Y el Consell de la Generalitat Valenciana no quiere enterarse de nuestras demandas.

PROVINCIA ALICANTE

Más de 300 personas rinden homenaje a los

dependientes que murieron sin recibir la ayuda

Cifran en 600 los fallecidos en la comarca de L’ Alacantí

P. PAU

| ALICANTE

Una mujer deposita un clavel blanco por los dependientes fallecidos, ayer. /

DANI MADRIGAL

Un momento de la lectura del poema en homenaje a los dependientes fallecidos, ayer. / D. M.

Un momento de la recogida de datos de los fallecidos. / D. M.

Más de 300 personas quisieron ayer rendir homenaje a los dependientes que fallecieron sin recibir la prestación que estima oportuna la legislación, impulsada por el Gobierno central, en 2006. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia estima que «en la comarca de L’Alacantí murieron 600 personas», explica Miquel Martorell, coordinador de ésta. En la provincia de Alicante hay 28.000 grandes dependientes y 30.000 severos. Sin embargo, «sólo el 0,6% del total de la Comunidad Valenciana recibe la ayuda. Además, hay un tercio de esta población que todavía no ha hecho la solicitud, pues en muchas ocasiones no saben dónde tienen que acudir o que deben hacer», puntualiza Martorell, que quiere denunciar «el abandono y la dejadez de la Generalitat con las personas que se encuentran en situaciones extremas».

Uno de los primeros que solicitó la prestación fue Manolo Morales. Su padre, gran dependiente, murió en 2008 sin una resolución. Critica la política del Consell y el arremete contra los que les «tratan como números y cifras». «Para la Volvo Ocean Race y para la Fórmula 1 si que hay dinero, pero para los dependientes, no. Esto es lamentable, ya que somos muchas las familias que estamos pasando un calvario por cuidar a nuestros familiares dependientes», explica indignado Morales.

«El conseller no se da por aludido y las concentraciones no llaman su atención. Estas manifestaciones tienen que servir para que los ciudadanos sean conscientes de la realidad social en la que viven, para que abran los ojos y vean el Gobierno valenciano que tenemos», apunta el dependiente Emilio Guillén.

En la sede del Consell en Alicante, a los que van en silla de ruedas los dejan en primera fila. Tras ellos, decenas de pancartas con lemas reivindicativos y una música de fondo que pasa a segundo plano en el momento de los discursos. Todos hacen mención a los cuidadores. «El 85% de los que están pendientes de los afectados son mujeres, están trabajando una media de 10 horas y tienen entre 50 y 55 años», apuntan. Después, la lectura de un poema escrito por Candela Jiménez. Como colofón final, entre lágrimas y aplausos, un clavel blanco por cada uno de los fallecidos inscritos durante la concentración.

Movilización social ante las puertas de la Delegación del Gobierno Valenciano, en Alicante, pidiendo la dimisión del Conseller de Benestar Social, Juan Cotino.

Información.es » Alicante

MOVILIZACIONES

Los dependientes exigen que los familiares de fallecidos perciban las ayudas previstas en la ley

En el acto celebrado ayer en Alicante se leyeron poemas y numerosas pancartas reivindicaban la aplicación de la ley

ANTONIO AMORÓS

Trescientas personas piden en Alicante que se reconozcan las prestaciones, cuya demora es de 582 días.

J. HERNÁNDEZ

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, afectados y sindicatos reclamaron ayer al Consell una compensación económica a los familiares de dependientes que han fallecido (unos 6.400 en la Comunidad) esperando las ayudas de la ley.

Durante el acto en recuerdo de los dependientes que tuvo lugar ayer ante la sede del Consell en Alicante, en el paseo de Gadea y al que asistieron unas 300 personas, se realizó una mención especial a los cuidadores de dependientes, «personas sin preparación especial sometidas a situaciones extremas, en un 85% mujeres de 50 a 60 años, que dedican diez horas diarias a esta labor», que les obliga a dejar su empleo y deteriora su salud ya que suelen presentar después cuadros de estrés y depresión. «Exigimos que lo que no se ha reconocido a los fallecidos y corresponde por ley sea para sus cuidadores», reivindicó Vicente Chavarri, de UGT, con el apoyo de los asistentes.

