Diversidad funcional o la autogestión individual de nuestras vidas.

15 noviembre 2009

El gato escaldado…

Filed under: General — teuladi @ 22:07

Una mujer demanda a la Generalitat de Cataluña por no valorar su estado en el plazo fijado

   BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) –

   Una catalana presentó hoy una demanda contenciosa administrativa en Barcelona para reclamar que se le reconozca el grado 3.2 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por inactividad ya que transcurridos los tres meses que marca la ley no se le ha valorado y entiende que el silencio administrativo le da la razón.

   En declaraciones a los medios antes de presentar la demanda, la afectada, Josefina Saludes, relató que presentó su solicitud para acogerse a la ley en diciembre de 2008 ante la fibromialgía y síndrome de fatiga crónica que padece desde hace 20 años. Tras tres meses sin recibir respuesta se dirigieron mediante carta certificada a la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, sin recibir contestación, según relató.

   Por esta razón y, según afirmó Saludes, al no existir un reglamento administrativo de aplicación de la norma, el silencio administrativo le da la razón. En otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, si que se ha regulado este aspecto y se ha determinado que el silencio administrativo no va a favor del solicitante.

   Saludes añadió que cuando la Generalitat supo que iba a presentar la demanda la avisaron en tres ocasiones para valorarla, pero ella afirmó que no necesita pasar este trámite porque al no responder la administración le da la razón.  “Yo no necesito ser valorada”, espetó la afectada, que aseguró que de si le dan la razón será la primera gran dependiente reconocida sin pasar el trámite de la valoración.

   El abogado del Colectivo Papas de Alex, Manel Terradas, al que pertenece Saludes, explicó que el silencio “es positivo” y que el objetivo de la demanda “por inactividad de la administración” es que se le reconozca su derecho al grado de dependencia 3.2 y pase a cobrar la prestación que le corresponde.

   Por esto anunció que en unos meses también presentarán una demanda ante los juzgados sociales para reclamar el Programa Individual de Atención (PIA) para cobrar las ayudas que marca la norma. Justificó que Saludes no acudiese a las valoraciones porque para ellos es “firme” la resolución que les da el silencio administrativo. “Siempre van tarde”, lamentó.

   El presidente del Colectivo Papás de Alex, Antonio Moreno, declaró que el objetivo de la demanda es “demostrar la ineficacia” de la aplicación de la ley y animar a su vez a la gente a acudir a los tribunales cuando se incumplan los plazos y las condiciones que marca la norma. “Que hagan valer sus derechos”, animó.

   A principios de abril, la Conselleria aseguró en un comunicado que “en ningún caso un ciudadano puede adquirir el reconocimiento de grado de gran dependiente por silencio administrativo” y señaló que la valoración de dicho grado corresponde “con carácter exclusivo” a la administración pública.

ENFERMOS DE FIBROMIALGIA “INVISIBLES”

   Saludes lamentó que los afectados por fibromialgía y fatiga crónica es “como si no existieran” y criticó que existe un “vacío” para atenderlos. “Parece que queramos defraudar al sistema”, declaró.

   La demandante relató que la calidad de vida de las personas como ella “es muy pobre” ya que hay días en que no se pueden mover ni valerse por ellos mismos para actividades tan cotidianas como ducharse. La mujer aseveró que está en su derecho de reclamar que se le reconozca el grado y aseguró que hay mucha gente en la misma situación que ella.

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El gato escaldado…

Filed under: General — teuladi @ 22:06

Dependencia

Una mujer demanda a la Generalitat de Cataluña por no valorar su estado en el plazo fijado

   BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) –

   Una catalana presentó hoy una demanda contenciosa administrativa en Barcelona para reclamar que se le reconozca el grado 3.2 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por inactividad ya que transcurridos los tres meses que marca la ley no se le ha valorado y entiende que el silencio administrativo le da la razón.

   En declaraciones a los medios antes de presentar la demanda, la afectada, Josefina Saludes, relató que presentó su solicitud para acogerse a la ley en diciembre de 2008 ante la fibromialgía y síndrome de fatiga crónica que padece desde hace 20 años. Tras tres meses sin recibir respuesta se dirigieron mediante carta certificada a la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, sin recibir contestación, según relató.

