La Generalitat ´debe´ dos millones a 150 dependientes por el retraso en aplicar la ley

 

 

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ASPE

 

La Generalitat ´debe´ dos

millones a 150 dependientes por

el retraso en aplicar la ley

 

El PSOE pide al Consell que no trate a los miembros de este colectivo como pedigüeños a la caza de una limosna

 

Las responsables de la Plataforma de la Dependencia de Aspe 

 

 

 

 

INFORMACION

PÉREZ GIL

 

El aspense Juan Manuel Padilla, concejal y diputado provincial, considera una "vergüenza" que más del 85% de los grandes dependientes de Aspe que han solicitado las prestaciones sigan sin recibir un solo euro 29 meses después de la entrada en vigor de la ley estatal.

Los datos oficiales que ha facilitado constatan la existencia de 323 solicitudes en Aspe de las que se han emitido 166 resoluciones de grado y nivel, poco más del 50 por ciento, y de las que 142 corresponderían a grandes dependientes. Son estos grandes dependientes los que, con los baremos establecidos por la ley, deberían haber cobrado a día de hoy dos millones de euros, lo que supone que a cada uno se le adeuda una cantidad media de 18.000 euros.

Unos datos que han llevado al dirigente socialista a afirmar que "la Generalitat Valenciana pervierte el uso de las leyes, que no tienen otro fin que dar respuesta a las demandas de la gente, para ahorrarse un dinero que hasta marzo de 2009 recibía del Gobierno central aunque no le llegaba al dependiente porque el Consell nunca terminaba el proceso". Ahora, el Estado sólo envía el dinero cuando el proceso está totalmente acabado con lo que es el Gobierno valenciano quien obstaculiza, con su inactividad, que los dependientes puedan cobrar. En estos términos lo ha denunciado Padilla advirtiendo que "el dinero de los dependientes hasta marzo de 2009 recibido por la Generalitat nadie sabe a donde ha ido a parar".

Defensor del Pueblo
El dirigente socialista se ha sumado a todas y cada una de las demandas formuladas ante el Defensor del Pueblo por las plataformas en defensa de los dependientes de la Comunidad Valenciana.

En este sentido también exige que el procedimiento desde que se solicita hasta que se concede la ayuda no supere los nueve meses y pide, asimismo, que se acabe con el silencio negativo que viene aplicando la Conselleria de Bienestar Social.

Dignificar el trato
A su juicio son dos medidas esenciales, entre otras muchas que reclaman las plataformas, para dignificar el trato que reciben los dependientes. "Que en el caso de Valencia son tratados sin el más mínimo respeto, como pedigüeños a la caza de una limosna, cuando en realidad se trata de que la Administración Autonómica cumpla con su obligación y no les niegue un derecho reconocido por la ley", reitera Padilla. Por eso rechaza el diputado socialista la medida del Gobierno valenciano de aplicar el silencio negativo a las resoluciones que no se resuelvan dentro del plazo.

Los dependientes se citan en el juzgado para apoyar a una familia que reclama las ayudas

 

 

Comunidad Valenciana

  

Javier  Méndez  muestra  una  fotografía  de  su  hija  Ayeisa. 

 

 

Un juez celebra el viernes la primera vista oral por el caso de una joven paralítica.

 

 

Los dependientes están esperanzados. El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Alicante celebra este viernes la primera vista oral por el caso de una joven con parálisis cerebral, que reclama desde abril del año 2007 los derechos contemplados en la normativa estatal.

Pese a que la familia se muestra escéptica con respecto a lograr una resolución favorable, se trata de la primera demanda en Alicante que, por el momento, no ha sido rechazada por el juzgado ya que otras denuncias anteriores han sido derivadas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia alegando falta de competencia territorial, lo que está demorando aún más todo el proceso.

