LEVANTE-EMV/ E. P. VALENCIA
La situación de las personas dependientes en la Comunidad Valenciana es realmente lamentable. No sabemos qué se está haciendo con los 250 millones de euros que el gobierno central ha transferido a la comunidad para cubrir esta urgente necesidad social.
Sin embargo, sí sabemos que en esta Comunidad tenemos una Ciudad de la Luz -en la cual se han gastado cifras enormes en su creación y en las infraestructuras del entorno- para rodar películas, aunque no sabemos nada respecto al número de puestos de trabajo ni al dinero que genera, ni tan sólo si compensa esta inversión a largo plazo.
También tenemos maravillosos circuitos para carreras de moto, gastamos 2.000 millones de las antiguas pesetas para la visita del Papa (que venga el mismo Jesús y lo vea) y disponemos de instalaciones estupendas para que los veleros más suntuosos y que el personal de élite puedan competir.
Por fin queda la joyita de la corona, nuestra ruinosa TERRA MITICA, un espacio lúdico supuestamente pensado para generar dinero en esta comunidad, pero que hasta ahora nos ha costado a todos montones de dinero. Es muy probable, que en algún momento esos terrenos acaben en manos de constructores que intentarán “ayudar a crear puestos de trabajo”, para seguir ampliando la mole de cemento que rodea Benidorm.
Pero seguimos sin respuesta para aquellos que más lo necesitan. Para quienes cada día supone una lucha constante generar esos medios para sobrevivir o convivir con una enfermedad crónica o una discapacidad. Para quienes ven reducidas sus vidas al cuidado de un enfermo, sin ninguna expectativa más y sin posibilidades de llevar una vida profesional, con todos los beneficios que ello supone.
Los enfermos, los familiares y todos aquellos voluntarios que participan en la gestión de estos problemas, son los que están cargando en primera fila con el peso de La Ciudad de la Luz, Terra Mítica, circuitos de motos, competencias de veleros y visitas papales.
Para más inri, en el uso de las competencias delegadas, el parlamento valenciano ha sacado un decretazo a través del cual, una vez concedida la dependencia, cuando por fín llega si se sobrevive a ese largo periodo de espera, se pagará sólo a partir de la fecha de concesión y no de la fecha de solicitud como está pasando en el resto del Estado.
Sr. Camps… sabemos que no se sonroja, pero… ¿no se le ocurre pensar que cuando ya deje el cargo y vuelva a ser un ciudadano más -que algún día sucederá-, cuando vaya por la calle, más de un dedo -entre ellos estará el mío- le señalarán diciendo “Este hombre dejó que mi madre, o mi padre, o mi hija muriera sin los cuidados que necesitaba y se merecía”? ¿Qué explicación como ser humano le dará a sus propios hijos o nietos?
Rectifique Sr. Camps, que es de sabios, aunque en su caso sólo serviría para devolver la dignididad y los cuidados de muchos desamparados.
El diputado socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata afirmó hoy que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes y de los grandes inválidos al tardar más de cuatro años en proporcionarles las ayudas a las que tienen derecho por ley como constata el hecho, dijo, de que “tras 250 millones de euros trasferidos desde el Gobierno de España y de que 50.000 personas tuvieran derecho a la prestación, sólo 27.000 hoy estuvieran en condiciones de percibirla”.
Mata mantuvo hoy una reunión con la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, para analizar la situación de este colectivo y especialmente de los 25 afectados que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el apoyo jurídico del grupo socialista, su situación por el “bloqueo” de las ayudas establecidas en la Ley por parte del Gobierno valenciano.
Así, estos 25 afectados solicitaron en mayo de 2007 el reconocimiento de su dependencia para percibir las ayudas pero pasado un año aún no habían recibido contestación con lo que, unido al cambio de criterio del Consell por el que el silencio administrativo en lugar de considerarse positivo se cambiaba a negativo, no sabían si sus reclamaciones habían sido aceptadas.
Ahora el recurso está listo para sentencia y Mata recalcó que a la vista de cómo evoluciona el pleito “va a ser que nos van a determinar que la gente es dependiente a los seis meses de que hayan cursado la solicitud, que tienen derecho a la prestación desde esa fecha y que además tienen que ser indemnizados por los daños morales que el retraso les supone”.
En ese sentido, destacó que el pleito ha servido para hacer un seguimiento de cada una de las situaciones y se ha constatado que el Gobierno valenciano “se burla” de las personas dependientes, de los grandes inválidos y de los que tienen graves enfermedades porque “tardan más de dos años en decirles que son dependientes, otro año en decirles qué les correspondería y otro más en proporcionarles estas ayudas” con lo que cuando al fin les llegan “lamentablemente muchos han fallecido”. Por contra, evidenció que la calidad de vida de estas personas “cambiaría muchísimo” si recibiera la prestación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación, Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, mostró su “indigación” pues, dijo, desde que se aplica la ley en la Comunitat “sabemos que no estamos al mismo nivel del resto de las Comunidades” ya que “aquí se están cometiendo una serie de escándalos que hacen que tengamos menos derechos”, se lamentó.
