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4 octubre 2009

El Presidente Camps tendrá que explicar ante el Supremo lo que le perdonó su amigo De la Rúa

Filed under: ¿Piratas o carroñeros?, Noticias, Política — teuladi @ 22:15

 

 

La Fiscalía General ha recurrido, como anunció, el archivo de la causa por los trajes y otros regalos de la Trama de corrupción en la que se ha visto envuelto el Gobierno de la Generalitat valenciana.

 

camps-costa

 

Los escándalos que afectan al PP

 

La fiscalía recurre el archivo del ‘caso Gürtel’

 

El ministerio público entiende que sí hubo delito de cohecho en el asunto de los trajes
 
Rajoy acusa a la fiscalía de actuar "con saña" contra el PP

 

LYDIA GARRIDO – Valencia – 01/10/2009

Comentarios Comentarios – 167  

La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado este jueves el recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la trama valenciana del caso Gürtel que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). El ministerio público sustenta el recurso de casación en dos motivos: una interpretación errónea del artículo 426 del Código Penal, que recoge el cohecho pasivo impropio; y que la causa aún se estaba investigando y por tanto se ha hurtado un mayor conocimiento de los regalos que recibió Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y otros tres altos cargos, así como las contrataciones de la administración autonómica con la empresa nuclear del entramado: Orange Market.

Foto

Auto por el que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa por cohecho impropio contra Camps
DOCUMENTO (PDF – 279,5Kb) – 03-08-2009

 

La fiscalía pide al Tribunal Supremo que anule el auto en el que el tribunal presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, al que Camps se refirió públicamente como "más que un amigo". La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal valenciano consideró que no existía delito porque interpretó que era necesaria una relación de causalidad.

El artículo 426 del Código Penal considera delito la aceptación de dádivas o regalos por parte de cargo o funcionario público. Al presidente Camps, al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, se les imputó por ello. Y el juez instructor, José Flors, consideró que existían indicios para continuar investigando.

Pero De la Rúa y José Francisco Ceres entendieron que no podía haber habido delito porque ninguno de los imputados tenía posibilidad de contraprestar a quien realizó los regalos. El tercer magistrado del tribunal, Juan Montero, emitió un voto particular en sentido contrario. Lo que sí firmaron los tres sin discusión fue la eliminación de la causa del informe de la policía que llegó un día antes del archivo y que recoge indicios de una posible financiación irregular del PP valenciano, en la que habría participado Orange Market.

La acusación popular, los socialistas valencianos, presentaron su recurso de casación en términos similares el pasado lunes.

"Saña contra el PP"

Conocida la decisión de la fiscalía de recurrir el archivo de la causa, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al ministerio público de "actuar con saña y absoluta diligencia" en los asuntos que afectan al PP, mientras que "mira para otro lado" en casos como el que afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. La fiscalía pidió el pasado martes al Supremo el archivo de la querella presentada por el PP contra Chaves por una supuesta concesión de 10 millones de euros, cuando presidía la Junta de Andalucía, a la empresa Matsa donde trabajaba su hija.

Para Rajoy, esto evidencia que "todos los españoles no son iguales ante la Ley", y ha asegurado que el recurso "está fuera de lugar". "Pero es una decisión que compete al Gobierno porque nombra al fiscal general del Estado y la fiscalía funciona jerárquicamente como todo el mundo sabe".

El secretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, acusó a la fiscalía a través de un comunicado de actuar a las órdenes del Gobierno y le pidió que investigue la actuación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el caso de Caja Castilla-La Mancha.

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