   Por esta razón y, según afirmó Saludes, al no existir un reglamento administrativo de aplicación de la norma, el silencio administrativo le da la razón. En otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, si que se ha regulado este aspecto y se ha determinado que el silencio administrativo no va a favor del solicitante.

   Saludes añadió que cuando la Generalitat supo que iba a presentar la demanda la avisaron en tres ocasiones para valorarla, pero ella afirmó que no necesita pasar este trámite porque al no responder la administración le da la razón.  “Yo no necesito ser valorada”, espetó la afectada, que aseguró que de si le dan la razón será la primera gran dependiente reconocida sin pasar el trámite de la valoración.

   El abogado del Colectivo Papas de Alex, Manel Terradas, al que pertenece Saludes, explicó que el silencio “es positivo” y que el objetivo de la demanda “por inactividad de la administración” es que se le reconozca su derecho al grado de dependencia 3.2 y pase a cobrar la prestación que le corresponde.

   Por esto anunció que en unos meses también presentarán una demanda ante los juzgados sociales para reclamar el Programa Individual de Atención (PIA) para cobrar las ayudas que marca la norma. Justificó que Saludes no acudiese a las valoraciones porque para ellos es “firme” la resolución que les da el silencio administrativo. “Siempre van tarde”, lamentó.

   El presidente del Colectivo Papás de Alex, Antonio Moreno, declaró que el objetivo de la demanda es “demostrar la ineficacia” de la aplicación de la ley y animar a su vez a la gente a acudir a los tribunales cuando se incumplan los plazos y las condiciones que marca la norma. “Que hagan valer sus derechos”, animó.

   A principios de abril, la Conselleria aseguró en un comunicado que “en ningún caso un ciudadano puede adquirir el reconocimiento de grado de gran dependiente por silencio administrativo” y señaló que la valoración de dicho grado corresponde “con carácter exclusivo” a la administración pública.

ENFERMOS DE FIBROMIALGIA “INVISIBLES”

   Saludes lamentó que los afectados por fibromialgía y fatiga crónica es “como si no existieran” y criticó que existe un “vacío” para atenderlos. “Parece que queramos defraudar al sistema”, declaró.

   La demandante relató que la calidad de vida de las personas como ella “es muy pobre” ya que hay días en que no se pueden mover ni valerse por ellos mismos para actividades tan cotidianas como ducharse. La mujer aseveró que está en su derecho de reclamar que se le reconozca el grado y aseguró que hay mucha gente en la misma situación que ella.

Una lacra compartida en el cambio de un paradigma

Filed under: Artículos de opinión — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 21:21

Insurgente

Por Mª Ángeles Sierra

“Es propio de hombres de cabeza mediana,

embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.”

(Antonio Machado)

Deberíamos cambiar muchas formas de pensar y de actuar si no queremos ser tildados de hombres y mujeres de “cabeza mediana”.

A veces me pregunto, si verdaderamente la mayoría de las personas con diversidad funcional y nuestro entorno, creemos en nuestra igualdad con respecto al resto de la sociedad. La triste y desafortunada respuesta que siempre me doy es que mayoritariamente y en lo más profundo de nosotros, por mucho que digamos que sí, nuestros actos demuestran que no.  De ahí posiblemente que seamos el colectivo más aislado y discriminado de la sociedad por mucho que queramos reinventar ésta como una sociedad participativa y globalizada donde todos tienen  cabida.

No es suficiente con decir que todos somos iguales y que disponiendo de los medios que se nos omiten en la mayoría de ocasiones como la accesibilidad, la educación, el empleo, la formación, la asistencia personal, las ayudas técnicas, las pensiones dignas, necesarias para vivir una vida en igualdad de oportunidades, dejaremos de ser  discriminados por la mayoría social. Hemos de ir un poco más lejos y tal vez profundizar en nuestros errores que posiblemente no son pocos.

Evidentemente sin esa dotación de medios que es visible,  objetiva y cuantificable en cada uno de los casos de personas con diversidad funcional, sea ésta del tipo que sea, no iremos a ninguna parte y podremos aseverar que se nos está discriminando por falta de igualdad de oportunidades para poder con ello ponernos en el mismo nivel de participación del resto de ciudadanos de nuestro entorno que no precisan de esas dotaciones.

