Diversidad funcional o la autogestión individual de nuestras vidas.

12 noviembre 2009

Carta abierta de Carmen Calpena para Angélica Such

 

Angélica Such

No confundamos, consellera

 

No nos confundamos en que los pocos avances que la Comunidad Valenciana haya podido experimentar con la aplicación de la Ley de Dependencia hayan sido por voluntad política del conseller de turno: no, señores. Hay decenas de colectivos y plataformas de dependientes que se han visto a lo largo de estos casi tres años, obligados a recordarles a los conselleres de cada momento que no estaban haciendo bien los deberes por el que se les pagaba, y eso ha hecho que miles de grandes dependientes que en su día solicitaron prestaciones y servicios se marcharan sin ver ni un solo euro de sus derechos. ¿Será esa una de las causas por la que Bienestar Social alarga los plazos? Si no es así es que no hay suficientes trabajadores sociales para llevar una mejor aplicación de la ley, lo que demuestra que la Generalitat Valenciana carece de sensibilidad política para el colectivo más vulnerable de esta sociedad. Los dependientes sólo son cifras y pilares de folios aparcados encima de las mesas de los despachos municipales, no importa el calado aterrador de muchos historiales médicos, difíciles de sobrellevar tanto por el esfuerzo físico, psíquico o económico de los familiares. Por lo tanto, señora Such, sólo la presión popular de los afectados les hace a ustedes de vez en cuando dar un empujoncito a la atascada documentación, cuya dejadez, por revanchismo político, hace que los dependientes sean utilizados en un tira y afloja de sus mangoneos partidistas.
Carmen Calpena Galiana

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¿Y después que nos dirán cuando nos pidan el voto?…

 

Información.es » Alicante

BIENESTAR SOCIAL
 

El 40% de los dependientes, en lista de espera

El 39,72 por ciento de las personas a las que se les ha reconocido como beneficiarias del Sistema de Dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentran en lista de espera para que les asignen los servicios a los que tienen derecho.

REDACCIÓN Así lo asegura un informe del sindicato CCOO, que indica que el grado de implantación del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana es, tras el de Madrid, el más bajo de España, ya que los dictámenes solo alcanzan el 0,76 por ciento sobre el total de población. CCOO lamentó que algunas comunidades, como Valencia, Canarias y Murcia, hayan externalizado la valoración de la dependencia y que en algunas regiones las personas dependientes esperan tres meses para obtener la valoración, mientras que en otras este plazo llega a un año. A nivel nacional, casi cuatro de cada diez personas reconocidas como beneficiarias de la Ley de Dependencia esperan a que les asignen una prestación concreta, según CCOO, que reclama que del Plan E se consoliden 400 millones para un Fondo de Excelencia para la Dependencia.

9 noviembre 2009

La verdades a medias siempre resultan una mentira

 

Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana

 

Bienestar Social

 

El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes.

 

El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 – El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales

LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA

La aportación de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana para el cumplimiento de la Ley de Dependencia es similar a la del Estado, de modo que se acercan a los parámetros correctos del modelo de financiación. Así lo confirma el informe Financiación y costes de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, del que ayer informó Europa Press y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

                                                                                                  

Por el contrario, otras comunidades autónomas como Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios. 

                                                              

Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y las comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.

                                                                                              

Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%). No obstante, los autores del estudio recuerdan que el fondo estatal que se pacta con cada comunidad autónoma "no es directamente aplicable a los gastos de prestaciones y servicios de los dependientes, por lo que creemos más correcto tener sólo en cuenta el nivel mínimo y el acordado" en el que el esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno se equiparan.                                                                                                                    

La peor aplicación de la Ley de Dependencia se produce en Canarias, según los autores del estudio. El gobierno de las islas recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (3,9 millones).

         

Algo similar ocurre con Murcia, que percibe del Gobierno 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.

El estudio también revela que el coste de un dependiente al año en la Comunitat Valenciana asciende a 11.729,41 euros al año. De esta cantidad total, el Estado aporta 6.521,98 euros por dependiente frente a los 2.885,58 euros con los que colabora la Generalitat, lo que supone que existiría un gasto por valenciano de 50,72 euros para mantener a los dependientes.