Ante la posibilidad de que la demanda prospere -lo que abriría las puertas a cientos de afectados- las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia están citando a los discapacitados para que se congreguen pasado mañana en las puertas de los juzgados y muestran su apoyo a la familia de Ayeisa Méndez, de 27 años, y con una discapacidad del 85%.

El padre de la joven explicó ayer que en verano de hace dos años solicitaron las ayudas para que su hija, -que acude al centro privado Infanta Elena, de lunes a viernes y en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde- recibiese los derechos recogidos en la ley.

Hartos de esperar durante año y medio y de no recibir una contestación de la Conselleria de Bienestar Social decidieron presentar la demanda, que posteriormente tuvo que ser ampliada ya que la administración reconoció un grado de dependencia inferior al que considera la familia. Es decir, el Consell le autorizó acudir a un centro, al que ya está asistiendo desde hace años, y no amplió las prestaciones.

«No tengo esperanzas», aseguró el padre, Javier Méndez, en referencia a la resolución que tomará el juez el próximo viernes. Aun así, «seguiré luchando por los que vienen detrás» y para que la administración «deje de torearnos».

Ayeisa necesita una asistencia las 24 horas al día que no se cubre sólo con el centro de día, y cuyo coste es sufragado en parte por los padres. La madre, que dejó de trabajar cuando se publicó la ley, ha tenido que volver al no solucionarse la prestación. «Conforme pasan los años, mi mujer y yo tenemos menos salud y me preocupa el futuro de mi hija», insistió Javier, quien quiere una plaza en una residencia o el servicio de un cuidador profesional o de un familiar que cubra las horas, fines de semana y vacaciones que no está en el centro. El problema, según el abogado de la familia David Gandía, es que ambos servicios son «incompatibles» en la Ley de Dependencia de la Comunitat. El letrado también se muestra escéptico y prevé que al final el caso se remita al TSJ de Valencia por incompetencia territorial. El objetivo será el juzgado de lo social.

Por otra parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, anunció ayer que tiene previsto mantener próximamente una reunión con la consellera de Bienestar, Angélica Such, para encontrar una solución a las quejas que se están recibiendo de familiares por el incumplimiento de la ley.

Ni Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, ni AVAPSA son sensibles con las personas dependientes y su coordinación, absolutamente deprimente.

 

 

FALTA DE CONSIDERACION, LEY DE DEPENDENCIA.

 

El Jueves 24 nos llamaron de Bienestar Social para decirnos que de 12’00 h. a 15’00 h. del Viernes 25 visitarían a mi madre, enferma de alzheimer, para hacer una primera valoración en el domicilio, pidiéndonos que estuviéramos en casa dentro de ese horario, cosa que así fue. Pasaron las horas, y en mi casa no apareció nadie, sobre las 14’00 h. llamo a Avapsa para ver que ocurre, la persona que me atiende me dice “Señora, tenga paciencia que ya irán a su domicilio, y comprenda que son muchas visitas, no solamente la suya.”, le digo que bien, que espero. Llegan las tres de la tarde, las cuatro, las cinco, y así hora tras hora. Nadie apareció, y lo que es peor, nadie se dignó a llamarnos para al menos, darnos una explicación de los motivos. Esto no es de recibo, cuando ya sufrimos bastante calvario las familias con la situación que vivimos, y además con los perjuicios que esto me ha causado, perder un día de trabajo, teniendo que solicitar un día de asuntos propios que tenía reservado para llevar a mi madre al hospital en Diciembre, para el control de su enfermedad. Ese día de Viernes, perder toda la tarde, pues debía ir al médico de familia porque me estoy medicando y necesitaba la receta autorizada para continuar con mi tratamiento para la depresión, y para colmo, este hecho que no tiene nombre. Mi padre es un Señor de 77 años y yo que tengo una minusvalía de un 41%, minusvalía que se está agravando más, los dos, llevamos la situación de la mejor manera posible.