Pero ¿qué es lo que hace que una gran mayoría de nosotros y nuestro entorno no se rebele contra esta discriminatoria realidad y por ello guarde silencio,  e incluso les lleve al punto de mostrar hasta agradecimiento por la percepción de unas migajas hacia la igualdad, que nunca la hacen posible?

El concepto, la creencia, la falta de toma de conciencia como individuo y como colectivo extensivo a toda la sociedad, de ser portador y generador de ese derecho de igualdad.

Si no arrancamos la raíz de ese concepto medicalizado de que somos sujetos enfermos y  débiles a los que proteger,  ensombrecer o ensalzar  y por los que en la mayoría de ocasiones decidir, siempre expuestos a juicios y determinaciones sociales, ajenos a la voluntad, el deseo y la libertad  del individuo, difícilmente alcanzaremos a transformar el modelo médico rehabilitador que sigue instaurado en nuestra sociedad por el modelo social de la defensa de la diversidad humana y su respeto a la vida independiente, que nuestras leyes internacionales y nacionales, nos garantizan pero no nos proporcionan.

Pero para que lleguemos a esto, nosotros en primera instancia hemos de llegar de una forma clara,  contundente e incluso dolorosa y traumática en ocasiones,  a nosotros mismos.

Nadie conoce como nosotros mismos en qué consiste la experiencia social de vivir en la diversidad y existen tantas experiencias como personas con diversidad funcional.

El núcleo más cercano consecuencia de los problema y soluciones de que disponemos las personas con diversidad funcional, es posiblemente la familia y la concepción que ésta tiene de las diferentes diversidades funcionales y lo que en primera instancia transmite.

Es necesario, para ello que conozcamos la historia y los estigmas que las diferentes diversidades funcionales a grosso modo y a lo largo del tiempo han ido calando en nuestras sociedades y para ello no se precisan más que cuatro pinceladas básicas a ser reflexionadas muy profundamente por nosotros mismos.

Para ello hemos de distinguir los diferentes tipos de discapacidades existentes. Físicas, psíquicas, mentales y  sensoriales. Pero dicho así, que es como actualmente solemos denominarlo es como que  no hemos dicho nada, porque el alcance de todas estas generalidades en nuestra propia experiencia personal, puede ser tan variopinto como para formar diferentes formas de ver tales diversidades, en base a nuestras propias experiencias o creencias.

Vayamos más al terreno de lo concreto y  popular. Podemos componer estos grupos,  como antes se decía en sentido peyorativo, -y aun se emplea en círculos de confianza con diferentes connotaciones-,  ciegos, sordos, cojos, mancos, locos, retrasados, autistas, paralíticos, inválidos, diabéticos, cancerosos, larengitomizados, enajenados mentales, enfermos de… , anoréxicos, bulímicos, longevos o accidentados, lo que viene a significar que todo el conjunto social, excepto el de la inexistente perfección en lo que es diversidad funcional o discapacidad, está representado.

¿Por qué entonces, nuestra sociedad, nuestros estamentos políticos y administrativos, nuestros representantes sociales y nosotros mismos nos discriminamos? Tal vez no hemos aprendido a mirarnos en el mismo espejo en que proyectamos a quienes consideramos despojados por la sencilla razón de que su experiencia y la nuestra suponen  una misma crueldad social,  con una marcada diferencia personal, cuya asimilación, nos parece inalcanzable.  Y es así como sin quererlo y la mayoría de ocasiones sin saberlo, en lugar de potenciar nuestra riqueza, damos vida a  nuestras injustas y crueles debilidades.

Para cambiar un paradigma, no basta con tener una idea, hay que sentirla y demostrarla, frente a aquellos que siendo como yo, son tan diferentes a mí, como yo soy diferente a ellos una vez traspasada y respetada  la línea de la igualdad.

Esa y no otra sigue siendo nuestra lacra. Una lacra que va de lo personal a lo  colectivo y  que en definitiva es una lacra social, política, institucional y representativa.

Mi duda sigue siendo si seremos capaces y por ese mismo orden de percibirlo, asimilarlo y corregirlo algún día, siendo conscientes de que no se precisa de mucho más como punto de arranque,  que de un mero esfuerzo de asertividad y de empatía.

Coja por la poca gracia de Franco y olvidada por la menos gracia de la democracia, que no se silencia.