Miquel Martorell, portavoz de la Plataforma, insistió en que el Gobierno Valenciano incumple los plazos para que los dependientes perciban una ayuda, que la ley marca en seis meses. Según sus datos, la demora media es de 582 días. «Hay personas que llevan cuidando años a un dependiente, solicitan las ayudas para poder respirar un poco pero tardan dos más en concederlas y las comunican después de que el afectado haya muerto. La sensación es que se están burlando». Durante el acto se leyeron poemas y nombres de dependientes que ya no están.

En Elche el Centro de Congresos se llenó de familiares, afectados y ciudadanos en un acto que fue un homenaje a las más de 450 personas de Elche que han fallecido. Y en Ibi unas 150 personas recordaron a aquellos dependientes muertos sin cobrar las ayudas.

Derechos para las personas con discapacidad

Magdy Martínez Solimán, coordinador resi – 06/05/2009

Ayer celebramos un año, tras haberse recibido la vigésima ratificación de la Convención y la décima del Protocolo Facultativo, de la entrada en vigor del mejor instrumento normativo de que se haya dotado la comunidad internacional para adelantar la frontera de derechos y la esperanza de una vida con dignidad de las personas con discapacidad. En ese año hemos podido sumar 139 estados firmantes de la Convención, 82 signatarios del protocolo, 53 ratificaciones de aquélla, y 32 de éste, siendo Sudán el más reciente. Mucho debemos a la ciencia y a la sociedad civil.

Ahora sabemos que en la vulnerabilidad de nuestros conciudadanos que viven con discapacidad hay no sólo una condición diagnosticable sino sobre todo una negativa social a que aumenten sus capacidades, al vedárseles la educación, el trabajo, el ocio, el acceso a casi todo, la salud, los demás servicios públicos y una vida familiar digna de ese nombre.

También hemos aprendido cuánto tienen que ver las discapacidades con el desarrollo. Cuántas de ellas tienen su origen o su agravante en situaciones de escasez y necesidad, trabajos penosos, accidentes laborales en condiciones insalubres o peligrosas, o debidos a malas infraestructuras, violencia y conflictos, guerras y tortura. Hay en el mundo en torno a 650 millones de seres humanos que viven con discapacidad, un 10% de la población mundial, y en torno al mismo porcentaje cifra en México. Son la mayor minoría discriminada del planeta. Estas personas suelen proceder de un entorno pobre, a veces causante de la discapacidad, y su discapacidad les empobrece, en una espiral sin salida.

Como siempre, las personas con discapacidad y sin medios lo tienen casi imposible para superar las barreras y necesitan un apoyo más intenso. De nuestra acción depende su porvenir. Eso han venido a decir los 139 firmantes de la Convención: si antes se afirmaba que el grado de civilización de una sociedad se podía medir, a simple vista, por el trato que dispensaba a sus mayores, añadamos ahora a las personas que viven con discapacidad. Y desconfíe quien esto lea de los lugares en que 10% de la población se torna invisible: es porque está escondida, oculta a las miradas, atemorizada y segregada en guetos y reclusorios cuyas paredes son, a veces, los muros de la vergüenza ajena de sus familias.