Para concluir, sólo decirle a este Gobierno Valenciano y a los Señores de Avapsa, que paciencia tengo mucha, pero como todo en la vida tiene un límite, y que si tienen muchas visitas que hacer y poco personal, primero, eso no es problema de los afectados, y segundo, que se organicen mejor, porque todo en un día no se puede abarcar de golpe, y que piensen que somos personas como ellos, no marionetas. Si no hay humanidad, al menos decencia y un poco de consideración hacia los enfermos y hacia las familias que lo sufrimos.

Mª Magdalena Martínez Pérez,

ciudadana española discriminada por su diversidad funcional

Rajoy pide en comunidades del PSOE que se aplique la Ley, pero olvida decirle a Camps que haga lo mismo en la Comunidad Valenciana. ¡Por favor, seamos honestos!

 

 

ELCHE

 

Sólo 20 de los 3.674 dependientes de la ciudad reciben las ayudas.

 

Cerca de 470 personas han muerto esperando el apoyo económico oficial.

 

 Elche registra una media de 675 días para la resolución del informe individual.

 

 

 

 

 

Manifestación en defensa de la Ley de la Dependencia el pasado diciembre en la Plaça de Baix. /PACO UCLÉS

ANA TORRES | ELCHE

 

«Once de los 24 centros sociales ilicitanos

atienden a los dependientes»

Desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia en abril del 2007, todos los ciudadanos que padecen alguna minusvalía o no pueden valerse por sí mismos tienen derecho a recibir prestaciones para hacer más llevadera su situación. Pero desgraciadamente, su aplicación en la Comunidad Valenciana está perjudicando gravemente a los afectados.

El caso de Elche es una muestra de ello, ya que de un total de 3.577 dependientes censados, no más de una veintena está recibiendo las ayudas. Así lo asegura la edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, que a su vez recrimina a la Generalitat el incumplimiento de su propia normativa, ya que «está haciendo caso omiso a su obligación de comunicar al Ayuntamiento de Elche las ayudas concedidas, y eso dificulta el recuento», precisa.

Desde la puesta en marcha de la citada normativa, se estableció que su regulación era competencia de las comunidades autónomas, y a pesar de que algunas la han gestionado con diligencia y efectividad, la valenciana y la madrileña están a a la cola en cuanto a prestaciones, ya que una gestión que debería solventarse en un plazo de seis meses, alcanza listas de espera que rozan los dos años.

A pesar de que es la conselleria la encargada de aplicar y gestionar la ley, necesita la colaboración de los ayuntamientos, ya que estos mediante sus centros sociales redactan los informes de los afectados, en los que detallan la situación en la que viven y aspectos como las condiciones de habitabilidad de su vivienda o la disponibilidad de familiares que le presten ayuda.

Para la realización de esta tarea, el consistorio ilicitano es uno de los mejor preparados de toda la comunidad, tanto en número de centros sociales, un total de 24, de los que 11 se encargan de atender a los dependientes, como en número de profesionales dedicados a estos servicios, según apuntan fuentes municipales. Pero he aquí la primera traba en la aplicación de la ley, ya que la empresa encargada de dar la orden para la redacción de los informes, Avapsa, «ralentiza considerablemente el proceso» según lla edil. Esta empresa, creada por la Generalitat exclusivamente para la tramitación y adjudicación de las ayudas, «no funciona correctamente», ya que en lugar de encargar los informes en consonacia con las solicitudes recibidas y en función del orden de llegada, tan sólo ha encargado al Ayuntamiento ilicitano 1.383 informes, de un total de 3.577 dependientes.

Para la consecución del siguiente paso, Avapsa manda a un técnico al domicilio del afectado para realizar la valoración, pero en la mayoría de los casos éste llega un año después de la presentación de la solicitud de ayuda. Tras esta valoración, «nadie sabe lo que pasa», apunta Pérez, «ya que de nuevo transcurren meses hasta que el dependiente recibe la resolución».

