Diversidad funcional o la autogestión individual de nuestras vidas.

25 marzo 2010

El que parte y reparte se lleva la mejor parte y no se propulsó manera de hacerlo desde otra parte.

Filed under: Nota de prensa — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 14:42

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Nota de prensa.-

EL CERMI RECLAMA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE EXTIENDAN LA FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las Comunidades Autónoma que extiendan la figura del asistente personal entre las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Como prestación que promueve la autonomía personal, el CERMI considera que la asistencia personal está muy lejos de alcanzar los niveles esperados, por lo que hay que fomentar su reconocimiento a las personas beneficiarias del SAAD.

A 1 de marzo de 2010, sólo había 698 prestaciones de asistente personal reconocidas, el 0,12% del total de prestaciones del Sistema, 540 de las cuales corresponden al País Vasco. Buen mayor parte de las Comunidades Autónomas no han reconocido ninguna prestación de este tipo.  

Los servicios sociales autonómicos que proponen los programas individuales de atención deben disponer de un mayor conocimiento de esta figura y tenerla muy en cuenta a la hora de establecer las prestaciones más adecuadas para la persona.

Asimismo, el CERMI reclama que se creen oficinas de vida independiente por parte de cada Administración autonómica, ligadas con el movimiento asociativo de la discapacidad, para la gestión de estos servicios de asistencia personal y la difusión y el fomento de este estilo de vida.

Para ampliar el reconocimiento de esta figura, la prestación de asistencia personal ha de ser reforzada legalmente, por lo que en el momento de revisión del SAAD el CERMI plantea que esta figura pueda aplicarse a todas las personas en situación dependencia, al margen de su grado y nivel, y para todo tipo de actividades de la persona.

25 de marzo de 2010.

CERMI

 

No sería de extrañar un próximo decretazo. "Se trata de dos casos concretos", informaron desde la consejería que dirige Angélica Such.

Filed under: Ley de Dependencia — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 12:38

Dos sentencias obligan a pagar la ayuda de la Dependencia desde la solicitud

J. P. – Valencia – 24/03/2010

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han dado la razón a dos personas dependientes y les han reconocido el derecho a percibir la prestación que establece la ley de Dependencia desde el momento de la solicitud y no desde la fecha en que la Administración resolvió su petición. La Comunidad Valenciana es la única autonomía que no paga la ayuda económica con retroactividad desde la solicitud.

En un caso, la Generalitat pagará retroactivamente 15 meses

En un caso, se trata de una mujer de 38 años, con parálisis cerebral por un problema que tuvo en el nacimiento, a la que se reconoció el máximo nivel de dependencia. Sus familiares solicitaron las ayudas el 12 de febrero de 2007 y 15 meses después, el 14 de mayo de 2008, se le reconoció su estado y una prestación de 583 euros mensuales. Bienestar Social admite que existe otro caso más con una sentencia muy próxima y en sentido similar a la anterior.

No es demasiado frecuente que las familias o las personas que solicitan este tipo de ayudas recurran para poder percibirlas desde el momento en que presentaron la solicitud. Fuentes de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Valencia explican que, después de meses de espera, cuando los beneficiarios obtienen la resolución que les reconoce su situación de discapacidad y su derecho a percibir ayudas, se suelen dan por satisfechos. "En cuanto empieza a cobrar, la gente no se mete en más líos", comentan. Además, un recurso contencioso administrativo implica acudir a un abogado "y gastarse un dinero que, en ocasiones, no están dispuestos a asumir". Por ello, destaca la dificultad de estimar un número de personas que hayan seguido el camino de las dos personas que han obtenido el reconocimiento en los tribunales. El espaldarazo judicial que supone el reconocimiento de la retroactividad de las ayudas podría suponer un vuelco en esta situación y multiplicar las peticiones.

Bienestar Social informó ayer de que cumplirá estas sentencias, que no son recurribles, aunque indicó que no son situaciones que se puedan generalizar. "Se trata de dos casos concretos", informaron desde la consejería que dirige Angélica Such.

Las mismas fuentes destacan que la Generalitat reconoce la retroactividad cuando se puede demostrar que las personas ya percibían servicios desde la solicitud, como es el caso de las personas ingresadas en residencias. "Nuestro papel es el de hacer de filtro y evitar el enriquecimiento injusto", apuntan desde Bienestar Social. "La retroactividad no es para todos, sino para quienes demuestren que ya eran receptores de ayudas y evitar que haya gente que cobre por ayudas que no percibieron".

Las mismas fuentes añaden que una de las sentencias exige para poder cobrar las ayudas desde el principio que se aporte el alta de la Seguridad Social del cuidador familiar durante el periodo anterior al reconocimiento de la dependencia de forma que se demuestre que ya recibía asistencia.

Primero nos pusieron la zanahoría y a ahora toca darnos con el palo.

Filed under: Ley de Dependencia — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 12:10

Asturias promueve un debate nacional para no ampliar la ley de dependencia

IU abre otro frente con el PSOE al rechazar un parón en la aplicación de la ley y asegura que ésta sólo la puede modificar el Congreso

25.03.10 – 03:24 – J. A. GARCÍA / A. SUÁREZ | OVIEDO.