                      

Tarjeta para discapacitados en 2010

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que en 2010 se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con su implantación se pretende ganar en rapidez y comodidad para acreditar su discapacidad ante los procesos de gestión administrativa, y deberá presentarse cuando se utilicen servicios o recursos del Sistema Valenciano de Servicios Sociales. La medida se implantará de forma progresiva empezando por las acreditaciones nuevas, funcionará como una tarjeta electrónica y servirá también para acreditar la discapacidad en aparcamientos, transportes e instalaciones públicas. Según resaltaron, en la Comunitat hay 315.716 personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

8 noviembre 2009

Con paso de tortuga

 

 

 

Manifestación en Alicante

LOS DEPENDIENTES SIGUEN BATALLANDO POR LA APLICACIÓN DE UNA LEY QUE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ES PAPEL MOJADO.

 

A las puertas del tercer aniversario de la Ley de la Dependencia, su aportación  en la zona sigue siendo ínfima. De hecho, se calcula que sólo el 3% de las 2.500 personas que han solicitado el amparo de esta normativa en Alcoy y comarca reciben actualmente alguna ayuda. El porcentaje de dependientes que han fallecido esperándola es, por el contrario, del 7%. Sin embargo, el problema no es sólo de cantidad si no también de calidad porque la administración ha zanjado la atención a los dependientes con una aportación económica mensual que sirve para legalizar ante la Seguridad Social la ayuda que reciben pero que no contenta a todos, especialmente a aquellos que creen que la norma debería hacer honor a su nombre – oficialmente, se llama Ley de Promoción de la Autonomía – y ofrecer recursos en lugar de dinero. Esa es, de hecho, la actual batalla de la Plataforma de afectados, que prepara un acto en Alcoy por los tres años de la Ley. Algunos afectados de la zona han llegado, incluso, a los tribunales.

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El Consell que preside Francisco Camps es el gobierno autonómico más cicatero de España en gasto público para cubrir servicios sociales

 

 

 

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El Consell es el más tacaño de España en servicios sociales

 

El gasto por persona es un 40% inferior a la media nacional

MIGUEL OLIVARES – Valencia – 08/11/2009

El Consell que preside Francisco Camps es el gobierno autonómico más cicatero de España en gasto público para cubrir servicios sociales, según un informe elaborado por la Secretaría de Bienestar Social y Salud del PSPV-PSOE que gestiona José Mayans. Los datos recabados por los socialistas revelan que el gasto por habitante en protección social y servicios sociales fue de 353 euros por habitante en 2007. El mismo año, la media estatal era de 553. Navarra (1.377 euros por habitante) y Extremadura (908) ocupan los primeros lugares. La Comunidad Valenciana, el último. 

                                                                      

Alarte: "Camps deja en la estacada y abandonados a los más débiles" 

                          

El mismo informe revela que entre 1998 y 2008 el presupuesto consolidado de la Generalitat se ha duplicado: ha pasado de cerca de 7.000 euros a un poco más de 14.000. Mientras, el gasto público en servicios sociales apenas ha crecido un 25%.  

                                                                                                         

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, concluyó a la vista de las cifras que la Generalitat debe destinar otros 576 millones de euros adicionales de gasto social si quiere hacer realidad las "promesas incumplidas" del presidente Francisco Camps.

                                                                                                        

Alarte acumuló en su larga lista las deudas pendientes del Consell en lo relativo a la renta de emancipación, la renta mínima de inserción, las ayudas por nacimientos, a la protección a madres e hijos menores de tres años y las certificaciones por minusvalía, así como los "retrasos" en la aplicación de la Ley de Dependencia. 

                                                                                                

El secretario de los socialistas valencianos lamentó ayer, en rueda de prensa, que los Presupuestos de la Generalitat para 2010 "sólo dedican el 3,92% a políticas de Bienestar Social", un porcentaje "inferior" al del resto de las comunidades autónomas. "Camps es el peor entre los peores", apostilló el dirigente socialista.

                                                                                                   

Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Alarte comparó el porcentaje de reconocimiento de personas dependientes en toda España, que alcanza el 11% de los posibles beneficiarios, frente al exiguo 4% en la Comunidad Valenciana.

                                                                                             

"Camps deja en la estacada y abandonados a los más débiles", sentenció. Y elevó a 100.000 el número de valencianos a los que Camps "niega su derecho" a disfrutar de las ayudas vinculada a esta ley estatal. 