En este documento se indica el grado de dependencia así como la inminente visita de otro técnico para realizar su Programa Individual de Atención (PIA) en el que se le asignará una de les prestaciones (ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, residencia, asistente personal o cuidador familiar). «Pero de nuevo pasan los meses sin ninguna respuesta, sin que nadie vaya al domicilio a realizar el PIA», matiza la concejal.

 

Entrega de firmas en el PROP para exigir la efectividad de la ley. /PACO UCLÉS

Según indica la responsable del área de bienestar social, en Elche la media de espera entre la solicitud y la resolución del PIA es de 675 días, casi dos años, mientras que el plazo establecido por la ley es de seis meses. «Pero la situación aún se agrava más teniendo en cuenta a todos los dependientes que fallecen esperando la resolución de la ayuda, una cifra que en la ciudad asciende a aproximadamente a 470 personas desde abril de 2007», lamenta.

¿Alguna vez la Comunidad Valenciana será la primera en algo público?…

 

¿Para cuando seremos los primeros en Asistencia Sanitaria, en la Enseñanza o en la Asistencia Personal para las personas dependientes y con diversidad funcional?

 

A diario estamos asistiendo a un bombardeo propagandístico -en los medios de comunicación públicos controlados por el Consell de la Generalitat Valenciana, utilizados exclusivamente como voz del pensamiento de una corriente política y costeados por todos los valencianos- en los que nos cuentan todas sus conquistas logradas para situarnos a la cabecera nacional de las grandes consecuciones y, en ocasiones, internacionales, en la que según ellos nos proveen de un bienestar insospechado. Y dicen bien, in-sos-pe-cha-do, pues la inmensa mayoría no logra verse reflejada dentro de esa prosperidad que tratan por todos los medios de vendernos, cuando por otro lado y tras estudios y trabajos realizados para conocer el funcionamiento de ciertos estamentos, pongamos por ejemplo la sanidad pública –no digamos tampoco de la enseñanza- declaran que estamos siempre a la cola y mantenida esta privilegiada posición durante muchos años, tantos que no entendemos como no les da vergüenza, a nuestros consellers, proferir tal sarta de insensateces.

Traemos hoy, aquí y ahora, un informe elaborado por el Foro de las Plataformas por la Sanidad donde se demuestra que todo lo que dicen nuestros loados consellers en el gobierno valenciano, no es más que pura fanfarria y engaño, como todo lo que últimamente hacen con el pueblo que los votó.

Informe Servicios Sanitarios sobre las Comunidades Autónomas.

 

Mientras Rajoy critica a la oposición por su falta de sensibilidad con los dependientes, la alcaldesa de Aspe le contradice con su actitud.

 

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CRÍTICA MUNICIPAL

 

· A l c a l d e s a ·

D o ñ a  M a r í a  N i e v e s  M a r t í n e z  B e r e n g u e r (P P)

 

El PSOE pide a la alcaldesa que no dé la espalda a los dependientes de Aspe

 

P. G. El portavoz del grupo municipal socialista de Aspe, Manuel Díez, ha reclamado a la alcaldesa, la popular Nieves Martínez, "un mayor compromiso con los posibles beneficiados por la Ley de Dependencia" que establece importantes prestaciones para aquellas personas que tienen problemas de autonomía en su vida.

Los socialistas, adheridos a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, vuelven a criticar los escasos recursos que el Ayuntamiento dedica a solucionar los graves problemas que la falta de aplicación de la Ley está produciendo en muchas personas mayores y enfermos crónicos.

