¿Será cierto esto? Porque lo de Olivenza, huele a observatorio muerto.

 

Luz verde al anteproyecto que transpone la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad

Amplía un 2% el cupo de empleo reservado y modifica el régimen sancionador para perseguir la discriminación

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) –

   El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de diez leyes para implantar, entre otras medidas, una revisión del acceso al empleo público ampliando al siete por ciento el cupo de reserva.

   Así lo ha explicado la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha destacado en rueda de prensa que el anteproyecto introduce además una "nueva definición del concepto de personas con discapacidad y favorece que puedan presentar por sí mismas su consentimiento en los procesos sanitarios".

   En concreto, en materia laboral, se recoge el citado aumento del cupo de reserva, que pasa del cinco al siete por ciento, con la previsión de que el dos por ciento de empleos reservados sean ocupados por personas con discapacidad intelectual. Además, se ordena al Gobierno que en un año promueva medidas para garantizar que esta reserva se produce "en las empresas de más de 50 trabajadores".

   El antreproyecto modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a fin de que si una administración de servicios sociales comete una infracción muy grave, pueda conllevar la "inhabilitación definitiva" de estas actividades.

   Además, en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ocurre con los casos de género.

   En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada a sus diversas capacidades" igual que la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE Y LOS SEGUROS

   Por otra parte, la norma contempla que "todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte", como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado "incorporarán una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación".

   En este sentido, se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros para que no se pueda denegar este servicio o imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

   En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

   Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.

   Este anteproyecto es fruto del trabajo de un grupo interministerial cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. En total, modifica diez leyes aunque se completará en los próximos meses con la modificación de otras normas, conforme ha avanzado el Gobierno.

Fuente: EP Social

Cualquier parecido con la realidad no es más que producto de una buena y costosísima además de ineficaz publicitación.

 

España propone a la UE ratificar la Convención de la ONU de discapacidad

Servimedia (08/06/2010)

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La presidencia española acaba de presentar una resolución al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea, relativa al nuevo marco europeo de discapacidad, en la que invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incitar a que los Estados Miembros y las Instituciones Europeas la apliquen cuanto antes.

Dicha resolución subraya que la cohesión social en Europa se debe basar en el principio de "nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad" y en que el acceso al empleo, bienes, servicios, educación y vida pública y social son un prerrequisito para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Así, la propuesta de resolución indica que el Consejo invita a la Comisión Europea a apoyar la implementación de la Convención. También propone preparar una nueva Estrategia Europea de Discapacidad que se integre en el marco de la Estrategia Europea 2020, los Tratados Europeos y la Convención de Naciones Unidas, así como promover y mejorar la accesiblidad, gracias al establecimiento de un premio europeo anual para las ciudades accesibles.

Asimismo, plantea reforzar los mecanismos de colaboración y participación por parte de las personas con discapacidad, sus familias y los organismos o asociaciones que las representan.

Además, la resolución también invita a las instituciones Europeas, entre otras cosas, a garantizar el principio de igualdad de trato e igualdad de oportunidades, por ejemplo, incrementando el número de trabajadores con discapacidad en las instituciones; al mismo tiempo que hace un llamamiento a las futuras presidencias de la UE para que continúen manteniendo regularente las reuniones informales de ministros en materia de discapacidad.

Más información

• Convención de la ONU 2006

Poder no es deber y seguimos a la espera de que otros decidan si somos plenos perceptores del derecho de decidir por nosotros mismos.

España modificará leyes para adaptar la Convención de la ONU de Discapacidad

Foto: BALONCESTO PARA TODOS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) - 
  

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe en el que se detalla que el Gobierno tendrá que realizar "ajustes normativos" en ámbitos que van desde la sanidad hasta la legislación civil, mercantil, penal o de integración laboral para que España pueda adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008.

   Según informó en rueda de prensa la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el informe, elaborado por un grupo interministerial presidido por la cartera de Sanidad y Política Social, plantea "una serie de ajustes normativos en diversos campos que inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos".

   Para Fernández de la Vega, la traslación al ordenamiento jurídico español de la Convención de la ONU sobre discapacidad, supone que en España la atención a las personas en esta situación no se aborde como  "una preocupación de bienestar social, sino como una cuestión básica de derechos humanos".

   El informe detalla que si bien "la legislación española es una de las más avanzadas en el mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad", aún "hay que realizar modificaciones normativas en diferentes materias para adaptarla a las directrices de la Convención".

