“LECCIÓN DEBIDA”

COMIENZA EL RODAJE DE LA PRIMERA PELÍCULA DE IVÁN RUIZ FLORES TITULADA “LECCIÓN DEBIDA”

AniuR Creativos Audiovisuales y Demovie Film coproducen el primer largometraje del joven cineasta Iván Ruiz Flores, cuyo rodaje comienza el próximo 3 de agosto, titulado Lección debida.

La película está protagonizada por el veterano actor Txema Blasco, al que acompañan en el reparto Montse Ortiz, Marta de Frutos, Roberto Áron, Ramiro Melgar y Mar García.

Con Lección debida, el director que también es el guionista del mismo, pretende envolver al espectador en una atmósfera tensa para que sin ser consciente de ello, adopte un papel activo ante lo que ve, obligándole a elegir. Un thriller sicológico sobre perdedores que ocultan algo, en el que sólo uno de ellos sabe todo lo que los demás esconden. En definitiva, una historia tensa, inquietante y reflexiva.

El film que se rodará durante el mes de agosto en las localidades de Fuenlabrada (Madrid), Mocejón (Toledo) y la ciudad de Madrid, cuenta con la colaboración de empresas, organismos y entidades como la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la productora MásTV, la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales (EIMA), la Escuela de Cine Séptima Ars y el Foro de Vida Independiente, entre otros.

Iván Ruiz Flores dirige este largometraje tras el éxito cosechado con el corto La culpa del otro estrenado en diciembre pasado en Madrid. Un drama en blanco y negro que tiene como protagonista a un niño que vive con su madre minusválida a la que quiere y abraza aunque ella no pueda responder. El pequeño intentará vivir la feliz normalidad de otros a través de un agujero en la pared, pero lo que encontrará será una cruda y dura realidad. Una película que pone en tela de juicio la moral del ser humano de una forma impactante y sobresaliente.

El cortometraje ha obtenido en menos de un año once premios nacionales e internacionales (Italia, Chile, Colombia, Estados Unidos…), tres menciones especiales y ha sido finalista en más de diez certámenes dentro y fuera de nuestras fronteras. Algunos de estos premios han sido el Gold Remi Award en la 42 edición del WorldFest en Houston, el Premio Universidad de Cantabria y Ciudad de Santander en el IV Certamen de Cortometrajes Universidad de Cantabria o el Premio Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Arte Joven 2008 de la Comunidad de Madrid.

La política sanitaria de Aguirre mata.

“Terrorífico error, no: terrorífica política sanitaria”; “la política sanitaria de Aguirre, mata”
La privatización de la sanidad atenta contra la salud y la vida

 

Comunicado de la  Coordinadora de Trabajadores contra la
privatización, CAS-Madrid y Plataforma Matusalén.

ROGAMOS DIFUSIÓN

LA POLÍTICA SANITARIA DE AGUIRRE MATA

La privatización de la sanidad atenta gravemente contra la salud y la vida

Terrorífico error, no: terrorífica política sanitaria

Comunicado ante la muerte de Dalilah, de 20 años (30/06/2009) y, dos
semanas después (13/07/2009), de su bebé, Rayan

Las organizaciones firmantes queremos expresar nuestra más sentida
condolencia y solidaridad con una familia que ya ha perdido dos de sus
miembros en el Hospital Gregorio Marañón. Un hospital que, junto a otros
de la red sanitaria pública madrileña, ha destacado durante años por la
calidad de la asistencia prestada.

No son hechos casuales ni fortuitos y hay claros responsables: todos esos
puestos de poder que nos gobiernan, nos dirigen y están destruyendo un
sistema sanitario público que tan buenos resultados había venido dando.

La muerte del bebé Rayan el 13 de Julio de 2009 (prematuro de 30 semanas,
ingresado en el Gregorio Marañón, hijo de Dalilah, fallecida dos semanas
antes en el Gregorio Marañón por gripe A –primera víctima mortal por esta
enfermedad en España-) podría parecer un desgraciado acontecimiento, pero
es mucho más que eso. Es la muerte del bebé, la de su madre y las
circunstancias. Ambas muertes, la del bebé de una potencia arrolladora y
una angustia infinita, son ejemplos muy claros de muertes que sólo puede
explicarse por problemas estructurales y organizativos. La situación
previa de salud de las víctimas no permite justificar estas defunciones y
las posibilidades técnicas y conocimientos actuales para sacar adelante
casos de esta naturaleza son indiscutibles. De modo que, este desenlace,
el más extremo dentro de la evolución de un problema de salud, la muerte
de los pacientes, sólo puede explicarse por problemas estructurales y
organizativos, graves problemas para los que hay claros responsables:
todos esos puestos de poder que nos gobiernan, nos dirigen y están
destruyendo un sistema sanitario público que tan buenos resultados había
venido dando. Y lo cierto es que hay pruebas de ello, un montón de
pruebas, abrumadoras y sangrantes.