Diez explicó ayer que el equipo de gobierno del PP se ha limitado a realizar un contrato de acumulación de tareas a una trabajadora social para agilizar las visitas a domicilio y todo ello mediante dos contratos de dos meses cada uno. "Una actuación que -según el socialista- pone de manifiesto que ni para el PP ni para la alcaldesa, las personas y sus problemas son lo primero. Primero está la lealtad a su partido, que entorpece y pone trabas al cobro de esta prestación". Por eso exige todos los recursos necesarios para que los vecinos de Aspe disfruten de un derecho reconocido por Ley y critica a Nieves Martínez por dedicar esos a la "autopromoción y autobombo". Del mismo modo considera que no se puede consentir que 43 personas de Aspe hayan fallecido en estos dos últimos años esperando las ayudas. "En este caso la pasividad de la alcaldesa y sus concejales, sumado a la dejadez del Consell, les hace cómplices de estas tragedias", subraya Díez exigiendo "más valentía" al grupo municipal popular en la defensa de los intereses de sus vecinos en situación de dependencia. Que hasta el día de hoy son 400.

Ante la vergonzosa espantada del Consell de la Generalitat Valenciana haciendo dejación de sus responsabilidades con la Ley de Dependencia, las plataformas en defensa de la Ley redoblan esfuerzos reclamando sus derechos escamoteados.

 

 

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ASPE

 

Una campaña denuncia la muerte de 43 dependientes esperando las ayudas

La Plataforma de la Dependencia exige al Consell que aplique la ley antes de que haya que añadir más fallecidos a la lista de la "vergüenza y la indignidad"

 

 

 

 

Los miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia han colocado cientosde carteles por toda la localidad

 

JESÚS CRUCES

PÉREZ GIL

La aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana está dando lugar a situaciones tan vergonzosas como hirientes. Aspe es un ejemplo flagrante de ello. En los dos últimos años 43 vecinos del municipio han fallecido esperando las ayudas solicitadas. Prestaciones y servicios que el Gobierno central ha garantizado a través de una ley que en otras Comunidades Autónomas se está cumpliendo de manera efectiva.

Una triste realidad que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Aspe, La Romana y Hondón de las Nieves ha querido denunciar públicamente a través de una original campaña que trata de informar, sensibilizar pero, sobre todo, reivindicar.

La semana pasada las calles de Aspe aparecieron empapeladas con cientos de carteles con el número 43 aumentado por una lupa y acompañado de un signo de interrogación y la pregunta: "¿Y tú?". La curiosidad y expectación generadas durante los últimos días entre los aspenses se vieron satisfechas ayer con una nueva tanda de carteles y seis preguntas al aire: ¿Sabes que ya han fallecido 43 personas en Aspe esperando las ayudas? ¿Qué sabes de la Ley de Dependencia? ¿Tienes algún conocido o familiar? ¿Estás concienciado con este tema? ¿Sabes que no se está cumpliendo la ley en esta Comunidad? y ¿Sabes que es un derecho para todos?.

"Cualquier interrogación es válida para que la gente opine sobre este tema porque es muy triste que, en nuestra autonomía, no nos quede más remedio que constituirnos en plataformas -ya son quince- para exigir lo que en justicia nos corresponde y que tengamos que acudir a los tribunales para poder ganarnos un derecho que la ley nos reconoce", comentaba ayer la portavoz de la Plataforma, Mari Cruz Gallego Soria, que aporta más datos e igual de sangrantes. Por ejemplo. De 323 solicitudes de ayuda formuladas en Aspe y Hondón de las Nieves sólo son beneficiarias de la ley 11; pero únicamente 9 han logrado ejercer su derecho porque a dos de los solicitantes la aprobación les llegó después de fallecer. Hay más. Un total de 81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía esperando la valoración de grado y nivel. Solicitaron la prestación pero aún no las han llamado desde la Conselleria de Bienestar Social para analizar sus casos. Ajustándonos a la ley los grandes dependientes deberían ser beneficiarios desde septiembre de 2007. Sin embargo en Aspe los primeros comenzaron a serlo a partir de 2009. Un retraso de más de año y medio. "Y, por desgracia, podría seguir dando cifras y más cifras para vergüenza del Gobierno de Camps e indignación de quienes nos enfrentamos con rabia e impotencia a este muro de incomprensión e incumplimiento", subraya Mari Cruz Gallego.