Filed under: Información — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 13:06

 

En la fotografía La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, saluda a miembros de la Asociación de Afectados de Polio y  Síndrome Postpolio antes de participar en un acto público de la campaña ¿Nuevas Energías? en Segovia. – EFE

Carmen,  quien aparece en la fotografía junto al presidente de la Asociación,  saludando a Trinidad Jiménez,  recordó a la ministra lo siguiente: “Ministra somos los cojos de Franco y los olvidados de la democracia” (Información enviada por Mercé)

¿Responderán de verdad los herederos de nuestra sufrida negligencia? Algunos seguimos con nuestras dudas a cuestas.

Filed under: Información — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 12:35
FEAPET, SE REUNE CON ANA PASTOR

Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos “FEAPET”

Plaza Domingo Bohórquez, nº 12 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) móvil: 669 562 491

E-mail: feapet@feapet.org http://www.feapet.org/

Comunicado de “FEAPET”

Representantes de la Federación FEAPET, se reunieron el día 12 de Noviembre en la sede del PP. con la segunda vicepresidenta del congreso la Sra. Ana Pastor.
El motivo de la entrevista fue para exponerle la actual situación por la que atraviesan los afectados por el Síndrome Postpolio, durante la cual, se le efectuó la entrega de un dosier donde se recogen nuestras demandas y se reflejan todas las acciones efectuadas por los diferentes grupos políticos en el Congreso de Diputados durante estos últimos nueve años, entre ellas, las dos Proposiciones no de Ley aprobadas por todos los grupos parlamentarios para dar asistencia medica y social a los afectados.
Ana Pastor, fue la impulsora del conocido Informe Técnico efectuado por la (AETS) del Instituto Carlos III. El dialogo con la Sra. Ana Pastor, se convierte en un verdadero placer, es una persona amable atenta y gran conocedora del SPP, su condición de Licenciada en Medicina y cirugía y su cargo de Ministra de Sanidad y Consumo durante el periodo del 2002 al 2004 son probados argumentos de sus conocimientos.

   En la reunión, se remarco la importancia de adoptar medidas urgentes debido a la avanzada edad de las personas afectadas, las nulas iniciativas efectuadas por los    Gobiernos durante estos últimos años para planificar e iniciar   soluciones, ha conllevado la situación al límite  .             

El PP, es la segunda fuerza parlamentaria en el Congreso con más de cincuenta Diputados en comisiones de sanidad. Los afectados no pretendemos convertir nuestras demandas en un acto político, nosotros estamos abiertos al dialogo, precisamos del apoyo de todos los grupos parlamentarios para que se instauren de una manera inmediata mecanismos organizativos que respondan a las necesidades de los pacientes. Entre las necesidades mas relevantes se destacaron las siguientes acciones como primordiales:

· La elaboración de un registro de afectados de poliomielitis
· El establecimiento de Centros de Referencia en todo el Estado.
· La difusión en los centros sanitarios del estudio efectuado por la (AETS). (En este caso adquirió el compromiso que este, será expuesto de manera inmediata en la pagina Web del Ministerio de Sanidad)
· Que se inste a la comisión de salud para que se apliquen las Proposiciones
· Que el Síndrome Postpolio sea difundido en los centros de salud.
· Que no se obstaculicen las solicitudes por prestaciones de incapacidad.
· Que los aparatos ortopédicos y las ayudas técnicas sean acordes a las necesidades de los afectados.
Desde la Federación FEAPET, agradecemos su buena predisposición y el compromiso de colaboración con las demandas presentadas por esta.
Una buena prueba de su predisposicion para con nosotros fueron dos artículo publicados al día siguiente de nuestra entrevista , difundidos por ella misma, el cual, adjunto como información y testimonio del mismo.

Fuente: Polio, síndrome postpolio y otros efectos tardíos de la polio.

Hijos y herederos de la marginalidad y la desvergüenza.

Filed under: Memoria Histórica — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 12:19

Las repercusiones de la poliomielitis

 

Más de un millar de navarros sufre polio, una

enfermedad que el franquismo ocultó en los 50

El retraso en la dispensación masiva y gratuita permitió el contagio de la infección

Los enfermos reclaman al Gobierno foral y central más apoyos para afrontar las secuelas, que se agravan con los años

M. González – Domingo, 15 de Noviembre de 2009 –

Un niño navarro afectado por la polio, a principios de los años 60

Un niño navarro afectado por la polio, a principios de los años 60 (D.N.)