DECIDIR "POR SÍ MISMOS"

   Entre las medidas propuestas, la vicepresidenta destacó la modificación legal que habrá que emprender para que las personas con discapacidad puedan decidir "por sí mismas" en procesos sanitarios como transplantes o ensayos clínicos o aquella que promoverá la igualdad de trato tanto en el matrimonio como en la paternidad.

   Además, se establecerá una "nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades" y se incluirá la discapacidad "como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias". En este sentido, se propone eliminar de las normas "los términos peyorativos como ‘incapaz’ o ‘minusválido’ y sustituirlos por ‘persona con discapacidad’".

   En las áreas de legislación civil, mercantil y penal, las reformas afectarán a "cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia y la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad", explica la referencia del Consejo.

   Respecto a la integración laboral, se prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, aumentando el cupo de reserva para las personas con discapacidad al siete por ciento; y sobre la contratación en el sector privado, para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva.

   El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, "debido a la complejidad de estos temas", conforme informó el Consejo de Ministros.

Los que dicen que nos representan parece que ya se mueven

Propondrán ajustes jurídicos

20 expertos velarán por el respeto a los derechos de los discapacitados

ESte lunes se ha constituido en Madrid el Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Compuesto por 20 expertos cualificados en materia de derechos humanos, de diversas instancias tanto públicas como de la sociedad civil, el Comité es un órgano de soporte a la labor del CERMI de supervisar la aplicación de la Convención de la Discapacidad en España.

Con la creación de este Comité, el CERMI quiere contar con el parecer, las propuestas y las recomendaciones de todas aquellas instituciones y personas comprometidas con los derechos humanos, para desplegar en las mejores condiciones su función de órgano de la sociedad civil encargado de supervisar la aplicación de la Convención en nuestro país.

En la reunión de hoy, se han adoptado los objetivos y el plan de trabajo para el año en curso, que se centrarán en gran medida en la elaboración del Informe sobre Derechos Humanos y Discapacidad 2009, y en el estudio de propuestas para el ajuste del ordenamiento jurídico español a los principios, valores y mandatos de la Convención.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

Con motivo de la inclusión una de indios y otra de vaqueros.

Con motivo de la campaña emprendida por padres y madres de niños con diversidad funcional para que el pacto educativo contemple la inclusión de sus hijos, envié un modelo de demanda a la presidencia del gobierno de lo que ya dimos cuenta e información en anteriores entradas, habiendo recibido con fecha de hoy la respuesta que podréis visualizar clicando en el interior del casillero y ante la que emití el envio que sigue a continuación, en aclaración o contraposición a dicha respuesta.

De: Ciudadan@s [mailto:no-reply@presidencia.gob.es]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 12:24
Para: msierrahoyos@derechoshumanosya.org
Asunto: Presidencia del Gobierno

GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Sr/a. Se adjunta contestación relativa al escrito remitido por usted. Atte. Presidencia del Gobierno

De: Mª Ángeles Sierra Hoyos [mailto:msierrahoyos@derechoshumanosya.org]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 19:07
Para: ‘Ciudadan@s’
Asunto: RE: Presidencia del Gobierno

Estimado Sr

Agradezco su atenta de hoy, en la que sin duda me manifiesta todo el cúmulo de voluntades legislativas y políticas existentes en nuestro país respecto a las personas con diversidad funcional (discapacidad) y más específicamente en el sistema  educativo, pero no así, -he de manifestarle-, concordante con la realidad administrativa que impera a la hora de su aplicación y que en la práctica del día a día, las contraviene y derrumba.

Razón ésta  que conlleva a que ante el abandono administrativo y la falta o escasez de recursos  para proporcionar esa igualdad de oportunidades que nuestras leyes garantizan,  un cada vez más numeroso grupo de ciudadanos con diversidad funcional y sus familiares, nos veamos día a día teniendo que alzar la voz para reclamar el espacio social que nos pertenece y del que en la práctica se nos discrimina.

Si bien es cierto que España ha sido uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, de lo cual muchos nos felicitamos, como medida de arranque y sobre todo de garantía a la hora de ejercer la exigibilidad que la misma Convención nos otorga en pro de nuestro derecho de igualdad e independencia, no lo es menos que este derecho y de una forma mayoritaria, aun hemos de conquistarle a fuerza de demandas, denuncias y batallas públicas porque la práctica social y administrativa diaria nos le viene a arrebatar.