La campaña va a tener una tercera parte en la que también se va a implicar una televisión local. Todo ello de forma altruista porque quienes integran esta Plataforma no tienen apenas medios. "Sólo tenemos un gran corazón. El gran corazón que parece faltarles a nuestros gobernantes", sentencia la portavoz.

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante da su apoyo incondicional a la familia de Ayeisa.

 

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ATENCIÓN SOCIAL

 

La primera demanda por la Ley de Dependencia se juzgará en octubre

 

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007

 

 

 

 

 

 

• Javier Méndez y su hija Ayeisa, de 26 años, que sufre parálisis cerebral y tiene una discapacidad reconocida del 85%

PILAR CORTÉS

ÁFRICA PRADO El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.

Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.

El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.

Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.

"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.

A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.

“Regalo traje a cambio de una ayuda (a la dependencia)”

 

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MANIFESTACIÓN EN VALENCIA

 

Miles de personas

reclaman en la calle

la aplicación de la Ley

de Dependencia

 

Los participantes lucieron camisetas de color

naranja a modo de protesta y corearon

lemas como "menos trajes y más ayudas"

 

 

 

 

 

La marcha recorrió las principales calles de la capital de la Comunidad y acabó en la plaza de la Virgen

M. A. MONTESINOS

J. V. PAÑOS

Miles de personas -cerca de 10.000 según los organizadores y unas 3.500 según fuentes de la Policía Local?- acudieron ayer a la manifestación organizada en Valencia por las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad, para exigir sus prestaciones "dos años y cinco meses después de su entrada en vigor". La llamada "marcha naranja" -por el color escogido como símbolo de lucha- recorrió las principales calles del centro de la capital autonómica hasta la plaza de la Virgen. Cerca de un millar de personas acudieron desde la provincia de Alicante.

Los asistentes portaban pancartas en las que se podían leer "¿Boicot o descontrol?", "Camps y Cotino marginan a las valencianas y valencianos en situación de dependencia" o "Señor Camps, ¿quiere proteger a la familia? Ahora puede demostrarlo. ¡Justicia para los dependientes ya". También se pudo ver un traje con los bolsillos llenos de billetes de 500 euros en el que se leía "regalo traje a cambio de una ayuda (a la dependencia)".

La portavoz de la plataforma en Valencia, Palmira Castellano, destacó que "estamos aquí para exigir que no se de ni un paso atrás en la aplicación de los servicios sociales" y reclamó una "red pública de servicios sociales, no queremos que se privatice". Así, apuntó que "con el sistema que están utilizando, sólo se está consiguiendo que la situación se ralentice y que el usuario reciba prácticamente los mismo que tenía antes". "Exigimos el derecho a convertirnos en ciudadanos de primera, como el resto de autonomías españolas". El manifiesto, entre otros aspectos, indició en que "es inaceptable que no se haya reconocido ni una sola prestación de asistente personal", "es ilegal que no se reconozca la retroactividad del derecho desde el momento de la solicitud" o que "no es posible que seamos la penúltima comunidad en número de solicitudes de atención a la situación de dependencia".

Manifiesto de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana.

Manifiesto de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana.

MANIFIESTO ( 16 DE MAYO 2009)

Nos hemos movilizado familias, personas en situación de dependencia, profesionales, sindicatos, partidos políticos y la ciudadanía en general, en un ejercicio de democracia, para recordarles a nuestros gobernantes, con respeto y firmeza, sus obligaciones.

Tenemos, por tanto, la vocación pedagógica de explicarles que lo fácil no deben hacerlo difícil, y lo posible imposible. Que la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a Situaciones de Dependencia no puede parecer una carrera interminable de obstáculos para llegar a una meta y terminar preguntándonos ¿qué meta?

