El poder político contra los más vulnerables.

Enfermos y ancianos pagan el costo de la crisis (Video)

Fuente: El Comnunista.net

El estado crítico de la economía española ya impacta a las capas más vulnerables de población. Hospitales, asilos de ancianos, escuelas y centros de menores, financiados por el Gobierno de Cataluña, no recibieron los pagos de julio.

Las personas con discapacidades al igual que el 90% de los ancianos que viven en geriátricos se ven afectadas por el impago. La mayoría son centros privados o concertados, financiados, en parte, con dinero público. Un dinero que el último mes no les ha llegado.

“Considero que los residentes quedan desamparados, porque son necesidades básicas de la vida diaria. La alimentación, la higiene, es la vestimenta, es algo básico e imprescindible para ellos. Que exista un impago de estas características complica mucho y dificulta la vida de estos residentes”, dijo la enfermera Olga Carrasco Martínez.
En Cataluña, el Gobierno autonómico, no pagó por falta de liquidez, dice. Y los centros de atención denunciaron al Ejecutivo autonómico por un posible abandono y riesgo vital de estas personas.

“Hablamos de personas en su máximo nivel de dependencia, esto quiere decir personas en su máximo nivel de fragilidad, en su máximo nivel de necesidad. Nosotros no podemos ser cómplices de esa desatención porque cuando tú no pagas a un dependiente le estás acortando su vida y nosotros no queremos ser cómplices de esta situación. Esperamos que la Fiscalía intervenga”, indicó Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros Geriátricos.

fuente: http://www.actualidad.rt.com

“Prensatenientes” contra el SAT y sus dirigentes

 

Ante la campaña de difamaciones de los "prensatenientes" contra el SAT y sus dirigentes.

Fuente: Rojo y Negro

Que a los medios de comunicación de masas en manos de grandes grupos empresariales no les gusta hablar con rigurosidad informativa de las luchas obreras y sociales, es algo que no es nuevo ni tampoco extraño…

Ellos son parte de los que con esta estafa que es la crisis están robando más que en toda la historia del capitalismo, por tanto, cuando hay acciones u organizaciones como el SAT, que les apuntan directa y certeramente con el dedo, ellos responden con toda la ira y las sucias estratagemas manipuladoras que están a su alcance, que no son pocas.

Una de estás sucias estratagemas es la de sacar a relucir aspectos de la vida personal de seres humanos conocidos por ser ejemplo de lucha, constancia y entrega hacia los demás, tergiversándolos hasta lo absurdo con el fin de aislarlos y echar por tierra en minutos el currículum intachable de toda una vida. Esto lo ha tenido que sufrir en sus carnes el compañero Andrés Bódalo que el pasado domingo aparecía en primera plana del panfleto ultraderechista LA RAZÓN, tratado como un criminal, por pasar un fin de semana en un hotel almeriense con su compañera y uno de sus hijos. Por eso, ante este hecho, la Unión Territorial del SAT- Jaén quiere manifestar lo siguiente:

1. Como se decía más arriba, esto no es un ataque hacia personas en concreto, esto es un ataque primeramente hacia el SAT por que las acciones que estamos llevando a cabo están levantando multitud de conciencias. Porque estamos señalando a los culpables de esta estafa que hasta ahora no habían sentido tambalearse sus privilegios de tal manera. Contra esto, hay que estar preparados porque utilizarán cualquier medio a su alcance, desde la represión a la calumnia. Baste con recordar otro titular de LA RAZÓN, con motivo de la entrada de la Marcha Obrera en Córdoba: “Córdoba se blinda ante la entrada de Sánchez Gordillo y sus forajidos”… Si, si, para LA RAZÓN los trabajadores en paro, con dignidad y conscientes, somos forajidos. También podemos recordar otros ejemplos como los estudiantes difamados por este panfleto antes de la Huelga en Educación del 22 de mayo (1).

2. Es muy normal que LA RAZÓN arremeta contra trabajadores que se van de vacaciones. Es muy normal que les moleste que personas como Andrés y su compañera que saben lo que es partirse el lomo el año entero, pasen un par de días relajados. ¿Por qué no investigan lo que hacen los 363 días restantes? Los dueños de este panfleto, son los amigos y compañeros de los Juan Roig o los Amancio Ortega. Ambos, más millonarios gracias a “la crisis” y ambos conocidos por ser enemigos declarados de los derechos de los trabajadores. Para el primero, los bazares chinos son un ejemplo de lo que debe ser el mercado laboral (2) y, para el segundo, esclavizar niños y niñas de medio mundo ha sido el método para llegar a ser la tercera persona más rica del mundo (3). A esa gente, a la burguesía, representa LA RAZÓN a los trabajadores desde luego no y por eso no debemos ni hacerle caso porque solo intentarán engañarnos y enfrentarnos.