Frente a ese pasado, tenemos por delante un futuro de derechos. Estamos construyendo un mundo con menos pobreza, en el que nacerán menos personas con discapacidad por falta de atención médica a sus madres, en el que se evitarán accidentes y violencia, en el que se atenderán situaciones de riesgo y atraso para evitar que se agraven y deriven en discapacidad. Estamos reduciendo la vulnerabilidad. También está promoviéndose el desarrollo humano de las personas que viven con alguna discapacidad, con avances médicos y tecnológicos pero sobre todo con solidaridad social, desterrando la discriminación. Nada duele más a un/a joven que vérsele negado el acceso a un lugar de ocio por causa de una discapacidad, no poder presentarse a una oferta de trabajo a causa de las barreras de la indiferencia, tener prohibidas relaciones normales para la gente de su edad porque los tabúes lo impiden. Nada integra más que la diversión, la cultura, un empleo o un noviazgo. Ellos y ellas también tienen derecho a eso.

No se trata sólo de construir miles de rampas en nuestras aceras. Las mayores empresas comerciales de los países ricos ya han descubierto -y bienvenidas sean- que los carritos eléctricos en los supermercados aumentan las ventas ya que sus productos devienen accesibles a un sector de consumidores antes excluidos. La accesibilidad del entorno físico es un primer paso. Es preciso efectuar un gran número de lo que la Convención llama «ajustes razonables», es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan cargas desproporcionadas, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades. Es aún más importante pensar los productos, entornos y servicios con diseños universales, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de ajustes.

Los estados, los particulares, las empresas, los centros de enseñanza, los municipios, la sociedad civil, todos y todas tenemos algo que aportar para hacer avanzar esta frontera de civilización. Lo primero es actuar, ya que no hacerlo equivale a discriminar. Lo segundo es, obviamente, no discriminar por acción. Estas letras forman parte de un esfuerzo de abogacía para que tomemos conciencia, que comparte Naciones Unidas, quien esto escribe y el diario que lo publica. No debería ser preciso recordarlo, pero hay situaciones de crueldad extrema que nos obligan a decir que las personas con discapacidad tienen derecho a la vida y a la libertad. Hemos de pensar en las situaciones específicas que viven las mujeres con discapacidad, y los niños y niñas con discapacidad, todas las personas con discapacidad cuando se dan situaciones de riesgo y de emergencia. La accesibilidad ha de superar el entorno y adentrarse al mercado de trabajo. Es importante vigilar que en ese y otros contextos no se produzca ni abuso, ni explotación, ni violencia.

El acceso a la justicia es fundamental para personas en riesgo permanente de que se les cercenen sus derechos. Deben tener derecho a moverse libremente dentro y fuera de su país y a vivir de forma independiente. Para estas personas son fundamentales los derechos a la salud y a la educación, pero también el de participación política, en la vida cultural y en el deporte. Para que se desarrollen con éxito políticas públicas integrales, son finalmente necesarios un nivel adecuado de recursos y una información precisa de la realidad y evolución de las distintas situaciones de discapacidad, datos y estadísticas, análisis e investigación.

Dentro de un año México y las demás naciones firmantes deberán presentar al secretario general de Naciones Unidas su primer informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados. México fue uno de los países líderes en el Comité Especial que preparó el tratado, un liderazgo personificado en don Gilberto Rincón Gallardo, que simboliza en una simbiosis perfecta al Estado mexicano y a su sociedad civil. El mejor tributo que pudiéramos rendir a su incansable y exitosa labor de defensa de los derechos humanos sería ayudar a producir avances claros en la condición social de las personas que en México viven con discapacidad. El Congreso de la Unión, en una encomiable revisión legislativa, está reformando la Ley General de las Personas con Discapacidad, para recibir de forma plena las normas más progresivas de la Convención en el corpus legal de la República. El Senado podría asimismo reflexionar sobre la efectividad de reservas que pueden confundir, más que ayudar a promover derechos en base al principio «pro persona», es decir la aplicabilidad de la norma más beneficiosa de cuantas puedan invocarse. Y los tribunales del país podrían aportar un activismo tutelar de los derechos de quienes menos los pueden defender, haciéndose valedores de la Convención como los demás poderes del Estado.

