Diversidad funcional o la autogestión individual de nuestras vidas.

11 septiembre 2010

Vemos difícil que Zapatero se ponga de acuerdo antes del 29 de sepbre.

Filed under: General — Mª Ángeles Sierra Hoyos @ 7:47

 

 

periodicong

 

10 Septiembre 2010

 

El próximo 29 de septiembre se celebrará la huelga general que han convocado los sindicatos en rechazo a las medidas de la reforma laboral. En una entrevista a N&G, Pilar Navarro, secretaria del Sector Sociosanitario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, asegura que el texto deja al trabajador “indefenso ante el empresario” y acusa a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, “de haber dejado fuera” las propuestas que presentó su organización en la mesa de diálogo.

Maribel Bermúdez

Pilar Navarro asegura que UGT ha realizado todos los esfuerzos posibles para que se produzca un entendimiento con el Gobierno y evitar, así, la huelga general.

Pilar Navarro asegura que UGT ha realizado todos los esfuerzos posibles para que se produzca un entendimiento con el Gobierno y evitar, así, la huelga general.

¿Qué aspectos de la reforma laboral considera que perjudicarán en mayor medida a los trabajadores?

Nuestro sindicato siempre ha defendido la necesidad de que se incremente el número de contratos indefinidos y, sin embargo, observamos que este Real-Decreto no responde a esas exigencias. Al contrario, creemos que introduce algunos aspectos que hacen del empleo fijo igual de vulnerable que el temporal. Además, se ha elaborado un texto que no define con exactitud los elementos del contrato por obra y servicio, por ejemplo. Por otro lado, pensamos que con esta reforma, el empresario es quien tiene la última palabra para efectuar el despido del asalariado. Es decir que, en nuestra opinión, se ha obviado el tema de la jurisdicción y la posibilidad de acudir a los tribunales para dictaminar si los despidos son, o no, procedentes.

Según esto, parece que el trabajador perderá capacidad de respuesta si una empresa decide rescindir su contrato…

Efectivamente. Las relaciones entre el empleado y el empresario no se encuentran en igualdad de condiciones. Por ello, nos corresponde a las organizaciones sindicales buscar ese equilibrio con el objetivo de defender al conjunto de los trabajadores y garantizar sus condiciones laborales.

El próximo 29 de septiembre se celebrará la huelga general. ¿Hay tiempo aún para negociar con el Gobierno?

Vemos difícil que se produzca un acercamiento con el Ejecutivo de Zapatero antes de la huelga. En UGT hemos realizado todos los esfuerzos posibles para el entendimiento mediante el diálogo social, la regulación colectiva y a través de propuestas, en las que hemos argumentado que las medidas que plantea el Gobierno resultan complicadas para nuestro país. Además, la reforma ha dejado fuera muchas de nuestras peticiones, por lo que consideramos que la ruptura en el proceso de negociación ya es un hecho. Ahora, todos nuestros esfuerzos se centran en garantizar el éxito de la huelga.

Al mismo tiempo, Zapatero trabaja para reducir el déficit público y algunas de sus medidas afectan de lleno al sector sociosanitario…

Considero que los esfuerzos por reducir el déficit público deben afectar lo menos posible a los pilares básicos del Estado de Bienestar. Por ello, UGT seguirá de cerca el proceso que implica al ámbito socioasistencial ya que, en la actualidad, se trata de un sector que no cuenta con suficientes recursos como para cumplir con las necesidades de la población. Sin embargo, nos tememos que sufriremos nuevas dificultades como consecuencia de estas reformas.

Precisamente, una de estas medidas hace alusión a la posibilidad de retrasar la edad de jubilación. ¿Qué opina de esta iniciativa?

En estos momentos difíciles para nuestro país, sería un perjuicio para el Sistema de Pensione s alargar la edad de jubilación a los 67 años, así como para aquellos trabajadores que se plantean retirarse de su etapa laboral. A mi juicio, retrasar la jubilación dos años más e incrementar de los 15 a los 25 años el periodo de cómputo de la vida profesional, como también ha planteado el Gobierno, significa que el trabajador puede perder alrededor del 33% de su pensión. Lo lógico es que esta medida se formalice dentro de los parámetros de la lealtad y de la negociación, además de estudiar detenidamente los impactos que puede producir en la sociedad.

”Queremos soluciones alternativas para que la crisis no afecte a la Ley de Dependencia”

La Ley de Dependencia se configura como otro de los ejes claves en el Estado de Bienestar. ¿Cree que las expectativas en cuanto a su implantación se reducirán como consecuencia de la crisis?

En estos momentos, nos encontramos a la espera de recibir los resultados de un estudio que se ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia pero, de entrada, podemos asegurar que existen dificultades importantes en su desarrollo. Por un lado, las condiciones de acceso a los servicios y prestaciones que promueve la norma son diferentes entre unas comunidades y otras. Y, por el otro, los distintos gobiernos regionales han apostado por las prestaciones económicas en lugar de los recursos profesionales. Es cierto que las familias prefieren las ayudas al cuidador no profesional, pero entendemos que se deberían haber promovido de una forma más acentuada el catálogo de servicios que contempla la Ley.

Distintas organizaciones han pedido que se aplace la incorporación al Sistema de los dependientes de grado I…

Estamos en contra de que se produzca ese retraso. La Ley de Dependencia se elaboró con un calendario de actuación que se debe cumplir. Los mayores no pueden prescindir de un servicio que les corresponde por derecho y que necesitan. Queremos que se aplique la norma tal y como se concibió y que se busquen soluciones alternativas para afrontar la crisis.

¿Cuál es su postura en relación a la modificación de los criterios para el reparto de fondos que se acordó en el último Consejo Territorial?

Hemos sido bastante críticos con las nuevas medidas que se fijaron en este encuentro y consideramos que, aunque se hayan aprobado, deben revisarse de nuevo. Por ello, pedimos más participación de las organizaciones sociales en el Consejo Territorial, lo que nos permitirá trabajar este tema con el Gobierno y con las CC.AA. de forma conjunta y no como una parte aislada.

Según los criterios de acreditación de centros y servicios de la Ley de Dependencia, en 2011 deberán estar cualificados el 35% de los trabajadores. ¿Cree que se cumplirá el plazo?

Hasta la fecha, se han producido pocos movimientos en torno a la acreditación y a la cualificación de los trabajadores. Aunque algunos centros ya han recibido la certificación correspondiente, nos acercamos al 2011 y muchos de ellos no podrán cumplir con el 35% que se exige en la Ley.

¿Se debería hacer una mayor inversión en formación?

Consideramos que los fondos de formación, a través de la Fundación Tripartita, pueden resultar suficientes pero deben invertirse adecuadamente y dirigirse correctamente hacia la profesionalización de los trabajadores.

¿Qué opina de la reducción del IVA al 4% para las prestaciones económicas vinculadas al servicio?

Siempre hemos apoyado que se redujera el IVA, sobre todo, en los servicios para mayores que, a nuestro parecer, podían ser los más demandados. Ya en septiembre de 2009, firmamos un documento junto a la patronal de este sector para solicitar al Gobierno que se produjera dicha bajada.

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