-        La enfermera que confundió la vía de administración de alimentación,
confusión que produjo el fallecimiento del bebé, no tenía ninguna
experiencia en la UCI de neonatología y, sin la debida supervisión,
acababa de ser ubicada por la jefatura ese mismo día, por primera vez, en
esa unidad. Tenía un contrato temporal (en sus escasos dos años de vida
laboral ha ido encadenando contratos temporales, hoy aquí y mañana allí).
Había otras dos enfermeras en el mismo box (hasta que tuvieron que acudir
para atender una urgencia, dejando sola a la primera): una de ellas con
una experiencia de cinco días en la UCI de neonatos y la otra, una
compañera que tan sólo había realizado dos suplencias en dicho servicio,
una en Navidad y otra en Semana Santa. Una organización de recursos
humanos terrorífica en una unidad altamente especializada.

-        El personal de Enfermería del Servicio de Neonatología, Cuidados Medios
y Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón denunció hace un año a
la dirección del centro los graves problemas y las carencias que tenía la
unidad. Firmado por 67 trabajadoras/es, el escrito entró por registro el
30 de Junio de 2008. Habla por si solo: “Desde la responsabilidad
profesional el personal de Enfermería del Servicio de Neonatología,
Cuidados Medios y Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio
Marañón quiere poner en conocimiento de las jefaturas y entidades a quien
va dirigido este escrito los hechos que están aconteciendo en nuestra
unidad y que a continuación relatamos (…) (ante los cuales, manifestamos)
una gran preocupación por la calidad asistencial y la seguridad para los
pacientes y sus familias”:
o        Y lo denunciaron: “la disminución del personal de Enfermería cualificado
en la Unidad de Neonatología (y) la grave repercusión asistencial que esa
falta de personal cualificado ocasiona en la unidad (…)”; la estructura
arquitectónica inadecuada del servicio, lo que repercute negativamente en
la calidad asistencial y en las garantías de seguridad de los pacientes;
la “imposibilidad para la Docencia interna”, es decir, para la formación,
siendo “absolutamente necesario que el personal que cuida a los recién
nacidos de esta Unidad sea cualificado”. En la época en la que estas
trabajadores remitieron el escrito esta situación deficitaria ya había
conducido a situaciones de riesgo, como la de la una noche en la que (tal
como relatan en el escrito) tan solo había 9 enfermeras en un evento que
exigía un mínimo de 11, suponiendo que no hubiera ningún nuevo ingreso,
“situación bastante improbable teniendo en cuenta la población que
cubrimos”.
o        Y lo pidieron: “DUES con experiencia que garanticen una atención
continuada de calidad; un ratio adecuado de enfermera-paciente”. Y,
esperaban que “desde su profesionalidad y responsabilidad (la de la
jefatura y dirección del hospital) valoren la dimensión de todo lo
expuesto en este escrito, y sabrán encontrar soluciones desde la gestión”.
Y así quedaron esperando. No hubo respuesta.

-        El escrito fue dirigido a la Jefa de unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales, a la Jefa de Unidad de Enfermería de Cuidados Medios, a la
Jefa de Unidad del Turno de Noche BQCR Materno-Infantil, al Jefe de Unidad
del Turno de Noche BQCR Materno-Infantil, la a Jefa de Departamento BQCR
Materno-Infantil, a a Subdirección de Enfermería, al Comité de Empresa
(compuesto por CCOO, UGT, SATSE y SAE) y al Gerente. TANTO JEFE, TANTO
CARGO DIRECTIVO NOMBRADO A DEDO, TANTO SINDICATO INSTITUCIONAL (los mismos
que ahora se llevan las manos a la cabeza) TANTO PUESTO DE PODER, Y TANTO
SILENCIO, TANTA INCOMPETENCIA, TANTA NEGLIGENCIA…TANTO PELIGRO, QUE NO
DEBEMOS CONSENTIR.

-        En Enero de 2008 ya habían enviado un escrito similar y en Enero de 2009
volvieron a hacerlo. La callada por respuesta y la continuidad del plan de
desmantelamiento de la sanidad pública por parte del gobierno y todos sus
acólitos: recortes de presupuesto, de material, de persona, temporalidad…
Caiga quien caiga… muera quien muera. Antonio Barba protagonizó en 1990 la
“noche negra del Marañón”, una caótica noche en la que murieron dos
pacientes en los pasillos de Urgencias. El entonces Jefe de Guardia no
tuvo problema en firmar un parte judicial en el que certificaba que uno de
los pacientes ingresó cadáver, cuando dicho paciente había ingresado con
vida y estuvo varias horas en los pasillos sin recibir atención (Periódico
Público, 18/07/2009).

-        No son las únicas denuncias. L@s profesionales de puestos críticos han
venido denunciando que las carencias de recursos y personal ponen en
riesgo la atención sanitaria (trabajadores de Urgencias de los hospitales
Puerta de Hierro de Majadahonda y Ramón y Cajal, UCI y Urgencias del
Hospital de Tajo, entre otros, han presentado denuncias en este sentido).
Por toda la región, muchos profesionales en todos los centros se han
venido manifestando contra esta situación de deterioro sostenido y
planificado; l@s ciudadan@s lo han denunciado también (más de 20.000
salieron en manifestación contra la privatización por las calles de Madrid
el 13 de Noviembre de 2008 y de nuevo el 5 Marzo de 2009).