Hemos avanzado en la definición de derechos a nivel internacional, pero no es a ese nivel al que se disfrutan y ejercen las libertades, sino en nuestras ciudades y pueblos, en el trabajo y en la escuela, en los lugares de diversión y encuentro, ante las cortes de justicia y en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en los hospitales. En las mil y una actividades que tejen el presenten, que crean posibilidad de futuro. Como dice la Convención, es preciso promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad; esa es la mejor medida de nuestra propia dignidad. Garanticemos los derechos de nuestras y nuestros conciudadanos, sin reserva alguna.

(Artículo publicado en El Universal)

Educando para la igualdad.

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CARTA A LA PRESIDENTA

Iguales pero diferentes

Las personas con discapacidad piden una actitud de normalidad hacia ellas

JAVIER FONT

Querida presidenta:

Se puede hacer más para promulgar leyes dirigidas a nuestro colectivo.

Somos algo más del 9% de la sociedad, un colectivo nada despreciable.

En primer lugar creo que deberíamos dejar claro un concepto que no acaba de ser entendido desde muchos puntos de vista. En nuestra sociedad actual convivimos un buen número de personas con distintas capacidades. Hasta aquí es todo normal.

Pero parece ser que esa normalidad plural tiende a ser magnificada de una u otra forma y no siempre correctamente, desde nuestro punto de vista. Las maneras de entender y dirigirse a nuestro colectivo necesitan de esa normalidad. Y, como somos algo más del 9% del total de la sociedad, formamos, cuando menos, un colectivo nada despreciable, con derecho a voz y voto.

Somos iguales pero diferentes. Iguales en derechos, sueños, ilusiones, esperanzas y futuro posible. Diferentes en cuanto a nuestras posibilidades, limitadas por cualquier discapacidad. Necesitamos políticas que traten al colectivo con esa actitud de normalidad y una cierta dosis de apoyos que movilicen y generen actuaciones en pos de dicha normalidad.

Creemos que se han hecho unos avances notables en accesibilidad universal, aunque siempre se puede hacer más en promulgar leyes dirigidas a nuestro colectivo, siempre se puede hacer más en adoptar medidas de progreso, aunque es verdad también que existe una voluntad decidida de continuar en esta dirección.

Desde CERMI-Comunidad de Madrid, atentos a la evolución del sector y sus circunstancias, nos debemos a las personas con discapacidad que representamos. Y, sí, hay muchas mejoras en ciertos ámbitos, muchas cosas mejorables en otros y algunas más que se deberían tener en cuenta, sobre todo en momentos donde la situación actual de crisis, también afecta al colectivo sobremanera. Ante esto, planteamos lo siguiente:

– Potenciar el diseño de planes de formación en cooperación con las federaciones de personas con discapacidad.

– Mayor y mejor control en la adjudicación de contratos de gestión pública que no contemple la contratación de personas con discapacidad.

– Impulsar el estudio de un mapa de empleabilidad de la Comunidad que recoja las necesidades formativas y de servicios, demandas de las empresas, de los candidatos al empleo.

– Requerir a la Dirección General de Trabajo mayor control y aumento de inspectores que vigilen el cumplimiento de reserva de puestos de trabajo en las empresas.

– Se impone una coordinación de las Oficinas de Empleo Públicas con las organizaciones que representan al colectivo y que desarrollan programas de empleo para la inserción laboral de empleo con discapacidad.

– Campañas publicitarias para introducir en las empresas la cultura de la necesidad de eliminar las barreras que dificultan el acceso al colectivo de personas con discapacidad.

– Puesta en marcha de itinerarios formativos para personas con discapacidad.

– Impulsar actuaciones que favorezcan el empleo en el ámbito rural para personas con discapacidad.

– Impulsar medidas especiales a los empresarios para la contratación de mujeres con discapacidad.

– Impulsar la creación de ayudas económicas, junto con microcréditos, para la creación de empresas por personas con discapacidad (Autoempleo).