3. Habla también el panfleto LA RAZÓN del viaje del compañero Andrés a Venezuela para asistir a un “acto de Chávez”. Señores de LA RAZÓN, ya que han investigado el Facebook de Andrés, no cuenten las verdades a medias. Andrés fue a Venezuela en representación de todo el SAT ya que fuimos invitado por el gobierno de la República Bolivariana para celebrar el 1º de mayo, día Internacional de los trabajadores. Que sepamos, el 1º de mayo no se lo inventó Chávez. A los actos de celebración de este día, que a los “prensatenientes” de LA RAZÓN como enemigos de los trabajadores les tiene que chirriar bastante, acudieron invitados sindicalistas de los cinco continentes y, tanto los viajes, como la estancia corrían de la cuenta del Estado Venezolano al que, de paso, agradecemos el excelente trato que nos brindó tanto al SAT como a todas las delegaciones invitadas.

4. A los que quieran difamar diciendo que Andrés ha gastado dinero del SAT para sus vacaciones, les invitamos a que pasen un día por nuestra sede (Portillo de San Jerónimo, 1, Jaén) y pregunten por el responsable de finanzas y por los libros de cuentas. Si encuentran un céntimo que no haya sido gastado en labor sindical o social, estamos dispuestos a dimitir y abandonar el sindicato.

5. Hablan de la acción de Mercadona y de los que la llevamos a cabo, como si nosotros fuéramos los que estamos en la necesidad extrema. Hemos repetido mil veces que los alimentos no eran para los que entramos allí, incluido Andrés. Los que allí entramos lo hicimos porque tenemos una sensibilidad con respecto a esa gente, a nuestra gente, y queríamos señalar ese grave problema. Se habla de incoherencia, incoherencia sería que Andrés Bódalo tuviera una empresa con 20 trabajadores sin asegurar o pagando por debajo de convenio y a la vez fuera sindicalista. Eso si es una incoherencia, descansar con tu compañera y con tu hijo en un Hotel que tienes reservado desde hace meses no es una incoherencia.

6. Por último, un llamamiento a toda la clase obrera andaluza. Estamos viendo como cuando, los trabajadores que luchamos damos con la tecla para poner en jaque a la clase dominante ella responde unida y sin fisuras, todos a una: jueces, ministros, partidos vendidos al capital, medios de comunicación… Todos son uno contra nosotros. Tomemos ejemplo y no dejemos que nos dividan con sus calumnias y sus sucias artimañas. Seamos uno todas y todos los trabajadores andaluces para acabar con su robo multimillonario que es el que nos tiene sumidos en la miseria. Ante la pregunta ¿sigue existiendo lucha de clases? Warren Buffet, multimillonario estadounidense, lo tenía claro: si sigue existiendo, y la mía va ganando.

UNIÓN TERRITORIAL SAT-JAÉN

JAÉN, 28/8/12

(1) http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/17709-la-sinraz%C3%B3n.html

(2) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/economia/1331118341.html

(3) http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/28389-detectan-otros-30-talleres-de-esclavos-vinculados-a-empresa-textil-zara-en-brasil.html

http://kaosenlared.net/component/k2/item/28916-ante-la-campa%C3%B1a-de-difamaciones-de-los-prensatenientes-contra-el-sat-y-sus-dirigentes.html

La Educación Prohibida

La Educación Prohibida – Película Completa HD

  https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc&feature=player_embedded#!

Sinopsis:

La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es aun considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en día, la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas, medios de comunicación y espacios de la sociedad civil.Desde su origen, la institución escolar ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran mayormente obsoletas y anacrónicas. Decimos que no acompañan las necesidades del Siglo XXI. Su principal falencia se encuentra en un diseño que no considera la naturaleza del aprendizaje, la libertad de elección o la importancia que tienen el amor y los vínculos humanos en el desarrollo individual y colectivo.

A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. "La Educación Prohibida" es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo de la escuela tradicional.

Más de 90 entrevistas a educadores, académicos, profesionales, autores, madres y padres; un recorrido por 8 países de Iberoamérica pasando por 45 experiencias educativas no convencionales; más de 25.000 seguidores en las redes sociales antes de su estreno y un total de 704 coproductores que participaron en su financiación colectiva, convirtieron a "La Educación Prohibida" en un fenómeno único. Un proyecto totalmente independiente de una magnitud inédita, que da cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas de educación.