No son hechos aislados. Es una terrorífica política sanitaria planificada
de destrucción del sistema público para sustituirlo por un mercado salvaje
donde lo que importa es sacar dinero para los accionistas privados

Lo desgraciado de estos hechos es que no son hechos aislados. Esta es la
estructura que están estableciendo de modo planificado en el sistema
sanitario madrileño todos estos puestos de poder, el gobierno de la
Comunidad de Madrid y todos sus cargos, con la complicidad de los
sindicatos institucionales, subvencionados por el gobierno, y la
corresponsabilidad del Ministerio de Sanidad y el gobierno central.

Desde hace años, las autoridades sanitarias, los responsables políticos,
los gestores, todos los puestos directivos, desde el primero hasta el
último, por acción u omisión, han venido destruyendo el sistema sanitario
público. Todos/as ellos/as han realizado, impunemente y sin
remordimientos, una política sanitaria caracterizada por el desvío del
dinero público hacia conciertos y demás inventos eufemísticos, hacia manos
privadas, en definitiva, y por la precarización de las condiciones
laborales, produciendo de manera planificada un deterioro brutal en la
sanidad pública.

-        Desde hace años, las autoridades, tienen las instituciones sanitarias
llenas de trabajadores eventuales a los que niegan la estabilidad. Más del
30% de las plantillas actuales son temporales y precarias. Y si nos
referimos a los trabajadores más jóvenes, esta situación afecta
prácticamente al 100%. Ya ni siquiera hacen contratos de interinidad,
utilizando sistemáticamente contratos temporales con duración de meses o
incluso días u horas. Esos contratos obligan al personal a estar en
permanente provisionalidad en sus puestos de trabajo lo que, unido al
constante cambio de lugar y/o turno dentro de un mismo centro
-fundamentalmente del personal de enfermería-, para solventar la carencia
manifiesta de plantillas, conduce a l@s profesionales a un importante
estrés y, sin duda, a una merma en la calidad asistencial.

-        La población de la Comunidad de Madrid ha aumentado desde 1998 casi un
25% (más de un millón de habitantes más). El número de médic@s y
enfermer@s por habitante, sin embargo, ha disminuido. La apertura en 2008
de los nuevos hospitales no supuso ni aumento de recursos ni de personal.
Unos 5.000 profesionales de distintas categorías fueron “trasladados” de
los antiguos hospitales a los nuevos, dejando a ambos carentes del
personal suficiente. Se estima que en esos “movimientos de apertura” se
eliminaron unos 2.000 puestos de trabajo.

-        Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de la Comunidad de
Madrid, en referencia a la implantación del Área Única, ya indicó en Mayo
de 2009 que el presupuesto de personal se va a recortar en un 15%, lo que
supondrá la desaparición de 10.000 trabajador@s (Acta Sanitaria,
25/05/09). Paralelamente, el gobierno Aguirre ha adjudicado al consorcio
de empresas Ribera Salud, S.A., Asisa, S.A., F.C.C. Construcción, S.A.,
Concessia, Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. el Hospital privado
de Torrejón por importe de 2.127.651.697,17 euros y un plazo de 30 años.
La población de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de
Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote (unos 131.126 habitantes en 2008),
actualmente atendida por el hospital público Príncipe de Asturias, será
asignada de manera obligatoria para su asistencia sanitaria al hospital
privado de Torrejón.

-        Es de sobra conocido que la cantidad y la calidad del personal determina
la calidad de la asistencia sanitaria. Y está muy bien documentado. Por
ejemplo, en Gran Bretaña, donde desde la época de Thatcher se llevó a cabo
un brutal proceso de privatización del sistema sanitario, ha dado tiempo a
acumular muchas evidencias y diversas investigaciones lo han cuantificado:
las reducciones de personal como producto de las privatizaciones han
producido un aumento del 10% en la mortalidad de los recién nacidos. Drama
sobre drama es que todos estos datos son de sobra conocidos por las
actuales autoridades sanitarias en España. Se amparan en el
desconocimiento que la mayor parte de la población tiene de ello.
Desconocimiento que, en todo lo que de ellos dependa, será mantenido y
potenciado.

Ellos deben dejar sus cargos. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, los
Consejeros diseñan y ordenan; los Directores, Subdirectores,
Coordinadores, Jefes de Servicio ejecutan, firman, vigilan; los sindicatos
cobran sus subvenciones, ratifican, apoyan la implementación, ocultan la
información y desmovilizan a los trabajadores.

La enfermera que atendió a Rayan y cometió el fatídico error es,
probablemente, una de las personas con menor riesgo de volver a cometer un
error en toda su vida profesional. Ellos/as, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Consejeros, Directores Generales, Subdirectores, Jefes de
Servicio, Coordinadores, cargos políticos nombrados a dedo, encantados de
estar en esos puestos de poder, responsables de la política sanitaria, no
muestran la menor conciencia de culpabilidad ni la menor intención de
enmienda; ellos/as dan mucho miedo y son los que deberían dejar sus cargos
de inmediato.