– Potenciar las políticas transversales dentro de la administración que coordine a su vez una política de apoyos integrales que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, tales como, la creación de la figura del asistente laboral, mayores ayudas para el transporte adaptado…

– Acciones formativas para personas con discapacidad mayores de 45 años.

Éstas son, de modo reflexivo, unas cuantas necesidades y demanda que deberían acometerse, por la iniciativa y voluntad política, si se quiere de verdad acercar a los miembros de nuestro colectivo un poco más al estándar de normalidad al que todos aspiramos, y mejorar sus posibilidades de integración sociolaboral.

Planteamos estos objetivos desde la convicción de que se pueden lograr con un poco de voluntad política y social.

Pero también lo planteamos desde la gratitud del que es consciente de los avances conseguidos en este sector y de la sensibilidad demostrada fehacientemente por todos los partidos políticos, en cuyos programas de gobierno no faltan compromisos y apoyos a las personas con discapacidad.

Aun así, los tiempos cambian y nos obligan a adoptar una posición de cambios camaleónicos, sobre todo en situaciones tan dramáticas para el mercado laboral donde las personas con discapacidad, sólo por su condición, padecen esa doble vulnerabilidad, que les convierte en personas con menos oportunidades, algo que va en contra de cualquier oportunidad de igualdad y de nuestra propia Constitución.

Javier Font es presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Comunidad de Madrid).

Roma, las siete colinas y…

Roma, ¿la ciudad con más

inválidos del mundo?

El Coliseo de Roma. (Foto: Reutrs)

IRENE HDEZ. VELASCO desde Roma

27 de abril de 2009.- Roma podría entrar en el libro Guinness de los récords como la ciudad con mayor número de inválidos, tullidos, lisiados y discapacitados físicos por metro cuadrado del mundo. No hay más que dar un paseo por sus calles del centro para percatarse de la enorme e inexplicable densidad de incapacitados que registra la capital italiana, al menos en lo que a conductores automovilísticos se refiere. Cada dos por tres se topa uno con un coche que luce en su parabrisas una tarjeta de color naranja, con un holograma y el esquema de una silla de ruedas, signo distintivo que indica que la persona al volante de ese vehículo es discapacitada.

En una ciudad con la enorme cantidad de coches que tiene Roma y su tráfico infernal, ese pequeño trozo de cartón naranja concede a su poseedor una serie de importantes ventajas. La más destacada: la posibilidad de aparcar en lugares taxativamente prohibidos al resto de los conductores. Un privilegio que hace que esa cartulina naranja desate envidias irrefrenables y haga aflorar los más bajos instintos posesivos. Hasta tal punto que muchos romanos no consiguen controlarse y acaban saltándose a la torera la ley a fin de conseguir hacerse con una.

Una reciente investigación acaba de poner en evidencia lo que se sospechaba desde hace tiempo. A saber: el masivo uso fraudulento que tiene lugar en Roma de pases para conductores discapacitados. Durante los dos últimos meses, un equipo de agentes municipales se ha dedicado con celo a revisar los permisos de cerca de 3.000 automovilistas que lucían en sus coches el distintivo de discapacitados físicos. Resultado: la tercera parte eran ilegales.

Muchos de los pases eran copias tan perfectas de los originales que la policía cree que detrás de ellos pudiera encontrarse una organización de falsificadores, similar a las que se dedican a piratear los bolsos de las más exclusivas firmas de moda.

Pero algunos prefieren utilizar el pase de un pariente discapacitado fallecido, o echar mano de vez en cuando del permiso de un amigo o familiar con invalidez. Se trata de algo tan extendido que en febrero del año pasado pillaron nada menos que al mismísimo jefe de la policía municipal de Roma, Giovanni Catanzaro, aparcando su imponente Alfa Romeo rojo en una zona prohibida y tratando de escaquearse gracias al permiso de discapacitado de su señora suegra, de 86 años.

Aquello le costó el puesto, pero todo indica que aún hay muchísimos romanos dispuestos a seguir su ejemplo.