Por ello, manifestó la necesidad de una mayor implicación de la Justicia en la defensa de sus derechos ya que el Colegio de Abogados de Valencia, pese a sus reiteradas peticiones, no les brinda los abogados del turno de oficio que requieren pese a que “no debería ser necesario discutir cuando es un dependiente”.
Al respecto, dijo no entender por qué se prolongan “tantísimo” los plazos, lo que supone “un incumplimiento manifiesto” de la ley, así como el no cumplimiento de la retroactividad o el que no se reconozca la compatibilidad de recursos como en otras comunidades, entre otros aspectos. “No queremos sentirnos ciudadanos de segunda”, proclamó.
CIFRAS REALES
Castellano reclamó conocer las cifras “reales” de dependientes y cuestionó en ese sentido las que aporta la Conselleria de Bienestar Social en las que en septiembre “hablaban de 40.000 solicitudes, lo que les valía para afirmar que aplican la ley en un 90 por ciento de los casos, cuando desde esta asociación se tiene conocimiento de que hay más de 120.000 expedientes“.
“Se está muriendo mucha gente, hay muchas quejas y se está creando un servicio doble que, en lugar de beneficiar al interesado ,está provocando un despilfarro de los recursos que no llegan a la persona que lo necesita”, criticó Castellano, quien añadió: “están destruyendo una cosa que funcionaba para montar otra que no sabemos aún si va funcionar”.
En ese sentido, mostró su oposición a la voluntad de un cambio administrativo ya que ello supondría “atascar la tramitación” al principio del proceso con el propósito de que “se presenten menos solicitudes” ya que se les exigirá una serie de informes que “se tardarán en reunir por el atasco de los servicios municipales”. Por ello, concluyó: “la mejor solución es a través de los tribunales”.
Fuente: AVADEC
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, valoró hoy el "interés" de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas", según informó hoy en un comunicado la institución.
El Síndic de Greuges y Angélica Such se reunieron hoy en la sede de la institución para estudiar la situación de las quejas tramitadas por el Síndic sobre la Ley de Dependencia.
En la entrevista, se puso de manifiesto la política de "puertas abiertas" ofrecida por Angélica Such al Síndic de Greuges, así como su deseo de "intensificar las relaciones" entre la Institución y la Conselleria.
Por ello, Cholbi valoró el "interés" de la consellera por resolver los asuntos pendientes en un campo como el de la Ley de Dependencia "sobre el que se hace tanta demagogia cruel, ignorando que el 70 por ciento de la dependencia lo pagan las comunidades autónomas".
Por su parte, Such adelantó a José Cholbi la salida de un decreto, en el mes de enero del próximo año, en el que se reducen de forma considerable los trámites para solicitar las ayudas. Los trámites permitirán atender primero a los más necesitados, que son quienes no reciben ningún tipo de ayuda.
Tanto Cholbi como Such insistieron en el objetivo común que mueve a la Sindicatura y a la Conselleria de Bienestar Social, que es el de "servir al ciudadano y resolver las demandas que lleguen desde las capas más desfavorecidas", apuntó.
BIENESTAR SOCIAL
Nueva pelea presupuestaria. Se veía venir, porque a las comunidades autónomas les está costando más dinero que al Estado, pero muchas de ellas dan largas a los exámenes iniciales de la dependencia para reducir los gastos. Las ayudas a la dependencia son el nuevo campo de batalla entre Gobierno y comunidades autónomas, política social frente a recortes presupuestarios.
El Gobierno sostiene que la mitad de los costes derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia deben ser sufragados por las autonomías y pueden ser cubiertos de manera suficiente con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que entrará en vigor en 2010 y que contiene un incremento en el reparto de los ingresos que va desde el 33% hasta el 50% del IVA. Otro 50% en el caso de los ingresos por el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el 58% en el capítulo de los impuestos especiales.
Zapatero parece tener muy claro que los gastos que origine el Sistema de Dependencia deben sufragarse con ingresos impositivos y descarta otras vías complementarias de financiación, como las planteadas en el informe de cinco expertos independientes elaborado a petición del Congreso de los Diputados.
Este estudio, presentado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, proponía cinco formas de conseguir más recursos para una financiación que permita la aplicación suficiente de los servicios que hay que dar a los más de 800.000 dependientes reconocidos hasta el momento.
En este informe se proponía subir el IVA otros dos puntos o aumentar la cesión de lo recaudado de este impuesto a las comunidades; establecer una cotización para la pensiones, que los pensionistas paguen parte del coste de las recetas en las farmacias; recuperar el Impuesto sobre Sucesiones o suscribir un seguro obligatorio a partir de una determinada edad.