Pamplona. La polio fue una enfermedad que atemorizó a la población occidental, no tanto por su mortalidad como por sus secuelas, la parálisis de las extremidades. Las peores epidemias vividas en Navarra y el resto del Estado apenas generaron literatura médica sobre la patología y de ellas quedan pocos datos fiables en los registros oficiales. Ocurridas durante la dictadura de Franco, la imagen de la polio en la Comunidad Foral no pudo ser otra que la permitida desde el poder: si se habló de ella fue para enaltecer el sufrimiento, el esfuerzo y la obediencia, valores acordes con el régimen político y su confesionalidad católica, según los últimos trabajos sobre el azote de este terrible virus, que afectó desde los años 50 a un millar de navarros, con una media de entre 60 a 75 casos al año. El número oficial de enfermos en el Estado es de 35.000, aunque los expertos sospechan que las cifras son más elevadas.

La negligencia que cometió la dictadura al afrontar la epidemia de poliomielitis durante los años 50 y 60 generó centenares de afectados en Navarra. Una tardía y deficiente gestión del tratamiento determinó que las tasas de incidencia de esta enfermedad se dispararan en todo el Estado (2.132 casos de las formas paralíticas en 1959), mientras que en otros países de nuestro entorno el control sanitario fue más efectivo. Las disputas entre distintas familias del régimen por gestionar la sanidad estatal perjudicaron a las víctimas que no siempre tuvieron acceso gratuito a las vacunaciones.

Muchas de las cojeras que hoy padecen centenares de navarros en torno a los 50 años de edad se deben a este brote de poliomielitis mal tratado por el régimen que, además, con su control sobre los medios de comunicación ocultó la importancia de la epidemia, lo que determinó que su incidencia se prolongara en el tiempo más que en otros países, sobre todo entre las clases sociales más desfavorecidas y menos informadas, según critican los afectados.

"Mucha gente no quiere que se sepa por qué algunos nos contagiamos mientras a otros niños afines al régimen sí que se les protegió", denuncia la presidenta de la Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Postpolio, Lola Corrales, en referencia a las campañas de vacunación que la Dirección General de Sanidad (DGS) llevó a cabo entre 1955 y 1958. En tres años se vacunaron sin publicidad alguna a 200.000 niños. En la carrera hacia la vacuna tomaron ventaja dos científicos que mantuvieron una dura competencia por imponer sus respectivas vacunas, Jonas Salk (1955), inactivada e inyectable, y Albert Sabin (1958), atenuada y oral. Mientras los países occidentales adoptaban una u otra de inmediato, la respuesta española fue tibia, sin una decidida acción gubernamental que implantara un programa de inmunización masivo.

El médico de la Universidad de Salamanca, Juan Antonio Rodríguez, revela en el libro Responsabilidades no asumidas: la poliomielitis en España (1954-1967), que se publicará en diciembre, que detrás de la mala praxis del Gobierno hubo "luchas de poder internas". La implantación de la vacuna enfrentó al poderoso Seguro Obligatorio de Empleados (SEO), dominado por Falange, y la Dirección General de Sanidad (DGS), dependiente del Ministerio del Interior y gestionada por sectores militares católicos. El SEO apostó por la vacuna de Salk y la DGS por la de Sabin. "Ambos sectores deseaban el control de la Sanidad y el régimen no quería afrontar el gasto de una vacunación que no era obligatoria, pero que debió ser prioritaria", resume Rodríguez.

Los despropósitos del poder llevaron a una estrategia de ocultación. Según los afectados, cuantos más casos se fueron produciendo, menos noticias aparecían en prensa. La dictadura no afrontó la enfermedad hasta 1963 cuando la batalla interna fue ganada por el sector militar católico que asumió a través de la DGS el monopolio de la vacunación con la fórmula de Sabin, defendida por un equipo de jóvenes científicos posteriormente ligados a UCD y PSOE.