Ante los desgraciados hechos acontecidos,

-        La reacción del colectivo de enfermería ha sido explosiva:
concentraciones prácticamente diarias en los centros sanitarios recordando
lo que llevan reclamando desde hace años (especialización, recursos
suficientes y condiciones de trabajo adecuadas) y pidiendo la dimisión del
gerente del Hospital Gregorio Marañón, Antonio Barba, del Consejero de
Sanidad, Güemes, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre.

-        Los sindicatos representados en el Comité de Empresa y en la Mesa
Sectorial, CCOO, UGT, SATSE y SAE, han alzado la voz indignados.
¿INDIGNADOS? Y, ¿qué hicieron cuando recibieron esos escritos y las
reiteradas denuncias por parte de las trabajadoras de enfermería de la
situación de riesgo existente y la necesidad urgente de solucionarla?
CALLAR Y CONSENTIR. Pero, lo peor, lo más vergonzoso es que, al mismo
tiempo que se retratan ahora en la prensa, entonando la defensa de la
enfermera que atendió a Rayan o denunciando al gerente, están sentados con
la Consejería, apoyando y pactando la destrucción de la sanidad pública
(no hay más que ver todas la Actas de la Mesa Sectorial), apoyando la
inminente instauración del Área única (un paso necesario en la progresión
de la  privatización y mercantilización) y pactando (pactando a cambio de
sus intereses particulares, sin negociación ni por supuesto información a
los trabajadores) todo lo que ésta conlleva: más recortes presupuestarios,
más recortes de personal, aumento de la precariedad laboral, movilidad
forzosa del personal, para que esas/os enfermeras/os y demás profesionales
que “tanto les importan” puedan seguir siendo contratados cada vez en
perores condiciones, contratados hoy y despedidos al terminar la jornada;
ubicados hoy aquí y mañana allí, sin garantías de formación adecuada y
suficiente; para que las carencias en los centros públicos sean cada vez
mayores y los centros privados puedan centrarse en el negocio a cambio de
una asistencia de calidad y seguridad cada vez peores, puesto que lo
importante es que quede un buen margen de beneficios.

-        El gobierno del PP ha desplegado una estrategia indigna: el Consejero de
Sanidad, Güemes, y el gerente del GM, Antonio Barba, rápidamente han
entonado el “sua” culpa. Han declarado a los cuatro vientos que ha sido un
problema de mala praxis de una determinada enfermera a la que “ya han
apartado de su puesto de trabajo”. Por supuesto, han callado lo más
importante: su responsabilidad directa, la de ellos, en todo ello: porque
ellos son quienes diseñan e implementan la política sanitaria, quienes
gestionan los recursos humanos, quienes deciden y autorizan que una
enfermera esté en una unidad para la que no tiene formación y en una
situación laboral inestable y la situación actual en la que tienen las
plantillas en los centros sanitarios. ¿Y quién les aparta a ellos de sus
cargos?

-        El Ministerio de Sanidad, el gobierno del PSOE, mira para otro lado.
Bastante trabajo tiene con estar desarrollando en Cataluña la misma
política privatizadora de la sanidad que el PP en Madrid (ver por ejemplo
la reciente concesión del hospital de Sant Joan Despí al consorcio
Sanibaix, formado por Acsa, Teyco, Emte y La Caixa).

Terrorífico error, no: terrorífica política sanitaria a la que debemos
poner freno

Estas muertes eran evitables. Es inadmisible que el gobierno del PP de la
Comunidad de Madrid las atribuya al azar y a una concatenación de
desgraciadas coincidencias: sencillamente, mienten y lo saben. Dalilah y
Rayan son sólo una pequeña parte de las muertes evitables que sólo serán
conocidas por sus familiares y l@s sanitari@s que les atiendan.

Llamamos a la población y a l@s trabajador@s de la sanidad a denunciar los
casos de los que tengan conocimiento. La conciencia popular de la tragedia
del impacto sobre la salud y la vida de las personas que causa la
privatización, junto a la movilización consecuente es lo único que puede
parar decisiones políticas que, con todo rigor, calificamos de criminales.

Ponemos a su disposición dos apartados de denuncias para usuarios y
trabajador@s en http://www.casmadrid.org, para que la opinión pública tenga
conocimiento de las consecuencias de la falta de medios y personal.

Dimisión del gerente del Gregorio Marañón, Antonio Barba Ruiz, del
Consejero de Sanidad, Güemes y de Esperanza Aguirre.
¡YA!

FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD
LA SALUD NO ES UN NEGOCIO
DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97

Madrid, 28 de julio de 2009

Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización
CAS Madrid
Plataforma Matusalén
Información de CAS-Madrid:
Información Plataforma Matusalén:

Fuente: Insurgente

Yo también voy a quejarme

A esto lo llaman libertad de expresión.

20% sin cobertura = 100% sin garantías.