A pesar de todas estas recomendaciones, Zapatero está dispuesto a que las comunidades autónomas aumenten sus recursos propios para reducir sus déficits. Así, en 2008, diez de las diecisiete comunidades autónomas incumplieron el objetivo presupuestario que habían acordado con Economía.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera presentó un informe en el que se comprueba que más de la mitad de las comunidades había superado el límite pactado, que se situaba en el 0,75% del PIB. El problema es estructural, porque las comunidades más endeudadas fueron las que más se alejaron del objetivo inicial.
Es por ello, que la futura Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno aprobará en las próximas semanas, prevé modificar el Impuesto sobre Circulación de los vehículos para que grave en mayor medida a los automóviles más contaminantes y sea más asequible para los pequeños utilitarios, tal y como se hizo con el de Matriculación.
En este texto, también se prevé incluir nuevos incentivos fiscales para las inversiones en eficiencia energética, energías renovables e I+D, que se aplicarán a través de desgravaciones en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.
Se trata de un cambio de estrategia a favor de las comunidades autónomas, después de que el Ministerio de Ciencia e Innovación perdiese en la partida destinada a programas de I+D+i de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 con un descenso del 3,1% respecto a 2009.
Mientras tanto, los ayuntamientos acumulan una deuda de 32.677 millones de euros —el 3,1% del PIB, según el Banco de España—, y los Presupuestos Generales para 2010 no van a ayudarles a sanear sus cuentas. La financiación de las haciendas locales de cara al año que viene cae un 18,2%, lo que supone casi 3.000 millones menos para las maltrechas arcas municipales. Este será el próximo capítulo de la lucha por las partidas presupuestarias.
Juan Hernández Vicente
Tengo a mi esposa María Araceli Yáñez Cancio, de 83 años de edad, que padece la enfermedad de Parkinson desde 1996, con valoración de la situación de dependencia, cuyo resultado es de 84 puntos, lo que equivale a una dependencia de grado 3, nivel 1. Esto fue valorado con los certificados de los doctores especialistas. Estos certificados fueron presentados con la solicitud de fecha 16 de mayo de 2007 y el 16 de octubre de 2009 se cumplen 29 meses y aún no hemos visto ni un céntimo de euro, cuando en Murcia, Andalucía, Cataluña, etcétera, pagaron las primeras solicitudes a los dependientes a los 18 y 19 meses y después están pagando a los 8 a 10 meses, desde la fecha que la solicitaron. A los que han muerto también las cobran los familiares que los cuidaban, pero en estas comunidades no les gustan los chorizos, mejor las frutas y verduras.
En la Comunidad Valenciana parece que somos africanos, y somos españoles, y no quiero ni un euro más ni menos que los demás dependientes españoles, y mientras no sea así pelearé hasta conseguirlo, porque la mayor parte del dinero que entra en la caja del Estado es de los pobres, y muchas personas dependientes estén abandonadas, despreciadas, humilladas y lo más grave, olvidadas al filo de la muerte. En estos casi tres años de la Ley de Dependencia han muerto sobre 11.000 sólo en la Comunidad Valenciana sin ver ni un euro.
Señor Camps: se le ve a usted muy sonriente y contento saludando al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, don Juan Luis de la Rua. Dios quiera que esa amistad y sonrisa sea para siempre por ambas partes. Usted, como presidente de la Comunidad Valenciana alardea demasiado con que los ciudadanos valencianos son los más protegidos con los parados y con los servicios sociales. Esto no se lo cree ni el más tonto del pueblo.
Hace unas fechas, en una reunión que mantuvieron las diferentes plataformas constituidas en la comunidad valenciana, la correspondiente a la comarca del Medio Vinalopo (Aspe, Hondón de las Nieves y La Romana), nos mostraron una recopilación de recortes de prensa con relación a las noticias y actividades que habían generado desde julio a septiembre de 2009 y nos gustó la colección. Se habló de recibir copias para tenerlas en cada una de las plataformas y así poder consultar, leer o recordar algunos acontecimientos.
Pues bien, ahora acabamos de recibir por correo electrónico, unos cuantos ficheros que recogen esa interesante iniciativa y la traemos hoy para mostrarla, como una curiosidad y para que los amantes de la historia, pues sin lugar a dudas, un día toda esta frenética actividad por lograr todo lo que siendo nuestro se nos niega desde el gobierno valenciano, será historia que la podrán conservar en sus particulares hemerotecas.
Al tratarse de ficheros en formato .pdf que por su amplitud se alojan fuera de esta Weblog, puede demorar un poco su aparición en función de su peso.
Días 10 y 16 de septiembre de 2009
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El padre de Ayeisa sostiene una camiseta de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana
MULTIMEDIA
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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse". Alicante
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.
La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.
Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.
Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.
Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.
Diversidad funcional o la autogestión individual de nuestras vidas. 