                                             

"Hay 70.000 dependientes valencianos que ni siquiera han formulado la solicitud" para acceder a las ayudas; 30.000 personas que no han recibido respuesta a sus peticiones; y 8.500 valencianos que "han muerto mientras esperaban ser reconocidos". "Camps no quiere aplicar la Ley de Dependencia", concluyó Alarte.

30 octubre 2009

Aaron, otro año sin educador mientras que el Consell saca pecho con la mejor educación de Alejandro Font de Mora. ¡País!

 

CERMI2

Hola amigos:

os mando esta noticia para que por favor la hagaís llegar a lo medios de comunicación y a donde creais conveniente.

                                                          

Os adjunto manifiesto que esta tarde se leerá en Chiva, a favor del niño con duchenne, unos niños compalñeros de él, al cual no le han puesto el educador que necesita en el Instituto, habiendolo solicitadola madre bdurante dos años antes de que tuviese que entrar en él para asi evitar que no tuviera ayuda, La madre ha tenido que ir a media mañana a ponerlo hacer "pi pi"  por que no había nadie que lo hgiciera,  despues de haber tenido una cita en educación solo ha conseguido, que les quiten a los otros colegios de Chiva 11 horas para que se las den al niño, (por lo tanto han perdido todos los colegios) cuando éste niño no tiene movilidad y necesita cada hora cambio de clase,  asi como llevar bolsa, libros, ir al baño etc.

                                                                            

Creo sinceramente que es una verguenza que exista estos casos en nuestra "estupenda sociedad" y que mientras muchos niños discapacitados estan en estan situaciones, otras personas derrochen dinero por otro lado. 

      

Espero que hagaís caso de este asunto por lo menos, para que lo sepa todo el mundo.

                                                                                                                 

Gracias   

                                                                                                                     

Carmen Minguet

 

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AMPAS CHIVA

 

Sabemos la problemática que existe en este municipio en materia de educadores. En todos los colegios hay niños con necesidades especiales, y especialmente en el instituto, donde actualmente hay escolarizado un niño que necesita atención continua, y que tiene asignadas sólo 30 minutos a la semana.

                                                                                                                       

La única solución que le han ofrecido a este niño es darle 11 horas de educador quitándoselas a los otros colegios de Chiva, con lo que se quedan niños desatendidos.

                                                                                                    

Apoyamos a esta madre de Chiva en su lucha para que se asigne un educador a tiempo completo. Que a su vez cubrirá las necesidades especiales de los niños del Instituto.

                                                                                                                

El próximo día 30 de Octubre a las 19 horas, nos concentraremos en la plaza Gil Escartí (puerta del Ayuntamiento), donde se leerá un manifiesto reclamando este EDUCADOR, que es obligatorio por derecho para su integración. Está previsto que asista prensa escrita y televisión.       

                  

ACUDE, este problema nos afecta a todos.

 

REPORTAJE

Aaron, otro año sin educador

 

Educación deja un curso más sin personal de apoyo escolar a un niño de un instituto de Chiva con Síndrome de Duchenne

 

NEUS CABALLER – Valencia – 21/09/2009

    Un año más, Aaron empieza sin educador. "Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El profesional de apoyo para Aaron sigue sin llegar", denuncia Amparo Navarro, madre de este alumno de 12 años, que estudia 2º curso de la ESO en el instituto público IES Marjana de Chiva. Aaron no puede andar. Vive en una silla de ruedas, porque padece el Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.

     

      Este síndrome es una de las enfermedades raras más graves

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo"                                                                                      

La debilidad muscular primero afecta a los pies, el frente de los muslos, la cadera, la barriga, los hombros, codos y después afecta a los músculos de las manos, la cara y el cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.   

                                                                  

Eso es lo que le ha pasado a Aaron este verano. Tras tropezar con la silla de ruedas con un bache en la calle -al no tener fuerza en las manos y codos- cayó contra las rodillas y se rompió las dos piernas. Así que, además, va escayolado.

El inspector de Educación solicitó la plaza de educador el año pasado. Este curso, la dirección del centro -respaldada por el Ampa- tiene que iniciar el trámite otra vez. "Es desesperante, el niño sale del instituto con la bolsa abierta, que se le caen los libros y le cogen las gomas y sin poder ponerse ni la chaqueta", resume su madre. 