27 pesetas El brusco descenso inicial de la morbilidad a partir de 1963 evidenció el quinquenio perdido. Hasta entonces se había dispensado la vacuna de Salk a niños "pobres de solemnidad y ricos pudientes", señalan expertos como Rodríguez o José Tuells. Un sector de la población debía pagar 9 pesetas por las tres dosis y los más pudientes 27 pesetas. "Eran cantidades inasumibles. El régimen hizo un estudio manipulado que decía que el coste de la vacunación era de 600.000 pesetas por niño", explica Rodríguez. "No querían afrontar el problema mientras gastaban el dinero en construir el Valle de los Caídos o centrales nucleares", sostiene Corrales.

En Navarra la vacuna de Salk, que no se encontraba en las farmacias, se distribuyó de forma limitada a niños que acudían a dispensarios públicos como los ubicados en la calle Leyre, Jarauta o el barrio de la Chantrea, sin embargo, la vacunación gratuita y general con la fórmula de Sabin, en 1963, se realizó en los colegios y a través de los médicos rurales. El último caso de polio en la Comunidad Foral se registró en 1980, y en el Estado, en 1989. La propaganda franquista (carteles, el NO-DO, documentales, cuñas radiofónicas, folletos) lega una imagen significativa de la época: la del dolor y el silencio. Documentales y actos públicos señalaban una ficticia superación de las secuelas. Los afectados por la polio se invisibilizaron socialmente, hasta que la aparición del síndrome postopolio, un empeoramiento de la enfermedad para el que piden más atención, vuelve a llamar a la reflexión sobre lo sucedido.

El síndrome postpolio, una batalla abierta

Los pacientes de polio alcanzaban tras la fase aguda una recuperación neurológica y funcional y se creía que permanecían estables indefinidamente, sin embargo, desde 1983 se vienen describiendo un conjunto de síntomas: debilidad, fatiga, nuevos dolores, intolerancia al frío, que constituyen el síndrome postpolio. Estas secuelas se presentan 15 o 40 años después de la aparición de la enfermedad. Un Juzgado de Madrid abrió en 2005 una investigación para determinar si había negligencia por parte del Estado en la atención a los afectados por el síndrome. La querella, finalmente archivada, fue presentada por la asociación de Afectados por Polio y Síndrome Postpolio. "Hace años que se sabe que existe y no se ha hecho nada", afirma la presidenta, Lola Corrales. "No se ha informado a los enfermos, ni a los médicos, ni se ha investigado", critica. Los afectados piden que reconozca la enfermedad y se habiliten medidas sanitarias, pero también laborales y sociosanitarias. "Hay personas que han perdido el trabajo o tienen más dificultades para desarrollarlo por el síndrome. Otras se vienen abajo porque creían tener superada la polio y se encuentran de repente con un empeoramiento que nadie sabe explicarte", apunta.

Las claves

Jesús García Orcoyen, un navarro al frente de la disputada Dirección general de Sanidad. En los años en los que la epidemia de poliomielitis era más devastadora en la Comunidad Foral y el resto del Estado, un navarro ocupaba el cargo de director general de Sanidad, el ginecólogo Jesús García Orcoyen, nacido en Esténoz. Este médico, catedrático en la Universidad de Madrid, ocupó el cargo entre 1957, cuando se produjo la primera vacunación no pública contra la enfermedad (55-58) y 1973, año en ya se había implantado la vacunación masiva y gratuita en todo el Estado. En este periodo, las familias del régimen franquista se disputaban el control de la Sanidad.

· La condesa azul, una benefactora Camarera de Santa Ana y candidata de Fuerza Nueva. Los movimientos sociales en torno a la polio estuvieron condicionados por la política de la dictadura hacia el asociacionismo. Con anterioridad a la Ley de Asociaciones de 1964, sólo la afinidad al régimen y a la Iglesia permitieron la constitución de asociaciones, cuya labor se interpretaba como beneficencia hacia los discapacitados. En 1963 se fundó la Asociación Española de lucha contra la Poliomielitis (ALPE), presidida por Isabel de Cubas y Gerdtzen, condesa de Morata de Jalón, muy unida a Tudela, donde tenía casa y era Camarera Mayor de Santa Ana. Además, se presentó como cabeza de lista de Fuerza Nueva en Navarra en 1978. Sin embargo fue el movimiento FRATER el más extenso en esta época.

Prolifera el fraude de Ley.