El Principado alentará un debate entre el Gobierno central y las comunidades al objeto de plantear una amplia reforma fiscal y modificaciones en el desarrollo de la ley de la dependencia. Las dificultades económicas por las que atraviesan las autonomías y la necesidad de recortar el déficit público obliga a los mandatarios regionales a replantearse el esquema de las prestaciones básicas. El propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, cogió la sartén por el mango el pasado martes. Además de pedir una amplia revisión tributaria, admitió la posibilidad de utilizar los resortes de la ley de dependencia para ralentizar su aplicación. Una interpretación de la normativa que no comparten sus socios de Gobierno. Izquierda Unida ha puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que se produzca un «parón» en el desarrollo de la ley, y más después de que la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, haya suscrito las palabras del presidente sobre una posibilidad que, según ella, recoge la citada norma. La coalición advierte de que no habrá ninguna paralización y asegura que para llegar a ese extremo es necesario una modificación que debe ser aprobada antes por el Congreso de los Diputados, «ya que las comunidades no tienen potestad para plantearlo».

«Hablamos efectivamente de abrir un paréntesis que la propia ley establece», rebatió Migoya antes de esgrimir el contenido de la misma. En el texto se incluye, recuerda, que transcurridos los tres primeros años de aplicación se hará una evaluación de los resultados, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema que, en su caso, se estimen oportunos. «Vemos que la propia norma incluye ese periodo de reflexión al que se refería el presidente», señaló Migoya, que eludió pronunciarse ante la posibilidad de que esa «reflexión» pueda afectar a los futuros beneficiarios. «Esa decisión no corresponde adoptarla a una comunidad de forma unilateral sino que debe surgir de una discusión entre las autonomías y el Estado», añadió la portavoz del Gobierno.

La lectura que Migoya hizo de la ley no dejó muy contentos a la otra parte del Ejecutivo. IU, en una nota pública, rechaza las manifestaciones de la portavoz, dice, sobre «la posibilidad de aplicar un parón a la ley de dependencia». El coordinador general, Jesús Iglesias, alerta de que los presupuestos regionales ya están «suficientemente ajustados» y su organización no va a admitir a ningún recorte más.

Acusa además a Migoya de no ser consecuente con el acuerdo alcanzado entre IU y FSA, donde le recuerda, se pactaron, políticas públicas dirigidas a reforzar la protección social frente a la crisis. Pocos después, la Consejería de Bienestar Social, gestionada por la coalición, emitió otra nota de forma paralela donde insistía en que no habrá ninguna «paralización» de la ley. «No caben retrocesos en su desarrollo y en su aplicación», advirtió la titular del departamento, Noemí Martín.

La Consejera avisa, igualmente, que la ley no incluye la posibilidad de abrir ningún «parón» como esgrime Migoya, y sí un periodo de evaluación para mejorar la prestación pero, en ningún caso, para replantearse un cambio que pueda afectar a su ejecución.

En el tercer año de implantación de la ley en Asturias hay 6.659 dependientes que aún no han sido valorados y 4.443 que ya tienen el dictamen, pero que todavía carecen del servicio. En la actualidad, hay 15.681 personas atendidas con derecho a algún tipo de prestación. En el horizonte de 2011, se incorporarán a la lista otros 2.563 asturianos, cuyo grado de dependencia es menor.

En opinión de IU, la cobertura a éstos últimos no está en peligro y se ofrecerá dentro del plazo, mientras que Migoya no disipó las dudas de que la Administración regional pueda asumir el coste de esta ampliación del servicio. La portavoz supeditó cualquier decisión al debate que el Principado plantea debe celebrarse con el resto de las comunidades y el Estado.

Reparto desigual

Lo cierto es que IU y PSOE están de acuerdo en el fondo, pero difieren en las formas. Las dos formaciones son conscientes de que el Gobierno central no está cumpliendo sus compromisos inversores para desarrollar la ley. De hecho, la aportación del Estado no llega al 30%, tal y como recordó ayer el propio Jesús Iglesias, cuando le corresponde asumir la mitad del coste. Un incumplimiento que agrava aún más las dificultades económicas de las comunidades para cuadrar sus números. Sin embargo, la forma de plantear la discusión por parte de Álvarez Areces -que recordemos, habló de utilizar el parón que permite la norma- es lo que no ha gustado a IU, que teme un «tijeretazo» en las partidas destinadas a la ejecución de la normativa.

Más arado tiene el terreno el Gobierno para llevar a la negociación multilateral el debate sobre una reforma tributaria. El presidente del Principado reconoció el pasado martes que la subida del IVA no es suficiente para paliar la caída de los ingresos pero, sobre todo, para mantener los servicios básicos. La relevancia de las decisiones que se adopten obliga, según el Principado, a plantear un debate donde también participen comunidades y el Estado.

Las autonomías asumen la necesidad de apretarse el cinturón y aplicar planes de austeridad en sus respectivas administraciones para contribuir a la reducción del déficit público. Sin embargo, confían en recibir una contraprestación en forma de revisión tributaria que suponga a su vez una mayor percepción de ingresos para sus arcas.

Precisamente, el plan de ajuste que tendrá que poner en marcha el Principado -después de ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero el 10 de junio- inquieta a Comisiones Obreras. El secretario general de esta central, Antonio Pino, advirtió de que el citado plan «va a traer más problemas que soluciones». Justifica sus palabras en que la economía privada, según afirmó, «no tira y se recortan gastos que son necesarios para activar la economía y el empleo».

Unos ajustes que también afectarán a la Consejería de Salud. De momento, su titular, Ramón Quirós, lamentó la excesiva «medicalización» entre los asturianos. Recordó que sólo en el Principado se ha incrementado el número de recetas un 40%, mientras que la población se ha mantenido estable.