Si quieres que la peli esté en tu idioma podes ayudarnos a través de nuestra plataforma de traducción colaborativa, escribenos un mail a: traducciones@educacionprohibida.org

Facebook:http://www.facebook.com/laeducacionprohibida
Twitter: @EdProhibida / #YoViLep

Fuente: Vagabundo tras la Libertad

¡¡ ATENCION MUY IMPORTANTE PARA PARADOS QUE NO COBREN PARO !!!

 

URGENTE-COMPARTIR

PARA QUE SE ENTEREN LOS 6 MILLONES DE PARADOS Y SUS FAMILIAS QUE SE HAN QUEDADO SIN COBERTURA MEDICA. ASCIENDE A UNOS 20 MILLONES DE PERSONAS LAS QUE HAN EXCLUIDO DEL SERVICIO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de ESPAÑA.

A partir del 1 de septiembre todos los parados que ya no cobren el paro o no hayan cobrado ningún tipo de prestación, deberán haber hecho un trámite en la seguridad social para seguir teniendo derecho a la ASISTENCIA SANITARIA.

Hay que dirigirse por tanto a la seguridad social y pedir cita previa a través de internet (abajo dejo el link).

Las personas que actualmente están trabajando o cobran el paro no tienen que hacer nada, el resto sí.

Ningún medio de comunicación se está haciendo eco de esto, por tanto os pediría que lo hicierais circular y en el INEM no saben nada, la agencia mas desinformada del Estado.

En la web de la SS hay un enlace (os dejo también el link más abajo), en el cual se puede consultar si estás incluido en su base de datos o no.

Ayer en cuanto nos enteramos sacamos cita previa después de comprobar efectivamente, que no estaba incluida, y esta mañana nos han confirmado lo que anteriormente os he dicho y nos han indicado los trámites a seguir. Esto afecta sobretodo a los mayores de 26 años, pero OJO!! que mi hermana de 9 años tampoco estaba incluida!!!

Por favor, HACEDLO CORRER, por si alguno de vuestros amigos o familiares están en esta situación, que no se les pase el PLAZO!!! esto es algo que debería ser de dominio público.

Los desempleados que estén cobrando algo, tienen asistencia médica, pero sólo 90 días después de cobrar la última prestación. Los que no cobramos nada, hemos sido excluidos del sistema y sólo tenemos derecho a ser atendidos en urgencias, pero ya no tenemos médico de cabecera, ni derecho a especialistas ni a pruebas disgnósticas. A partir de ahora, o pagamos o solicitamos en el centro de salud correspondiente la Tarjeta Sanitaria para personas sin recursos económicos. Esto es algo tan, tan alucinante, que nadie se lo quería creer ayer, pero esta mañana me he ido de trámites y es así: yo en concreto ya no tengo tarjeta. He solicitado cita en Información de prestaciones Familiares

ARTICULO 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situación…

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. Cuando dejamos de existir para la

Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él.

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros.

¿Por qué le bloquean a algunos desempleados la tarjeta sanitaria?

Analizamos la situación en la que se encuentran algunos parados que, después de dejar de cobrar la prestación, se ven sin cobertura sanitaria

De CARLOS CALA   04-12-2011 (Fuentes cadena ser)

Llevamos varios días escuchando casos de personas desempleadas que, después de dejar de cobrar el paro, encuentran bloqueadas sus tarjetas sanitarias. Se cree que hay decenas de miles de personas afectadas por esta decisión en algunas comunidades, como Galicia o Murcia, lo que ocurre es que muchas de ellas puede que aún no se hayan enterado. Manuel Martín: "No hay justificación para retirar la asistencia sanitaria"

Manuel Martin, presidente de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, confirma que las autonomías no comunican a los desempleados que se quedan sin prestación

Explicamos el por qué para entender lo que está ocurriendo.

Los desempleados que estén cobrando algo, tienen asistencia médica, pero sólo 90 días después de cobrar la última prestación. Los que no cobramos nada, hemos sido excluidos del sistema y sólo tenemos derecho a ser atendidos en urgencias, pero ya no tenemos médico de cabecera, ni derecho a especialistas ni a pruebas diagnósticas. A partir de ahora, o pagamos o solicitamos en el centro de salud correspondiente la Tarjeta Sanitaria para personas sin recursos económicos. Esto es algo tan, tan alucinante, que nadie se lo quería creer ayer, pero esta mañana me he ido de trámites y es así: yo en concreto ya no tengo tarjeta. He solicitado cita en Información de prestaciones Familiares

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. Cuando dejamos de existir para la Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él.

