, no me hagáis demasiado caso, pues la fuente de interpretación podría llegar a estar algo despistada, o quizá yo mismo confunda la gimnasia con la magnesia, ¿quien sabe,? el caso es que se me ha hecho casi imposible la idea de que un partido, el PP en este caso concreto, bueno el PP, pero el catalán, que a semejante inoportunidad no puede llegar a ser mayor. Digo, si será xenofobia o racismo, pues si no ¿que otra cosa llegaría a ser? El caso es que dentro de su campaña electoral, las autonómicas de Cataluña, hagan spots, que más bien parecen importados de una vieja campaña allá por Austria o así, pedro aceptada en España por los muy sesudos señores del PP, que se dediquen a tirotear (aunque sea por la espalda) a todo inmigrante que vean por la calle, ah, pero habremos de hacer una salvedad, porque si es adinerado o muy rico, ese no es inmigrante, ese es un Árabe, el inmigrante es ese moro de mierda que no tiene dinero ni para dar de comer a su familia y tiene por ello que levantarse a las tantas de la madrugada para ir a trabajar, o ese alemán que vive de rentas, aunque sea inmigrante, que lo es, es cosa distinta…
¿Pero es que no se dan cuenta que tiran piedras sobre su mismo tejado? parece ser que no pues existen una serie de cavernícolas, como en cualquier lugar, personas todas ellas, o casi, no vamos a exagerar demasiado y alguien nos confunda, ven muy bien estas acciones ¡Que los maten! ¡No tienen derecho a la vida! ¡Que se marchen a su tierra! Oiga, pero lo dicen hasta los propios españoles que llegan a Cataluña a ganársela, y todavía piensa que a ellos no les va. ¡Total! ¿Como son españoles, pues no son inmigrantes? ¡A no!, ¿y tu que eres pues?
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