 

Enfermos mentales y dependencia

A. Panera García

Después de pasarme un gran rato hablando con un matrimonio del municipio, que me ha contado con lágrimas en los ojos su problema, quiero hacer este artículo de opinión sobre un tema tan candente y doloroso.

Puedo comenzar diciendo que las organizaciones que trabajan con enfermos mentales (bipolares, esquizofrénicos, síndrome de Down) afirman con seguridad que un 20% de este tipo de enfermos se están quedando sin cobertura en la Ley de Dependencia, algo que también acreditan los trabajadores sociales que valoran a los dependientes en sus casas, aunque no se atreven a decir la cifra exacta.

Yo pienso que el baremo que mide la dificultad para desenvolverse cada día está pensado para detectar la discapacidad física: si alguien es capaz de comer solo, asearse sin ayuda, meterse o levantarse de la cama, salir a la calle o vestirse. Por eso cuando los valoradores llegan a casa de un discapacitado psíquico para examinarlo pueden encontrarse con una persona de envidiables condiciones motóricas, pero en el test que hacen los citados valoradores no revela las necesidades del solicitante. Saben llevar la cuchara a la boca, pero si alguien no está pendiente igual no comen en todo el día. Se visten solos, pero igual se ponen un abrigo en verano que manga corta en pleno invierno, pueden levantarse de la cama, pero no lo harán en todo el día si nadie les estimula. Y eso no está contenido en el test.

El baremo para medir la dependencia, idéntico en toda España, ya estaba prácticamente diseñado cuando se introdujeron las enmiendas en el anteproyecto de Ley de Dependencia para cubrir también la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, algo que no estaba previsto, por eso hay esas carencias. Con esas carencias, se quedan fuera muchos discapacitados psíquicos. Es el caso de estos padres. Su hijo comenzó con un retraso madurativo y a los 15 años empezó con trastornos psíquicos: alucinaciones auditivas y paranoias, episodios violentos, hemos llegado a un momento en que ya no diferencia la noche del día.

Cuando la valoradora llegó a casa para examinarlo, se limitó a preguntarle si sabía comer, ir al baño solo, ducharse. Lógicamente dijo que sí, pero lo que no dijo es que en más de una ocasión dejó el grifo abierto y el agua llenó la casa y la del vecino, tampoco le preguntaron a qué horas comía, y no lo hace no siendo que estés pendiente de sus comidas en todo momento. Al final le han diagnosticado una dependencia moderada y hasta el 2013 no disfrutará de ayuda alguna a su discapacidad. Esta discapacidad moderada es la misma que impide a sus padres ir de vacaciones o salir a tomar algo solos, siempre pendientes de su hijo.

Su madre quiere que alguien le proporcione un centro adecuado donde el muchacho pueda estar atendido, porque al colegio público al que iba ya no lo admiten y lógicamente surgió la pregunta: ¿Qué será de nuestro único hijo el día que faltemos?

Pido en nombre de todas las familias que tengan personas a su cargo en estas condiciones que se tenga en cuenta el informe psiquiátrico del paciente, ya que una vez cerrados los psiquiátricos no se proporcionó una red social para dar cobertura a las familias.

Finalizo comentando las palabras que dice el presidente de Feafes, José María Sánchez: uno de cada 10 españoles tiene algún tipo de enfermedad mental, y es grave. Es por eso que en nombre de tantos que lo necesitan es clave introducir las modificaciones oportunas para estas personas. No se trata de lo que pueden hacer, sino de lo que se debe hacer y sobre todo que se agilicen los trámites necesarios para resolver problemas que ya no debían existir en 2009.

Emprenderán acciones o les tocaran los …?

Hola:

Al pie reproduzco un correo que he enviado a los diputados de las comisiones de educación y casquerìo.

Un saludo

—

Vicente Valero

++++++++++++ ++++++

Señoría:

Soy una persona discriminada por su diversidad funcional, por cuanto preciso importantes apoyos personales para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y no cuento con ellas.

Dicho lo anterior el motivo de este correo es transmitirle mi estupefacción por un hecho que me ocurrió ayer y que no acierto a comprender la fundamentación del mismo.

Resumiendo. Ayer mi hija se puso a cumplimentar la solicitud de beca del MEC para la universidad. Cumplimentó todos los apartados y cuando pulsó “verificar”, la web le informó de que había cuatro errores en la cumplimentación. Fue comprobándolo y efectivamente, el ordenador tenía razón.  Pero… llegó el punto de la discapacidad, en el apartado correspondiente mi hija había puesto en la casilla que computaba los miembros de la unidad familiar con más de 65% de discapacidad un dos (mi esposa y un servidor).

Repasamos el formulario miramos las casillas, hice sacar a mi hija los certificados de discapacidad para cerciorarme de que no éramos unos “sin papeles”.. Intenté levantar la mano para rascarme la barbilla, la mano no obedecía, decididamente discapacitados éramos mi mujer y yo, aunque el ordenador nos dijera que no.