En este sentido, y con esta vocación pedagógica, queremos invitarles a imaginar un País, el País Valencia, que desplegara la misma eficacia en la gestión, inversión pública e infraestructuras, que ha desplegado para acontecimientos internacionales como la Fórmula 1 o la Copa América.

Imaginar un País, nuestro País, que cumpliera con el imperativo legal que supone el reconocimiento del derecho a la atención de situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía personal.

Y en este ejercicio de imaginación, tenemos claro que lo que pedimos no son sueños, no son imposibles, que es fácil, que otras comunidades autónomas lo están haciendo (Castilla León, Andalucía, Aragón y País Vasco, entre otras) y tan sólo nos queda preguntamos, ¿por qué imaginan el mundo al revés?, ¿por qué lo fácil lo hacen difícil?,

1. ¿ Es tan difícil divulgar el nuevo derecho que reconoce la Ley e informar directamente a la población, sin teléfonos de la esperanza, y con atención prestada por funcionarios de la Administración?

2. ¿Es tan difícil cumplir con un procedimiento administrativo que supone un periodo máximo de 9 meses, entre la solicitud y el reconocimiento de la prestación económica o el servicio ?

3. ¿ Es tan difícil que la puerta de entrada al sistema sean los servicios sociales municipales, con experiencia reconocida por su proximidad a la población ?

4. ¿Es tan difícil que el catálogo de servicios y prestaciones que reconoce la Ley sea puesto a disposición de la situación particular que padece la persona y su entorno?.

5. ¿ Es tan difícil, distinguir servicios de Promoción de Autonomía Personal, como son los centros ocupacionales, de los Centros de Atención a Situaciones de Dependencia como son los Centros de Día ?

6. ¿ Es tan difícil primar los servicios generadores de empleo frente a las prestaciones económicas ?

7. ¿ Es tan difícil hacer compatibles servicios, que se complementan y que son mutuamente necesarios, para hacer posible la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de su entorno ?

8. ¿ Es tan difícil emplear los casi 111.000.000 millones euros del Convenio de colaboración, y los 36.098.661 euros del Plan E para hacer efectivo el catálogo de servicios y prestaciones por la red pública ?

9. ¿ Es tan difícil ejercer la responsabilidad pública y controlar aquello que se presta, quién lo presta y cómo lo presta?

10. ¿ Es tan difícil priorizar los intereses de los/as ciudadanos/as , de todos/as, frente a los intereses privados, mercantiles?

Todas estas preguntas tienen una respuesta clara, ¡ NO SÓLO ES FÁCIL SINO QUE ES POSIBLE !. Lo que nos resulta IMPOSIBLE de soportar es:

– Que en el 2007 se devolviera a la cantidad de 595.000 € al igual que en el 2008 se dejaron de recibir 22.000.000 € al Gobierno Central por la ineficiente gestión en la aplicación de esta Ley.

– No es posible que seamos la penúltima Comunidad Autónoma en número de solicitudes de atención a la situación de dependencia.

– Es insoportable que hayan fallecido más de 6000 personas en el transcurso de estos dos años y cinco meses esperando una respuesta a su situación.

– Es inaceptable que no se haya reconocida ni una sola Prestación de Asistente Personal.

– Es ilegal que no se reconozca la retroactividad del derecho desde el momento de la solicitud.

– No es justo que se esté privatizando el Servicio de Ayuda a Domicilio.

– No es posible que se primen las prestaciones económicas frente a los servicios.

– Es desesperante que transcurra una media de 582 días desde la solicitud hasta el reconocimiento efectivo del derecho.

¡!! LAS VALENCIANAS Y LOS VALENCIANOS ESTAMOS HARTOS DE QUE NOS DESTROZEN LA LEY Y COMO NO ESTAMOS DISPUESTOS A DAR UN PASO HACIA ATRÁS EN LOS DERECHOS SOCIALES, EXIGIMOS LA DIMISIÓN DE CAMPS Y COTINO YA !¡¡

PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA.