TODOS SOMOS GRIEGOS

Grecia. Aprobada la disolución del sistema público de Atención Primaria. Miles de despedidos. Convocatoria de Huelga indefinida.

Un  nuevo episodio en la dramática situación del sistema sanitario griego se ha inaugurado ,  con los votos a favor de 151 diputados de Nueva Democracia  y PASOK (de 300 escaños parlamentarios) , se ha dado luz verde a la disolución de la atención primaria  de EOPYY  , el sistema de salud  pública, en una nueva institución sanitaria llamada  PEDY , “Primera Red Nacional de Salud ” , un paso para la privatización en la Atención primaria.

El proyecto de ley  aprobado dará  lugar al paso a la “disponibilidad laboral  ” de unos 8.500 trabajadores de EOPYY. Unos  5.000 facultativos serán incluidos en el cupo de la reserva laboral exigido por la troika  y al cierre de la mayoría de las policlínicas del sistema nacional de salud.

La reserva laboral es un una suspensión temporal en la que  los trabajadores cobran el 75% de su sueldo durante unos meses  hasta que son recolocados ,( la mayoría con otros contratos o condiciones ) o despedidos definitivamente. El ministro de Sanidad ha afirmado que solo tendrán que estar un mes en la reserva, pero es poco probable.  El Gobierno tiene el compromiso con la troika de trasladar este año a 12.500 funcionarios a la “disponibilidad  laboral”   a la espera de volver a ser recontratados y  de despedir a otros 11.000.

Desde el 2012 la fórmula legal que ha empleado el  gobierno griego para cumplir con los despidos masivos de  trabajadores públicos , ha sido la de abolir  organismos enteros.  Cerraron la Radio Televisión Pública ERT para cumplir con el cupo de 25oo despedidos ( aunque tenía beneficios) , abolieron la policía municipal ( ahora ingresan bastante menos por  multas de aparcamiento) , suprimieron  50 enseñanzas  profesionales FP, las mas importantes, para poder despedir maestros, o cierran hospitales o escuelas , para que legalmente  se pueda proceder a despedir  funcionarios, al haber sido abolida su institución, en este caso la disuelven en otra.

Concentración de médicos frente al Ministerio de Sanidad . Foto Alfavita

La inminente privatización de la Atención Primaria

El sistema Nacional de Salud tendrá dos subsistemas . La Primera Red Nacional de Salud , que brindará atención ambulatoria a todos los ciudadanos (con derecho a asistencia médica)  y  La Red Secundaria Nacional de Salud , que proporcionará la asistencia hospitalaria, como en la actualidad.

EOPYY,  que todavía mantiene su nombre actual,  comprará los servicios al nuevo operador. Pero el nuevo operador no tiene su formato definido del todo , se  concretará en  los próximos días. EOPYY ahora funcionará  como una agencia de seguros de salud y ”comprará ” los servicios (en nombre del asegurado) a proveedores autónomos de salud para la atención ambulatoria , como médicos , centros de  diagnóstico , clínicas ,etc.

En el presupuesto del 2014  para EOPYY  no se contempla ninguna partida para la atención de personas que no tienen seguro de salud, el 30% de la población, por estar desempleados  por mas de un año . Y el presupuesto general para el sistema sanitario se ha reducido aun mas  en  700 millones de euros. Esta reducción de ingresos supondrá de hecho menos  contrataciones en hospitales que pudieran  absorber los  médicos especialistas que trabajan en ambulatorios; y de hecho los 8500 trabajadores  que se les deja en “suspensión laboral” para ser evaluados y recontratados por la nueva entidad será en otras condiciones contractuales obviamente con menor sueldo.

El cierre de la mayoría de las policlínicas públicas de hecho abre la puerta a la contratación de servicios privados que los sustituyan ( aunque el Estado tiene una enorme deuda con el sistema sanitario privado) y a la saturación de  los hospitales públicos.

Ayer manifestaciones antes de la aprobación de la ley

Un método de dudosa moralidad para echar directamente  a miles de médicos

El Polémico Ministro de Sanidad les ha exigido a los médicos que ahora trabajan en atención  primaria , que trabajen a tiempo completo en las consultas públicas por menor sueldo. De los 5.500 médicos contratados por el EOPYY sólo 1.000 de ellos no disponen de su propio consultorio.

El indescriptible y famoso  por sus polémicos métodos el Ministro de Sanidad griego Adonis Georgiadis  les ha dado un ultimatum a los médicos:

Deben cerrar  sus consultas privadas en un plazo de siete días, luego presentar su solicitud para ser contratados por la institución de Hospitales Públicos (ESY), luego dicha institución los evaluará. El tiempo de espera para dicha evaluación puede ser de seis meses, al final de la cual igual no es contratado. Si la evaluación es  positiva , se les asignará un puesto de trabajo , en cualquier lugar este o no cerca de su lugar de residencia.

En esta nueva evaluación de competencias para ser contratado por  la institución de Hospitales Públicos, se borrarán los años de trabajo acumulados en la institución anterior , con lo que supone de desventaja económica y de clasificación laboral.

Resumiendo la  inmoral propuesta :“ Cierra en siete días  tu consulta privada , con todos los trámites legales, luego solicita un puesto de trabajo en un hospital , aunque lleves años de práctica médica en la especialidad, te haremos una evaluación  y ya veremos si te contratamos , por menos dinero,  en otras condiciones, quizás por horas y a saber en que parte del país  …”

El sistema  sanitario griego de atención primaria permitía que un médico trabajara en la pública cumpliendo su horario y en su consulta privada a la vez  e incluso bajo convenio se les podía derivar pacientes, por lo que la propuesta razonable hubiera sido que tras un proceso de evaluación los nuevos contratados tuvieran que  cerrar sus consultas privadas .Pero este nuevo sistema de chantaje hará que  miles de médicos tengan que abandonar la medicina pública, ante la inseguridad y casi la certeza de que  miles de ellos no serán recontratrados,  en un momento donde se reducen presupuestos, se están cerrando hospitales  y unidades médicas. Se prevé que cierre el 40% de la estructura hospitalaria del país.  De paso se ahorrarán pagarles el 75% del sueldo por no estar en la ” reserva laboral”  a espera de contratación.

El nuevo sistema de Atención Primaria pretende impulsar  la figura del médico de familia en la atención ambulatoria para filtrar  el paso a los especialistas a hospitales, por lo que “reforma” afectará principalmente a médicos especialistas.  Sin embargo, el número de médicos de familia por población no está definido todavía.

El Ministerio de Sanidad calcula que  unos 3.000 médicos abandonarán la medicina publica voluntariamente. Han escogido un plan para provocar el autodespido.

El grupo de trabajo de la troika ha propuesto que  los nuevos médicos de familia, que serán generalistas o de medicina interna y  pediatras,  tengan un sueldo entre 1000 y 13000 euros al mes ( en un país con altos impuestos )  y  2.246 médicos EOPYY , especialistas sean  trasladados a hospitales , pero sin embargo el presupuestos para hospitales este año ya se ha reducido en un 30% y se seguirán cerrando salas  y hospitales  , por lo que cualquier  contratación será o  a tiempo parcial o por  un pequeño sueldo , si es que al final se recontratan.  Sus mismos planes reconocen que  más de la mitad no serán recontratados . Las reducciones en los salarios de los médicos desde el 2010 han ido desde el 26% al  64% , dependiendo casos.

Ministro de sanidad griego  (dcha) junto  con el  alemán al mando del grupo de trabajo de la troika en Grecia  quien ha  dicho  ”estar muy impresionado con la reforma sanitaria griega” . que Alemania  está asesorando directamente.

La escalada del conflicto sanitario .  

Desde finales de Noviembre pasado ante el anuncio de el nuevo proyecto de Ley , los médicos de EOPYY han estado en huelga,  aunque si han atendido en sus consultas privadas,  provocando  un incremento en la afluencia  a las urgencias hospitalarias de un 40%  . El ministro incluso negó que fuera haber despidos , pero obviamente el plan los contemplaba. El  pasado Jueves ante la inminente aprobación hubo una huelga general sanitaria

“Estamos hoy en huelga contra un proyecto de ley que elimina la atención médica primaria pública en vez de reformarla, como pretende”, comentó a la Agencia Efe el presidente de la Asociación Panhelénica de Médicos Mijalis Vlastarakos.

Los médicos han presentado masivamente demandas contra el ministro de Salud,  a la vez que el conflicto se está intensificando , el personal médico ha amenazado con  expulsar de las Asociaciones Médicas a los diputados  licenciados en Medicina que hayan votado a favor de la nueva ley .

La  ley presentada está llena de lagunas, omisiones y ambigüedades , como han  denunciado  los partidos de la oposición; lo que hace de ella un “ cheque en blanco ” para  firmar decretos, aparentemente para facilitar al ministro tomar decisiones en situaciones de “emergencia”. Las Asociaciones Médicas han convocado una huelga indefinida

Huida al extranjero

La disolución de la atención primaria actual en un nuevo sistema , no parece tener como objetivo la reforma del sistema sanitario, que haría falta, si no cubrir el cupo de despedidos acordados con la troika , eliminar  todo tipo de funcionariado  eliminando sus contratos con  nuevas contrataciones, como se está haciendo una a una con todas las instituciones públicas.

Médicos y personal sanitario griego están emigrando por miles al extranjero , preferentemente a Alemania donde hay una gran demanda  y hasta Turquía ha hecho un llamamiento para que médicos griegos se instalen allí en mejores condiciones. ”Cerca de 7.000 médicos en Grecia buscan trabajo en el extranjero. Y los necesitamos. Las puertas de Turquía están abiertas a los  7.000 médicos de  Grecia. Los invito a servir a este país  con sus conocimientos “, dijo el ministro de Sanidad turco Mouezinoglo en la sección en inglés del periódico  turco Zaman. …

PD : Parece ser que la crisis sanitaria griega se agrava por momentos ante la indiferencia europea y lo que es mas grave con el apoyo y colaboración de la Organización Mundial de la Salud que reconoce colaborar con el gobierno griego y acoge con agrado  la “nueva asistencia  sanitaria aprobada” ver

¿Esta la OMS a favor de que el 30% de la población no tenga acceso a la asistencia sanitaria ? ¿ y que los recortes sanitarios hayan disparado el SIDA y las enfermedades infecciosas? …. etc. ¿ Que los enfermos de Cancer desempleados en Grecia se mueran sin atención lo llama la OMS reforma sanitaria en Grecia?……  La indignidad de la OMS en Grecia pasará a la historia , al ser ellos asesores directos de la tragedia que nada tiene que ver  con una necesaria reforma.

Fuente: C.A.S MADRID.ORG

El presupuesto del Ministerio de Sanidad se reducirá entre un 13 y un 15% en 2013

 

El departamento que dirige Ana Mato recibirá un nuevo tijeretazo el próximo año y sólo dispondrá de unos 2.000 millones de euros

La reduccion de entre el 13 y el 15 %, supone unos 300 y 346 millones.

El Presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdadse reducirá entre un 13 y un 15% para el próximo ejercicio 2013, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Este recorte se sumará al ya aplicado para el presente ejercicio y que supuso también la reducción de un 13,7%.

Esta nueva reducción presupuestaria situará la disponibilidad del Ministerio que dirige Ana Mato en el entorno de los 2.000 millones de euros, entre 1.962 y 2.008 millones, en función del porcentaje final que se aplique.

Las fuentes consultadas por Europa Press explicaron que la reducción inicialmente planteada fue del 15%. Sin embargo, el Ministerio negocia con la Vicepresidencia para que el recorte no sea tan elevado, con lo que, precisan, podría estar finalmente entre el 13 y el 15%, lo que supondría, en cualquier caso, un recorte de entre 300 y 346 millones de euros sobre el presupuesto de 2012, que ya experimentó un recorte de otros 365 millones.

Este recorte estará un poco por encima de la media del que se aplicará al conjunto de los ministerios y que se situará en el entorno del 12%, según se anunció en la presentación del cuadro macroeconómico. Aunque hay ministerios, como el de Agricultura, que sufrirán un recorte mucho mayor de la media. En el caso del departamento que dirige Miguel Arias Cañete, la merma estará alrededor del 30% en la capacidad de gasto.

Las fuentes consultadas explicaron que en el caso del Ministerio de Sanidad, la intención es que esta nueva rebaja en el gasto afecte lo menos posible a los programas que financia el departamento de Mato. Es decir, que se centre más en la reducción de gastos internos de funcionamiento y que, en la medida de lo posible, no afecte a los servicios que se prestan.

No obstante, esto sí ha ocurrido con el presupuesto del presente año, en el que se vieron afectadas partidas correspondientes al nivel convenido de Dependencia , al que se le aplicó una reducción del presupuesto de 283 millones de euros. Aunque en las cuentas del presente ejercicio también hubo algunas partidas que aumentaron como la destinada al Fondo de Cohesión Sanitaria que se situó en 93,3 millones de euros.

Fuente: CAS-Madrid.org

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

 

Joan Benach

 

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Servicebritánico que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto al Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista dos tercios de la población tenía alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993 dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.

En 1991, el “Informe Abril” se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos.La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

A finales de la década de los 90 el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a“modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). En Madrid, la cesión en 2005 delhospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. En Cataluña, se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada “Ley Omnibus” contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.

A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, éste se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en “shock” por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto-Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a unsistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porquese renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos”(un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarrearáproblemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que sólo consuman los “clientes” que puedan pagarla.

Joan Benaches profesor de salud pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es “La sanidad está en venta” (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

El País, 16 de agosto de 2012

“ No son recortes, es xenofobia”

Centenares de personas se han manifestado esta mañana en Madrid contra el real decreto que deja sin asistencia sanitaria desde hoy a los inmigrantes sin permiso de residencia. Gritos como “no son recortes, es xenofobia” o “ningún ser humano es ilegal” fueron constantes en un acto que pretendía llamar la atención sobre la situación en la que quedan las personas sin papeles –unos 150.000 no comunitarios entre ellos, según los cálculos de este periódico-.

Faloo, de 30 años, es uno de los afectados. Este senegalés acudió junto a su amigo Mustafá. Llevan cuatro y cinco años en España, respectivamente, siempre en situación ilegal. “Me dedico al top manta” admite Faloo, quien ya ha tenido que acudir a la sanidad pública “por problemas en una pierna”. “Ahora no sé qué va a pasar”, dice. “En el hospital no me han dicho nada, pero la cosa va a ir a peor”.

Faloo representa la incertidumbre en la que vive esta población después del anuncio de los recortes y las distintas declaraciones después de representantes del Ministerio de Sanidad –con la titular, Ana Mato, a la cabeza- y la consejería de Salud de Madrid de que ninguno va a quedar desatendido. “Con esta ley van a machacar a los inmigrantes. Aunque esté bien, de vez en cuando tengo que ir al médico. Hay que revisarse”, dice lleno de sentido común. “Pero no sé cómo lo voy a pagar”.

La misma duda corroe a Lucrecia Sáenz, una nicaragüense de 53 años. “Llevo ocho años en España, siempre en situación irregular”, admite. Se dedica al trabajo doméstico. “He tenido problemas de dolores en la columna, hipertensión y alergias. En el centro de salud no saben qué va a pasar a partir de ahora. Creo que no tengo derecho a volver”, dice resignada. Por si acaso, va a mirar seguros privados, “a ver si hay alguno barato”. Por lo que no puede es quedarse sin atención. “Con que no tome las pastillas un día me pongo fatal”. Ese es, de momento, la principal preocupación de Lucrecia. “Son caras”, dice. “Bueno, para mí lo son. Hay una que son unos 30 euros”. Con la tarjeta, pagaba el 40%, como todos los trabajadores. Sin ella, tendrá que pagar el 100%.

Y ellos siempre han estado en esa situación. Pero anímicamente puede ser aún peor para otros extranjeros: los que han tenido papeles, pero que al quedarse sin trabajo, no han podido renovar la tarjeta. “Tienen la desgracia de haber perdido el trabajo y la sanidad”, afirma Juan Sotelo, presidente del Centro Uruguayo de Madrid. “Yo estoy legal, pero conozco a muchos así”. La discriminación para ellos es mayor, ya que en ese caso un español no pierde la cobertura.

El acto, convocado por una veintena larga de asociaciones – Red por el Derecho a tener Derechos, la Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes, Médicos del Mundo, Economistas sin Fronteras, Cumbre Eslava, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, Asociación de Chilenos Violeta Parra, Ari-Perú, Pueblos Unidos, Paz Ahora, Zerca y Lejos, Territorio Doméstico, Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, Parroquia San Carlos Borromeo y Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, entre otras- duró algo más de una hora. Relegados a una estrecha acera frente al hospital Gregorio Marañón de la capital por la delegación del Gobierno, los manifestantes pronto ocuparon la calle O’Donnell. Los esfuerzos de la organización para reconducir la protesta para evitar represalias fueron inútiles. Solo después de una hora, ante la amenaza de que la Policía Nacional iba a cargar –y con el peligro de que detuvieran a algún indocumentado, lo que podría acarrearle la expulsión-, la protesta se tornó poco a poco en una cadena humana que abarcaba toda la fachada de del hospital.

Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo de Madrid, una de las organizaciones con más presencia en el acto, afirmó que el objetivo de la protesta era la “derogación del decreto por injusto y discriminatorio”. “El turismo sanitario no afecta a los inmigrantes en situación irregular, que no pueden regularizar su situación porque no les dejamos. Eso es cosa de ciudadanos europeos que vienen de su país para que les operen aquí más barato”, dijo. “Los inmigrantes vienen aquí a trabajar y aportar, y los estudios demuestran que van entre un 20% y un 30% menos al médico que los españoles”, añadió.

"En el hospital no me han dicho nada, pero la cosa va a ir a peor", dice un senegalés

Falcones dijo también que con el decreto se corría el peligro de que se colapsaran las urgencias –un servicio al que sí tienen derecho los inmigrantes-. “La primaria es más barata; con este decreto se encarece y se agrava “ el tratamiento de su enfermedad añadió.

Entre las personas que acudieron a la concentración estaba la diputada del PSOE Marisol Pérez, vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad. Esta anunció que su grupo iba a presentar una proposición de ley para que se derogara la parte correspondiente del decreto a lo que calificó de “apartheid sanitario”. También estaban Tomás Hernández, ex secretario del Plan Nacional sobre Sida y actualmente miembro de la dirección de Médicos del Mundo, y Luis Montes, el médico que fue acusado y absuelto por el caso de las supuestas eutanasias en el hospital de Leganés de 2003. Este manifestó que creía que el decreto “era una chapuza”. “Parece que actúan improvisando. Han querido acabar con el turismo sanitario y han metido en el mismo saco a los inmigrantes”, dijo.
No debía de andar muy equivocado Montes. De hecho, poco antes de la manifestación, tras un acto en la Organización Médica Colegial, el director general de Cartera de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, admitió que el objetivo de la medida era el turismo. Y reconoció que él mismo, ”como médico”, si tiene “un paciente delante”, no lo va a “dejar de atender”. “Otra cosa es la facturación”, añadió.

Más injusto es, todavía, para los que sí cotizaron pero han perdido trabajo y tarjeta

Con ello Rivero quiso fijar las líneas del real decreto y defender la interpretación que hace el ministerio (al menos es el único alto cargo que ha hablado de él en rueda de prensa en los últimos meses). “Es posible que hayamos juntado ambos aspectos”, dijo sobre el hecho de que por acabar con el turismo sanitario se había dejado sin atención a los inmigrantes sin papeles.

Pero dejó esa pelota en el alero de cada servicio de salud. “Habrá facturación que se podrá cobrar. Hay convenios con países, y también otros de cooperación internacional”. Lo que está claro, para él, es que “si alguien está enfermo, alguien lo va a ver”. Eso sí, “habrá que ver cómo”, dijo ante la imposibilidad de precisar el mecanismo y la variedad de propuestas que manejan ahora las comunidades. “El que pueda pagar, pagará”, insistió. De hecho, hasta planteó la posibilidad de que una persona que estaba en situación ilegal y no hubiera pagado, recibiera la factura después si era regularizado.

Al margen de las manifestaciones -las de la calle y las declaraciones-, hoy era el primer día en que los inmigrantes se quedaban sin tarjeta, pero al ser sábado los centros de salud no han registrado incidentes. Tampoco los ha habido en las farmacias, aunque hoy entra en vigor el fin de la financiación de 417 medicamentos.

Fuente: El País

 

Manu Chao "Clandestino"

PRIORIDAD PARA CURAR A QUIENES PAGAN.

Los recortes abren una sanidad a dos velocidades en Cataluña

Los ajustes llevan a los hospitales a operar antes a los pacientes dispuestos a pagar

 

Una mujer se ahorra siete meses de espera en La Seu d’Urgell

 

FERRAN BALSELLS Barcelona 9 FEB 2012 – 00:23 CET67

 

Recepción del Hospital de la Seu d’Urgell, en Lleida. / DIARI SEGRE

 

Los recortes en Cataluña están abriendo la vía a una sanidad a dos velocidades, en la que un mismo hospital y médico operan antes a quien está dispuesto a pagar para saltarse la lista de espera. El último caso ha sido el del hospital de La Seu d’Urgell (Lleida), que desde el lunes ofrece sus quirófanos, cerrados por la tarde por los recortes, al sector privado. Teresa Tosas, de 66 años y pendiente de una intervención en la rodilla, evitó siete meses de espera gracias a su seguro privado, que ha alcanzado un acuerdo con el centro.

Este caso puede generalizarse pronto en Cataluña, donde solo ocho de los cerca de 70 hospitales que actúan como públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto son financiados con dinero público, pero gestionados por otras Administraciones —locales, comarcales…— o entidades privadas sin afán de lucro, como la Iglesia. El de La Seu d’Urgell es del Ayuntamiento y el obispado. La dureza de los recortes ha hecho que muchos de estos centros tengan ahora instalaciones infrautilizadas que su autonomía de gestión les permite poner en el mercado en busca de ingresos. “La Generalitat contrata menos servicios, pero los hospitales necesitan mantener sus ingresos”, detalla Juan Cobacho, responsable de sanidad de UGT .

“Se está creando un sistema que solo será rápido para el que pague”, dice el PSC

“Está empezando a configurarse un sistema donde solo el que pueda pagar tendrá una sanidad rápida y eficaz”, alerta el responsable de sanidad del PSC en el Parlamento, Josep Maria Sabaté. Hasta la llegada de los recortes, algunos de estos hospitales tenían acuerdos puntuales con algunas mutuas o seguros privados. Pero para los pacientes de la sanidad pública existía la garantía de ser operados antes de seis meses, límite que ha eliminado el Gobierno de Artur Mas (CiU). Con el aumento de las listas de espera causado por los recortes (un 23% en el primer semestre de 2011, último del que se han hecho públicos los datos), la opción de pagar para saltarse la lista de espera resulta ya interesante para muchos.

“Lo que es nuevo es que la combinación entre recortes y la independencia de gestión de los centros está creando dos listas de espera”, afirma Sabaté.

La reforma para convertir en empresas los ocho hospitales de la Generalitat amenaza con ahondar la brecha

El hospital de La Seu d’Urgell dejó de programar en verano intervenciones quirúrgicas por las tardes y ahora ha empezado a alquilar esos quirófanos a unos 400 euros la hora. Este lunes se realizaron las primeras operaciones, entre ellas la de Teresa Tosas. Al igual que el hospital, el traumatólogo que la operó trabaja para la sanidad pública a través de este hospital y además tiene consulta privada. “El médico dijo que tendría que esperar siete meses o más”, relata la mujer. “Pero que existía la posibilidad de un acuerdo con el hospital para utilizar sus quirófanos para que me operara antes de un mes”.

“Es una perversión del sistema: el paciente acude al mismo centro y le trata el mismo médico que con la sanidad pública, pero además tiene que pagar”, lamenta Cobacho. “Hasta ahora la Generalitat tutelaba que no existiera una diferencia de trato entre la sanidad pública y la privada en los hospitales concertados”, asegura Sabaté. “El trato era similar. Ahora aquellos que contraten una mutua saben que se les opera antes. En muchos hospitales cuando ingresa el paciente ya le preguntan si tiene mutua”, destaca.

La reforma que prepara la Generalitat para convertir en empresas los ocho hospitales que gestiona amenaza con ahondar la brecha. CiU pretende que estos centros presten servicios a la sanidad privada para garantizar la rentabilidad de los centros. “Uno llegará a un mismo hospital y verá dos puertas”, advierte Cobacho. “Solo avanzará deprisa la de los que pagan de más. Y al paciente le preguntarán: ¿Qué puerta quiere?”.

Fuente: El País

Jugando con el dinero Público: Los nuevos hospitales de Madrid.

Costes de los 8 nuevos hospitales privados y lo que llevamos pagado en concepto de alquiler (“canon”) a las empresas propietarias.

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Iniciativa discriminatoria que afectará a la salud ciudadana.

La Asociación para a Defensa da Sanidade Pública rechaza el copago en las recetas de pensionistas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) –

   La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha expresado este viernes su rechazo a la posibilidad apuntada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar el copago en la prestación farmacéutica y ha calificado de "injusta" este medida, en concreto, para el colectivo de pensionistas.

   "Las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia sobre su intención de aplicar copagos en la prestación farmacéutica supone un nuevo paso en su estrategia solapada, pero cada vez más acelerada, de introducir los copagos en la sanidad pública gallega con el argumento de que la crisis obliga a recortar gasto pública", denuncia la asociación.

   En este sentido, considera que esta medida "pretende hacer pagar las recetas a los pensionistas", lo que supone una iniciativa "discriminatoria que limitará el acceso de los pensionistas a la atención sanitaria y afectará a su salud", apostilla.

   "Los pensionistas son las personas con menos ingresos y con mas necesidades de medicamentos por padecer enfermedades crónicas. Son muy pocos los pensionistas que no toman medicación de manera habitual y frecuentemente suelen necesitar varios medicamentos para su múltiples dolencias", recuerda la asociación.

   Por ello, señala que esta medida "es injusta además por que los responsables de la prescripción no son los pensionistas sino los médicos que recetan los medicamentos", que, matiza, "sufren la presión de la industria farmacéutica".

   "Núñez Feijóo da un paso más en su estrategia de hacer pagar la crisis a los sectores más vulnerables y desprotegidos, mientas promete rebajar los impuestos a los más ricos y poderosos", concluye la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública.

El copago sanitario atenta gravemente contra la salud

 

Jueves, 24 de Noviembre de 2011  inSurGente.org

Un artículo de Ángeles Maestro.

Pocas veces ha llegado tan alto el grado de alienación del discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del mismo. El centro del debate político ha sido la salida de la crisis, cuando todo el mundo sabe que después del túnel solo se vislumbra otro aún más negro.

Los candidatos han hablado de que la protección social es intocable cuando acaban de pactar una reforma constitucional que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda, de sus intereses y el cumplimiento a rajatabla de los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción práctica de esa reforma es blindar drásticos recortes del gasto público que, como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos u cajas de ahorros, ni a la financiación de la iglesia católica, ni a la de la enseñanza privada – directa o por la vía de la desgravación – ni a los gastos en armamento,.. etc. Gobierno y oposición están atados a una lógica que, como se está demostrando, nos lleva directamente al precipicio. Han eliminado la única opción alternativa: no pagar la deuda para priorizar el gasto social y reestructurar el sector productivo.

Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro capitalismo es imposible”, el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni 48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro, incluido el más emblemático de todos: el copago sanitario y/o farmacéutico.

Todos lo negaron públicamente durante la campaña, nadie lo llevaba en el programa y todos han callado cuando Artur Mas ha hablado. Las encuestan hablan claramente de un rechazo mayoritario a la introducción de cualquier tipo de tasa por el uso de los servicios sanitarios o farmacéuticos, pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y no sólo para el pueblo catalán.

La introducción de cual tipo de tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente, activo o pensionista, en los medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal. En el caso del pago de los medicamentos sería preciso reformar la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos ..etc, sería necesario modificar el Real Decreto 1030/2006 que regula el contenido de la Cartera de Servicios Básicos y Comunes para todo el Estado. Cuando se publicó un informe interno de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2010 en que se analizaban las “prestaciones prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el ahorro producido por su eliminación o exigencia de copago, se hacía referencia al Real Decreto citado. La conclusión lógica[1] fue que tal Informe era uno de los 17 encargados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las CC.AA. al tiempo que ministras y altos cargos negaban enfáticamente la introducción de cualquier tipo de tasa.

La falacia de “desincentivar el abuso”.

El copago, como bien sabemos es repago, ahora más que nunca. El impuesto sobre las rentas de la población asalariada, detraído directamente de la nómina, supone ya el 85% de lo recaudado por el IRPF, el fraude fiscal – del capital – llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis, la parte de la renta nacional que se llevan los beneficios empresariales ha crecido dos puntos pasando del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar a analizar un sistema fiscal en el que tributa más el dinero ganado trabajando que las rentas del capital, el escándalo de las SICAV, la continua reducción o eliminación de impuestos como patrimonio, sucesiones, la desgravación por el uso de la sanidad y la enseñanza privada, etc.

El pago de una cantidad por el uso de una prestación sanitaria supone gravar a la persona precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad – cuando está enfermo – y cuando además aumentan los gastos de todo tipo y disminuyen los recursos como ocurre con la baja laboral.

El argumento, sistemáticamente utilizado por todos los defensores del copago “desincentivar el abuso” es una falacia. Sin negar que existan casos de uso injustificado de consultas, que deben resolverse de forma individualizada, los datos[2] relativos a las consultas médicas en atención primaria indican con claridad que si se excluyen las consultas de carácter administrativo y las que pueden ser atendidas por otros profesionales – como se hace en otros países – la frecuentación está por debajo de la media de la UE.

Por otro lado no hay que olvidar que es el médico y no el paciente el que prescribe ir al especialista, realizar determinadas pruebas diagnósticas o administrar determinado tipo de medicamentos.

El copago al servicio de la privatización

Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación económica puede ser mayor o menor. La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento. En el caso de tasas sanitarias como las que se introdujeron el pasado mes de julio en Italia (10 euros/consulta atención primaria, 25 euros/ consulta especialista, 25 euros/ atención en urgencias sin ingreso, etc) los efectos, aun no cuantificados, serán demoledores para amplias capas de la población con menos recursos. Así está sucediendo en Portugal donde también se están cobrando 10 euros para acceder a la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que trabajan en el Alentejo refieren estar viendo cánceres con un nivel de desarrollo aquí desconocido como resultado de que la población más pobre prescinde de programas preventivos y retrasa la consulta.

Además de las graves y prioritaria consecuencias para la salud del copago, el impacto sobre el gasto sanitario es justo el contrario: el coste de los tratamientos aumenta.

En Grecia los drásticos recortes en sanidad (despidos, cierres de servicios, etc) han disminuido las consultas en medicina general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y 2010 en un 24% los ingresos hospitalarios.

Si la reducción del gasto no se produce, sino todo lo contrario – habida cuenta además de los costes administrativos generados por la recaudación – , y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que persiguen?

Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15% de la población (personas mayores, enfermos crónicos y pobres, en general) consume el 80% del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o farmacéuticas a ese sector social, asegura el negocio privado en sanidad. Todo el mundo sabe que ante una patología compleja o costosa está asegurada la derivación a los hospitales públicos desde la sanidad privada.

Si a ello añadimos que el capital está trabajando con datos de desempleo en el Estado español del 30% sine die, se está configurando una situación bien diferente de la del pleno empleo que aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro que nos diseñan es el de una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos, como en EE.UU., y una asistencia sanitaria de calidad para quienes puedan pagarla. El copago encaja las piezas del puzzle: pobres, personas mayores y enfermos crónicos consumirán menos servicios sanitarios y medicamentos, independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la enfermedad.

Hay soluciones, exactamente en sentido contrario

El sistema sanitario público tiene problemas serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes agravan. Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas socio-sanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas. A todo ello hay que añadir la parasitación de la sanidad pública por parte de la privada, además del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión privada de la sanidad pública en la resolución de enfermedades graves.

Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, sobre todo los preventivos y de atención primaria, además de medidas integrales de política del medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros, distribución de medicamentos en la cantidad requerida en los centros de salud, etc. Todo ello redundaría a medio plazo en una reducción del gasto y en lo que es más importante: la mejora en la calidad de la atención.

Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria pública.

Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:

– No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la caída en picado de las condiciones de vida de la población.

– El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.

– El co-pago que pretenden justificar desde objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer la privatización (si hay que pagar por ir al médico, ¿por qué no pagar una póliza en la sanidad privada?) y quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.

No es ninguna exageración decir que el copago sanitario o farmacéutico pone en riesgo la vida de muchas personas. Es este un asunto altamente sensible que puede movilizar a muchas personas. Más temprano que tarde hay que ponerse manos a la obra.

Si privatizar empresas es un robo, privatizar servicios públicos como la sanidad es un crimen[3].

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[1] Un análisis pormenorizado del Informe citado puede encontrarse en Maestro, A. (2011) “Datos concretos del copago sanitario” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122105

[2] Consultar http://blogs.publico.es/dominiopublico/1759/el-copago-sanitario/

[3] http://www.redroja.net/index.php/documentos/campanas/501-privatizar-es-un-crimen

Artículo escrito para "El Otro País"

Una entrevista a un premio Nobel de Medicina que no tiene desperdicio

Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos.  Para complementar reproducimos esta entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue publicada por el diario editado en Barcelona, La Vanguardia:

 

¿La investigación se puede planificar?

 

– Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.

– Parece una buena política.

 

– Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…

 

– ¿Y no es así?

 

– A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.

 

– ¿Cómo nació?

 

– La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.

– Toda una aventura.
– Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.

– ¿Fue científicamente productiva?

– Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.

– ¿Qué descubrió usted?

– Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).

– ¿Para qué sirvió?

– Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación indirecta con el cáncer.

– ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?

– Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.

– Le escucho.

– La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.

– Explíquese.

– La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…

– Como cualquier otra industria.

– Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.

– Pero si son rentables, investigarán mejor.
– Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.

– Por ejemplo…

– He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…

– ¿Y por qué dejan de investigar?
– Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.

– Es una grave acusación.
– Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.

– Hay dividendos que matan.

– Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.

– ¿Un ejemplo de esos abusos?

– Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.

– ¿No me habla usted del Tercer Mundo?

– Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.

– ¿Los políticos no intervienen?

– No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos.

– De todo habrá.

– Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos – y sé de lo que hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras…

Fuente: Diario Digital Insurgente

Lucha contra el SIDA

Insurgente

Gracioso, interesante, creativo y mentalizador  spot obra de la agencia TBWA parís para la asociación de lucha contra el sida fráncés AIDES.