Tuvimos que desistir y leer la letra pequeña con detenimiento, vamos la orden de convocatoria. Tras lectura atenta y minuciosa vi que el art 13.2 habla de una deducción por discapacidad del solicitante, sus hermanos o hijos. Los padres discapacitados del solicitante no dan derecho a deducción alguna. Pero… el hecho de que los padres no demos derecho a deducción no significa que no seamos discapacitados, aunque la aplicación no lo admita. Pregunta a cada miembro de la unidad familiar si es discapacitado o no y luego cuantos miembros de la unidad familiar son discapacitados a los efectos de reducciones, en ese caso será cero si los padres no computan, pero discapacitados lo somos.

Volvió mi hija a cumplimentar la solicitud y mintió, sí, sí, mintió. Cuando la aplicación le pregunto si los padres eran discapacitados puso NO. ¿Se avergonzaba de nosotros? En el impreso ponía: “Que quedan enterados/as de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la beca o ayuda.”. La incertidumbre se apoderó de ella, le había dicho a la aplicación que sus padres no tenían discapacidad porque no lo admitía y luego le decía que si cometía alguna inexactitud se le denegaría la beca.

Al final se nos ocurrió poner en recuadro de observaciones: “Ambos progenitores tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 65% y necesidad de ayuda de tercera persona.” Confiamos en que no sea una aplicación la que interprete el impreso de petición de beca, porque este caso ha hecho retrotraerme a la primera vez que presenté una solicitud de beca cuando me matriculé en la universidad, en tiempos en que el rey no era rey. Acompañaba a mi solicitud de beca el certificado de subnormalidad y el funcionario del registro se negaba a admitir la solicitud porque entendía que yo no podía alegar que era subnormal, para pedir una beca universitaria. Yo le dije que si el Ministerio de Educación me había expedido un certificado de haber superado el selectivo y el Ministerio de Interior otro en el que decía que era subnormal no era culpa mía el que los subnormales en España pudiéramos ir a la universidad. Me concedieron la beca.

Volviendo al asunto presente le ruego que considere la circunstancia que da motivo a que la discapacidad de los padres no sea admitida en la cumplimentación informática de los impresos de solicitud de beca de estudios del Ministerio de Educación. Yo pienso que puede ser que nadie se crea que dos personas con una gran necesidad de apoyos personales puedan casarse, superando las innumerables trabas que la administración pone y los pocos recursos de que disponen, pero mi mujer y yo no sabíamos que el ordenador tendría el criterio de que era imposible criar una hija siendo dos personas con una gran discapacidad. Prueba de las trabas es el hecho de que la discapacidad de los padres no compute, cuando la situación objetiva de discapacidad origina las mismas necesidades independientemente del miembro de la unidad familiar que la disfrute.

Si emprende alguna iniciativa le agradeceré que me lo haga saber.

Un saludo

Vicente Valero

PD. Envió copia de este correo al CERMI y al Foro de Vida Independiente.

Lo auténticamente “vergonzoso” es que sea el dependiente quien siempre salga perdiendo, mientras que la clase política es la que siempre gana y si no… ¡se sube el sueldo o le toman medidas!.

 

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

La Comunitat ha

perdido ya 31 millones

para dependencia en

los últimos seis meses

 

El PSPV considera "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno de la pérdida de fondos "cuando es consecuencia del boicot a la ley estatal"

J. G. G. VALENCIA

 
La Comunitat perderá unos 60 millones del nuevo fondo de 1.200 millones para personas dependientes de toda España incluido en la reforma de la financiación autonómica. Pero la sangría es aún mayor. Nada menos que 31 millones es lo que se ha dejado de ingresar para estas personas en tan sólo seis meses por la escasa ejecución de la Ley de la Dependencia, según denunció ayer el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres. La Comunitat, que cuenta con el 10,90% de la población de España, sólo ha tramitado el 4,9% de las prestaciones reconocidas (el 5,67% sin incluir País Vasco y Navarra). Hay, por ejemplo, 19.378 beneficiarios reconocidos, menos que Castilla-La Mancha (20.020) o País Vasco (34.704).

Torres, quien consideró "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno central de la pérdida de fondos cuando, según dijo, es "consecuencia del boicot a la Ley de la Dependencia", indicó que en estos seis meses del año el Consell ha ingresado menos por tres vías. De un lado, el fondo anticrisis de Zapatero incluyó 400 millones para dependencia. La Comunitat ha recibido 36 millones, cuando, de haber estado al nivel del resto de España en aplicación de la ley, le hubieran correspondido 7 más, 43. A esto se añade el reparto de los 283 millones del llamado "nivel acordado" para financiar la Dependencia en este año: El Consell, de haber cumplido, tendría derecho a 31 millones, pero sólo percibirá 26,4.

La tercera pata es el abono de 865 millones por las prestaciones mes a mes en función de los beneficiarios existentes: De contar con el 10% del total, la Comunitat ingresaría más de 80 millones en todo el año, la mitad hasta junio. Pero como sólo tiene el 4,9%, sólo han llegado unos 20. En total, alrededor de 31 millones. Torres advierte que ya en 2008 se perdieron otros 31 millones.