                                                                                 

Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con DMD -además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación- tengan "la oportunidad de madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el médico que en octubre evaluó a Aaron el curso pasado. En tres años, certifica el historial médico, Aaron ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% actualmente.

                      

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre. En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aaron, con este tipo de distrofia muscular muy inusual. Sólo la padecen 3 de cada 10.000 niños varones, mientras que la epilepsia afecta a 8 de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja, a 5 por 1.000.

29 octubre 2009

Cuando unos meapilas son más malos que un dolor…

 

 

Campsymascinicos

 

 

 

La voluntad de la Generalitat Valenciana de obstaculizar la aplicación de la Ley e impedir la mejora en el tratamiento de los dependientes queda claro con la reforma llevada a cabo por la misma de las consecuencias del silencio administrativo en la resolución de las solicitudes de los dependientes. La posición inicial de la Generalitat Valenciana ante esas solicitudes fue la de no atenderlas, dejarlas morir en el cajón. Hasta que de repente descubrió que, en aplicación de la legislación estatal, el transcurso del plazo sin dictar resolución conducía a la conclusión legal de que la petición había sido estimada. Es lo que se conoce como silencio administrativo positivo.

                                                                     

La reacción de la Generalitat fue modificar la legislación valenciana para que el silencio administrativo tuviera efecto negativo, de rechazo de la solicitud. Y cuando el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional esta modificación y en previsión de que dicho Tribunal pudiera dictar sentencia favorable al recurso, llevó a cabo una modificación de otra ley en el mismo sentido de que el silencio administrativo tuviera resultado negativo, con el objeto de que, caso de perder vigencia la primera reforma, se aplicara esta segunda. Es clara la determinación de la Generalitat : que no se aplique a los dependientes la ley y para ello ni doto de los equipos evaluadores adecuados ni permito que la inactividad administrativa beneficie a los dependientes.

Fuente: Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

27 octubre 2009

AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales

 

El PSPV afirma que el Gobierno valenciano “se burla”

de los Dependientes al “bloquear” las ayudas

 

27 Octubre, 2009

La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.

Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.

También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.

Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.

Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.

Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.

Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.

Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?

Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.

Francisco Camps y Carlos Fabra.

 

El Sr. Camps y el Sr. Fabra

(este último implicado

en falsificaciones de permisos para

comercialización de plaguicidas)

AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales


El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.

Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.

Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.

Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.

En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.

Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.

Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.

CIFRAS REALES

Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.

“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.

En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.

Fuente: AVADEC

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

 

José Cholbi y Angélica Such, un matrimonio muy bien avenido.

El Síndic de Greuges valora el interés de Angélica Such por resolver los asuntos pendientes de la Ley de Dependencia

 

26 de octubre de 2009.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.

El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.

En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.

Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".

Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.

Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.

Such admite ´esperas indebidas´ en la tramitación de la Ley de Dependencia

 

 

Información.es » Alicante

 

BIENESTAR SOCIAL

 

Suma y sigue

POLÕTICA// LLEGADA DE LOS CONSELLERS AL PLENO DE LA REMODELACI”N. ANG…LICA SUCH.

´Mantendré un clima de

colaboración con los afectados

por la Ley de Dependencia´

 

(Titular de la entrevista realizada el día 30 de agosto de 2009)

 

La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma.

 

A. PRADO

 

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga".

Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura".

La consellera, no obstante, recordó que el informe del comité de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la práctica y su inestabilidad, ya que las comunidades autónomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley. Por ello, reclamó financiación "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que ésta se realice "en función, no sólo del número de personas, sino de los recursos con los que se atienden".

Añadió que en el último año la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez irá a más" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestación o servicio. Respecto al desajuste en la contabilización de expedientes entre el Gobierno central y el autonómico, la consellera apuntó que "el sistema estadístico del Gobierno no respondía a las cifras que teníamos" y, tras la aprobación de un sistema homogéneo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".

Such afirmó que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentará un 22% con respecto al año anterior y, en términos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecerá un 13%.

Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunció ayer que los dependientes tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Gobierno valenciano. Así lo afirmó el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas.

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