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros.

Los desempleados tienen 90 días de margen para realizar los trámites y solicitar de nuevo el ingreso como beneficiario en la Seguridad Social cuando dejan de cobrar el paro. El problema llega cuando nadie avisa a los afectados de que disponen de ese plazo antes de perder el derecho a la sanidad gratuita. Estos son muchos de los casos que se están conociendo estos días. Personas que llevan más de tres meses sin cotizar y que durante ese tiempo no han necesitado ir al médico. Cuando han acudido les han comunicado que tienen que solicitar de nuevo la tarjeta y, mientras se llevan a cabo los trámites, se quedan sin cobertura. De hecho, puede que haya quienes, en estos momentos, desconozcan que tienen la tarjeta bloqueada.

En muchos lugares, los médicos de familia han seguido atendiendo gratuitamente a estos pacientes, pero entonces el problema ha podido llegar al pasar las recetas en la farmacia porque el sistema informático ha lanzado el mensaje de que esa persona no figura en la base de datos y, por consiguiente, no tiene derecho a que la Seguridad Social le pague su parte de los medicamentos. Las personas sin tarjeta sólo pueden ser atendidas en urgencias, pero recordemos que en urgencias no se receta.

A partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor la Ley General de Salud Pública, que reconoce el derecho a la sanidad gratuita también a los desempleados de larga duración. A partir de entonces, las Comunidades Autónomas que no den cobertura a todas estas personas estarán cometiendo una ilegalidad. Estará en sus manos agilizar los trámites para evitar que esta situación se prolongue.

El enlace para consultar si tenemos derecho a la asistencia sanitaria:

https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=169207

Para pedir cita previa en la Seguridad Social:

https://sede.segsocial.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/164993

Fuente: Movimiento Mundial de Derechos Humanos al Trabajo

Derecho efímero o el recorte más canalla.

Por José Manuel Ramírez Navarro.

EN la Grecia clásica sólo se consideraba ciudadano de pleno derecho a aquellas personas libres y con sus necesidades básicas cubiertas, porque sólo ellas podían participar activamente en el gobierno de la polis, en el arte y en la filosofía. De la misma manera, en la sociedad actual sólo pueden ser ciudadanos en el pleno sentido de la expresión, quienes tienen garantizadas sus necesidades básicas. De ahí que la cuestión de los derechos sociales, como garantía de esas necesidades, constituyan una auténtica Cuestión de Estado, junto a las libertades y las instituciones democráticas. Sin ellos muchas personas pasarán de la condición de ciudadanía a la de súbditos.
Los derechos sociales, fundamentos del Estado del Bienestar, constituyen la base del pacto social sobre el que se sustentan las democracias occidentales. No son un adorno en épocas de bonanza, porque no los financia una clase pudiente (que en España, por cierto, contribuye muy poco al mantenimiento del Estado y de sus políticas sociales, en comparación con cualquier país europeo), sino el salario diferido que a través de la fiscalidad todos y todas aportamos.

En este marco, nuestra Constitución proclama a España como un Estado Social y Democrático de Derecho. En consecuencia, cuestionar los derechos sociales es cambiar el modelo de Estado y sociedad que decidimos darnos al aprobar la Constitución de 1978, y hacerlo al margen de los mecanismos democráticos previstos para una reforma constitucional no deja de ser un auténtico golpe de Estado.
La evidencia de la capacidad económica del gasto destinado a satisfacer derechos sociales, la dan los países que mayor desarrollo han logrado y que mejor están resistiendo los envites de la crisis. No es cierto que hayamos gastado en protección social más de lo que podemos; muy al contrario, España adolece de un auténtico raquitismo en esta materia: mientras que nuestro PIB es el 94% del de la UE-15, nuestro gasto público social es del 72%. Si lo lleváramos a lo que corresponde en porcentaje del PIB, tendríamos 66.000 millones de euros más cada año para nuestro Estado del Bienestar.

El recorte más canalla a través del Real Decreto-ley 20/2012, supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de dependencia, burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española. Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas, al tiempo que son antieconómicas. Entre las medidas adoptadas se pueden destacar como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: Se crea un plazo suspensivo de dos años (decenas de miles de dependientes morirán antes de recibir la ayuda), se suspende la incorporación de dependientes con Grado I (moderados) hasta el 2015, se incrementan las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes, se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Se eliminan las cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar. Dicha revisión consiste en las 170.000 personas por las cuales se cotiza actualmente en el régimen especial de cuidadores.

La reducción dramática de 818 millones de euros (en Andalucía 177) tendrá como resultado: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios. Las medidas adoptadas suponen dejar de inyectar al sistema fondos públicos por importe de más de 800 millones de euros sólo en el ejercicio 2012. Invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, tales cantidades habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos (directos e indirectos) a las arcas públicas de 352 millones de euros que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones de euros. Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a más de 780.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales.

El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra: o se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial.

Fuente: Málaga Hoy

A Doña Pilar Farjas Abadía que la cesen.

Por Mª Ángeles Sierra.

El pasado día 30 de Julio la Asociación Consumidores en Acción FACUA, recibía de Doña Pilar Forjas Abadía, firmado de su puño y letra como presidenta de Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato como Ministra, amenaza de decreto de pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios, así como su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Entre otras lindezas y perogrulladas contenidas en dicha autoritaria y dictatorial comunicación, nada propias de una representante ministerial y que como consumidora y/o usuaria de las políticas de este país no me parece de recibo, se acusa a FACUA además de por sus campañas en defensa de los consumidores y usuarios, textualmente de lo siguiente:

“ … el que una asociación pretenda configurarse como una Asociación de Consumidores y Usuarios argumentando que defiende los derechos de los estudiantes como consumidores de productos de enseñanza no es admisible, ya que los estudiantes no consumen ni utilizan productos de enseñanza, sino que son los destinatarios o receptores de una prestación de servicio público que les facilita la Administración Pública competente en cumplimiento y desarrollo de un derecho constitucional y sin que medie una relación contractual entre la Administración y el estudiante.”

Resulta pues notorio el desconocimiento y la desobediencia por parte de esta señora a través de su misiva de la Legislación vigente, así como la temeridad de actuación en su proceder debido a su supina ignorancia, sobrada razón, para que sea cesada de inmediato.

Como usuaria que soy, repito, de la Legislación y políticas de este país, sin entender mucho de legislación pero sí de política por considerar que ésta es sin duda una de las actividades sociales más indiscutibles además de necesaria del género humano, me he tomado la molestia de dar un vistazo a la legislación de la que todos somos usuarios conforme a la misiva enviada por esta señora y esto es lo que a groso modo me he encontrado:

La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación firmada por Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno en Funciones y refrendada por el Rey vino a dar respuesta, además de forma, a lo acordado en el dictamen de 28 de enero de 1998 del Comité Económico y Social de la Unión Europea dada la importancia que presentan la asociaciones para la conservación de la democracia.

Así mismo vino a desarrollar el artículo 22.1 y 51 entre otros, de la Constitución Española en los que se reconoce el derecho de asociación y la garantía a través de los poderes públicos de la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y que hasta la fecha venía siendo regulado a través de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, que a través de la disposición derogatoria única de esta misma Ley Orgánica, queda derogada, entre otras cosas por tratarse de una Ley preconstitucional y perteneciente al sistema dictatorial en el que vivió España durante los años del franquismo.

Igualmente el Capítulo III de la Constitución de los principios rectores de la política social y económica, determina a través de su artículo 51 que: “Los poderes Públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”

En la Exposición y Motivos I de la Ley Orgánica se dice textualmente: “Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural.”

También en la Exposición y Motivos VI se dice textualmente: “Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza, para lo cual la Ley contempla el otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones públicas conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que las prevé, y al específico que en esa materia se regule legalmente en el futuro.

Y ya para finalizar por mi parte esta exploración, en el capítulo VII de garantías jurisdiccionales en su artículo 38.1 de disolución judicial establece que: “Salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la autoridad judicial competente.”

Dicho esto, en base a la legislación vigente y como defensora de los derechos políticos, sociales y humanos que como consumidora y usuaria de los mismos me son sin duda inherentes, no me queda más que advertir que lo que esta señora ha cometido, es sin duda un acto de coacción y amenaza que perjudica seriamente los intereses generales de la sociedad, además de un serio atentado contra la institución a la que representa, por pretender hacerla contravenir en su nombre los derechos que supuestamente salvaguarda también en interés general de la sociedad, por lo que lo más sensato y razonable de cualquier Ministra que se precie, sería ordenar su inmediato cese o de lo contrario, también la ministra se convertirá en cómplice y promotora de un totalitarismo, que ni el pueblo español, ni las instituciones que le representan quieren, ni mucho menos,  se merecen.