Matilde Fernández, 1 – Jesús Caldera, 0

 

 

Madrid

Matilde Fernández (PSOE) considera un

“handicap" que la Ley de la Dependencia no se

haya hecho en el marco del Estado

 

  

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   La ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández (PSOE) consideró un "handicap" que la Ley de la Dependencia no se haya creado en el marco de la Seguridad Social y de las competencias del Estado.

   "Sigue siendo tremendo que esta ley no la hayamos hecho nacer en el marco de la Seguridad Social y en un principio con las competencias del Estado, porque la lealtad entre administraciones sigue siendo una asignatura pendiente de este país", indicó la diputada autonómica, que dijo que en "cada vez que el Gobierno de la Nación plantea algo, esta comunidad plantea lo contrario".

   En segundo lugar, Fernández dijo que otro fallo es "no haber desarrollado desde el principio el subsistema sociosanitario", y añadió que la continuación entre los social y lo sanitario es una asignatura "pendiente" en el país y en particular en esta Ley.

   Fernández hizo estas declaraciones durante unas jornadas sobre la Ley de Dependencia, en las que también participó el vicepresidente de la fundación ‘ideas’, Jesús Caldera, que criticó la buena situación económica desde 1994 no se "tradujo en ningún derecho social" y señaló que algunas tesis conservadoras ‘neocon’ defendían que "dosis determinadas de desigualdad generan más incentivos económicos" y consideró que en ese mundo la política social es un "estorbo".

   Durante su intervención, Caldera se refirió al accidentado regreso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Togo y la calificó de "importantísima" para quienes creen en los derecho humanos y los que creen que el mundo "tiene que ser más justo" y que hay que implementar políticas progresistas.

   El socialista hizo memoria de los días en los que impulsó la creación de la ley de la Dependencia y citó los tres modelos posibles en ese momento como es el más asistencial, el alemán que está relacionado con la vida laboral activa o el que lo ve como un derecho de todos los ciudadanos.

   Así, Caldera dijo que "esta ley es un derecho que quiere garantizar la autonomía, y por lo tanto la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los seres humanos en un estadio bastante avanzado de los derechos sociales" y dijo que "el PP tiene un concepto distinto de los valores que deben predominar en la sociedad".

   El socialista indicó que la Ley de Dependencia crea empleo y recordó a los detractores de esta ley que, en plena época de crisis, "el único sector que ha creado empleo en España es el sociosanitario, fundamentalmente gracias a la Ley de Dependencia".

   Además, reseñó que "la Ley de Dependencia como derecho incorpora la posibilidad de los ciudadanos de recurrir ante los tribunales cuando no se produzca la aceptación de ese derecho. "Espero que en Madrid se vean muchas sentencias en favor de los ciudadanos debido al comportamiento de la derecha", agregó.

   "Entiendo al impaciencia de las familias afectadas por los retrasos, y tienen toda la razón, pero esta ley hubo que hacerla compatible con la capacidad de las administraciones regionales", afirmó y recordó que el Gobierno de España, en plena época de crisis, ha invertido 2.000 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia. "Pero si todo el mundo hubiera hecho la misma aportación de recursos nuevos, a estas alturas se contaría ya con 4.000 millones de euros", apostilló.

   Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, afirmó que "lo más lamentable del bloqueo de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid" es que hay que escuchar "cómo el Gobierno de Aguirre dice que en esta región ya se atendía a la dependencia, lo cual es falso".

   "Este discurso pone de manifiesto la diferente concepción de lo que nos distancia entre un derecho, que es lo que generó la ley, y un sistema de atención. El avance cualitativo que supone la Ley de Dependencia es la generación de un derecho social, es la diferencia entre los que creemos en los derechos y en las leyes, y quienes todavía siguen pensando en la beneficencia y el asistencialismo", sentenció.

Lento avance

 

Ximo González Sospedra

Con estos calores estivales buscan el relax y la brisa refrescante hasta nuestras opiniones. Le martillea a uno la tentación de "verlo" todo bien y bonito. Pero la cruel realidad se levanta cada mañana con la misma mueca de insatisfacción reprobatoria.

La  última "realidad" es la inaccesibilidad de gran parte de los transportes públicos de Castellón, de la Provincia y de la Comunitat… y de España.

Yo no quiero juzgar si existe o no voluntad política para hacer las cosas; pero… ¡pasa tanto y tanto tiempo para avanzar, un poquito!… Por ejemplo: En 1982 el Congreso, con la famosa LISMI, mandó todo lo que tenían que hacer los gobernantes de turno para que las personas con discapacidad -entonces llamados minusválidos- disfrutásemos de igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales, según el artículo 49. Y se fue haciendo cosas. Sí. Hubo avances. Según los que gobernaban los avances eran muchos; según los gobernados los avances eran ridículos.