Filed under: Ley de Dependencia — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 11:48
SEGOVIA

La Ley de Dependencia pincha con el papeleo

UGT y PSOE lamentan los excesivos retrasos en la concesión de las ayudas, que a veces se demoran hasta dos años

Sólo el 20% de los demandantes de ayudas han recibido la prestación pedida

Va a ser cierto eso que dicen de que las cosas de palacio van despacio. El ‘vuelva usted mañana’ que tanto ha estigmatizado a la función pública se alarga, en algunos asuntos, más de la cuenta y de lo deseado por los usuarios. Los procesos burocráticos y el maremágnum de papeles a reunir y presentar para obtener el sello autorizador se hacen eternos, tanto que incluso hay personas que se mueren en el intento. No es una exageración, es un desgraciado hecho comprobado y denunciado por la Federación de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores (UGT) con respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, y más concretamente en lo que se refiere a la concesión de servicios o subvenciones a los demandantes de alguna de las líneas de ayuda incluidas en el sistema que se puso en marcha hace prácticamente tres años.

Ya se quejaba hace unos meses el delegado de la Junta en Segovia, Luciano Municio, de que el dinero era escaso y llegaba tarde. Se quejaba amargamente de que las partidas destinadas por el Estado a poner en práctica la teoría de la legislación sobre la atención a la dependencia eran rácanas. La conclusión que sacaba el representante autonómico en la provincia era que, al fin y al cabo, las familias se rascaban más el bolsillo que la Administración central.

Desproporción

Mientras el Ejecutivo central acarreaba a mediados de este ejercicio con el 16% de los costes de los servicios y de las ayudas establecidas, las familias ponían el 21% del importe que conlleva la aplicación de la normativa -algo más de un euro de cada cinco de las cuantías-. El resto de la cobertura económica corre a cargo de la Junta de Castilla y León, precisó en su día Luciano Municio. Un reparto de gastos, al menos en apariencia, desproporcionado.

Pero más allá de la cuestión financiera -que supondría reconvertir la problemática en un dilema similar al del liderazgo de otros proyectos como el palacio de congresos y exposiciones que aguarda la ciudad-, la Ley de Dependencia afecta directamente no sólo a la calidad de vida de los ciudadanos que carecen de la autonomía suficiente para valerse por sí mismas, sino a todas aquellas personas que les rodean y que se encargan de prestar la asistencia precisa. Son los cuidadores familiares, también contemplados en la normativa y que en cerca del 80% de los casos son mujeres.

El responsable de Organización de la federación de UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, concluye que las buenas intenciones de la Ley de Dependencia han pinchado con el exceso burocrático. «Es un trámite demasiado farragoso, se piden demasiados documentos y requisitos», comenta el portavoz sindical. Todo ese tortuoso camino desemboca en formidables retrasos en el acceso a la prestación de turno solicitada, ya sea la ayuda a domicilio de la persona dependiente, la habilitación de una plaza en una residencia o el apoyo a los cuidadores familiares.

Norma estancada

El representante de UGT de Segovia percibe que el desarrollo de la ley de dependencia «se ha estancado». Miguel Ángel Mateo señala que a los servicios de asesoramiento que ofrece el sindicato han llegado casos particulares de retrasos de hasta dos años en la concesión de la ayuda.

Ese punto de vista es compartido por la secretaria provincial socialista de Bienestar Social, Isabel Olalla, quien recientemente ha denunciado que «más del 20% de los segovianos que tienen reconocida su situación de dependencia no acceden aún a ninguna de las prestaciones que recoge la ley». La portavoz del PSOE basa su queja en los propios datos hechos públicos por la Junta, encargada de gestionar las prestaciones y ayudas, líneas que, por su parte, impulsa y cofinancia el Gobierno socialista. Las estimaciones de Isabel Olalla y de Miguel Ángel Mateo coinciden en indicar que cerca de medio millar de segovianos no cuentan con los servicios solicitados, cuando en la provincia residen algo más de 3.000 ciudadanos que deberían beneficiarse de la legislación.

«No sirve decir que falta un documento, por ejemplo, para justificar el retraso que lleva la puesta en marcha de la ley, sino que hay que aprovechar el tiempo, comprometerse y esforzarse para que nuestros dependientes accedan lo antes posible a las ayudas y prestaciones y para dignificar su vida cotidiana», apunta Olalla