Llegó el PP con Zaplana al poder en 1995 y despreciaron lo que habían avanzado los socialistas con Joan Lerma. En 1996 los "salvadores" del PP nombraron la Defensora de los Discapacitados, que sólo ha servido para viajar la titular. Y en el 98 sacaron una ley con la que, según ellos, "quedaría todo resuelto" para los discapacitados, sobre todo, el transporte. ¡Pero qué Va! Era sólo para pasar el tiempo hasta 2009. Sí, sí. Ahora sí -aunque el lector no lo crea- el PP tiene otro borrador preparado para "arreglar de verdad" el tema del transporte inaccesible.. Han tenido que pasar 27 años para sacar la ley "definitiva". Yo no me lo creo. Y usted tampoco. Ah, y no sabe lo mejor: que el borrador fija la "solución final" para 2017. Mientras tanto, los minusválidos, los discapacitados, las personas con diversidad funcional, nos vamos sintiendo frustrados, timados, engañados; nos vamos muriendo.

Ésta y no otra es la voluntad del PP de Fabra y de Camps: ni transporte accesible, ni ley de dependencia.

Ximo González Sospedra,

Ex Diputado de las Cortes Valencianas.

¿Tan complicado resulta decir la verdad?…

 

No es nada nuevo para muchas personas de mi tiempo, conocer desde lejos al impostor, al mentiroso, al político… pues todos ellos guardan una gran similitud en su comportamiento, supuesto que su pretensión es el aprovechamiento de todo lo ajeno sin importarles otras cuestiones que no sean las de provocar su propio beneficio.

Otros diréis que comienzo dando muy fuerte, que todos estamos expuestos ante una tesitura como la enunciada, y es cierto, pero no todos accedemos de manera voluntaria y sin obligaciones a ejercer cargos políticos que nos sitúen ante el umbral de la disposición de fondos públicos, de información privilegiada con la que podamos llegar a prevaricar, a apropiarnos indebidamente de recursos que solamente pertenecen a la sociedad, así es que la diferencia resulta bastante evidente.

Y viene a cuento esta entrada en mi blog al colgar, una vez más, una carta publicada en los medios de comunicación social, denunciando el comportamiento despreciativo que hacen nuestras autoridades autonómicas al ningunearnos las ayudas a las que les obliga la Ley de Dependencia. Ni el Molt Honorable, algo menos honorable en los últimos tiempos al haber sido imputado por cohecho en la trama <<Gurtel>> sin haber presentado pruebas irrefutables de su inocencia, ni tampoco el Conseller de Benestar Social, bajo sospecha de favorecer empresas familiares dedicadas al lucrativo negocio que genera la dependencia, han sido capaces de convencernos con todas las triquiñuelas que esgrimen para no conceder, a la inmensa mayoría de valencianos con diversidad funcional severa, las prestaciones que legalmente les corresponden.

Claro está que ellos me vienen más a mano por ser quienes tienen la obligación de rendirnos cuentas de la administración de nuestros recursos, en lugar de desviarlos a faraónicos eventos que en nada favorecen a nuestra comunidad, como son las competiciones privadas de las American Cups, las F-1, las Volvo Ocean Race. Eso es intolerable, como intolerable es permanecer impasibles ante el engaño continuado que nos hacen y que nos obligan a sospechar de su honorabilidad.

Me causa honda preocupación el echo de no tener en quien confiar, me refiero a la clase política en general, puesto que mirando a un lado y al otro no vislumbro nada que me haga mantener las esperanzas de que un día todo cambie, aun cuando estoy convencido que tendremos algunos <<rara avis>>, persona o cosa conceptuada como singular excepción de una regla cualquiera, dispuestos a ejercer con intachable pulcritud su ejercicio público, pero… ¿acaso les dejarán alguna vez acceder estando rodeados de tanto sátrapa?

Por lo pronto solo estamos acostumbrados a escuchar o leer noticias en las que unos les dicen a los otros ¡¡Y tú más!! pero ninguno de ellos los denuncian ante los tribunales ordinarios fuera de la protección de sus cobardes atrincheramientos preventivos.

Fuente: Diversitat Funcional

Suspenso en dependencia

 

Información

 

La Comunidad Valenciana vuelve un semestre más a suspender en aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia. De un total de 18 comunidades estamos en la posición 15 con un 3,5 de nota; sólo tenemos por detrás a Madrid, Murcia y Canarias, gobernadas por el PP. A la cabeza van Andalucía y País Vasco con 8,5 de nota y gobernadas por el PSOE. Estos datos están sacados del III Dictamen junio 2009, elaborado por la Asociación Estatal de Directores/as y Gerentes en Servicios Sociales.

El caso de la Comunidad Valenciana es especialmente dramático, la proliferación de plataformas en todo el territorio para defender los intereses de los afectados y sus familiares y denunciar la dramática situación que atraviesan, ha merecido un apartado especial en el mencionado dictamen. El presidente de nuestra Comunidad y el responsable de Bienestar Social realizan un boicot y un menosprecio a la ley que evidencia lo poco que le importan las personas con dependencia y sus familiares, y los graves problemas que tienen gracias a su dejadez y olvido. Espero que esta carta sirva para concienciar y movilizar a todos los afectados de la Comunidad y les animo a denunciar la falta de interés e implicación de nuestro presidente Camps.

Alfonso Carro

Afectado y portavoz de la Plataforma en Defensa de las Personas con Dependencia de l´Alcoià y el Comtat