En un Estado de Derecho, moderno y desarrollado como el nuestro estas situaciones que se producen por miles y a diario provocando el dolor, el sufrimiento y la merma del desarrollo humano de muchas personas y sus familias,  no deberían en modo alguno de producirse, por lo que entiendo que compete en primera instancia al Gobierno de la Nación hacer saber y valer a todas las administraciones y departamentos públicos  que de él penden que son este tipo de situaciones por negación de los apoyos legislativos llevados a la práctica,  -como la que hoy demandan por la inclusión real en las escuelas los padres y la madres-, las que de inmediato y por mera cuestión de derechos humanos,  deben erradicarse.

A la espera y en la confianza de su plena acción al respecto para que así sea, le saluda atentamente

Mª Ángeles Sierra.

9280740X

Activista Social por los Derechos Humanos.

P.D. Participo el envío de  este correo al Foro de Vida Independiente del que soy miembro para  su posterior publicación como medida de apoyo en los diferentes medios de comunicación de que sus miembros disponen y como medida de apoyo al artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo  a la toma de conciencia.

Piden al Gobierno que cuente con los discapacitados en el Pacto Educativo

 

H.H. > A CORUÑA

“Por un pacto educativo para todos” es el nombre del colectivo de madres gallegas que ha creado un blog para exigir al Gobierno que tenga en cuenta a los niños discapacitados en el Pacto de Estado Educativo que está configurando el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, junto con el resto de formaciones políticas. Destacan en este grupo la coruñesa, Ester Cuadrado, y la pontevedresa, Cuca Da Silva, ambas creadoras del portal multimedia e impulsoras de los primeros contactos con el Congreso para que éste traslade su reivindicación a la comisión encargada de la redacción del borrador del convenio formativo.

El colectivo lo completan Inma Cardona, Eva Reduello y Marichu Moreno, todas ellas madres de niños que han sufrido problemas en el ámbito educativo por sufrir algún tipo de diversidad funcional.

El objetivo de las progenitoras es que en este pacto, que según sus promotores proporcionará equilibrio, estabilidad, cooperación y coherencia al sistema educativo, se establezcan las bases esenciales para que los menores con necesidades educativas especiales cuenten con un modelo que les ofrezca una asistencia en igualdad de oportunidades, tal y como especifican las leyes españolas.

Apoyos >

Hasta el momento, la web (http://pactoeducativoparatodos.blogspot.com/) ha logrado el apoyo de más de 1.500 personas y aseguran que esto es sólo el principio. Exigen que los centros educativos aseguren la accesibilidad en general para que el modelo educativo se pueda tildar de “inclusivo”. Las madres han remitido una serie de reivindicaciones a los diferentes grupos políticos que configuran el Congreso de los Diputados. Entre ellas destacan la adecuación de los entornos físicos, ayudantes técnicos educativos, que asuman el apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, como ir al baño, asistencia en el comedor, desplazamiento y apoyo en la aplicación dentro del aula de los ejercicios programados para el alumno, así como en excursiones o cualquier otra actividad exterior.

Por otro lado, demandan la implantación de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) en las clases teniendo en cuenta la accesibilidad de los niños con diversidad funcional. Aseguran que es necesaria la incorporación de profesionales cualificados para niños con necesidades específicas que necesiten atención personalizada, independientemente de que su diversidad sea física, sensorial o intelectual.

Por último, señalan que para lograr esta inclusión en el Pacto de Estado Educativo la administración central debe asegurar la formación para todo el profesorado en diversidad funcional.

Obligación >

En este contexto, el colectivo recuerda que España ratificó en 2008 la convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, por lo que sostiene que las autoridades educativas están obligadas a respetar este tratado mundial, “poniendo al día su política educativa según la normativa de este convenio”, indica Esther Cuadrado.

El secretario de Ideas y Programas del PSOE y ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya ha contestado a las reclamaciones de estas madres. Asegura que transmitirá a al Gobierno esta demanda lo antes posible.

Fuente: El Ideal Gallego

EL CERMI FORMARÁ A ESTUDIANTES DE LA CARLOS III EN DEFENSA JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD

 

                                        

12/01/2010 SERVIMEDIA

Estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid recibirán formación práctica en el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en cuestiones de defensa jurídica de la discapacidad, según un acuerdo suscrito entre ambas entidades.

Los estudiantes, seleccionados por la universidad madrileña, realizarán un completo programa de prácticas en la Delegación del Cermi para la Convención de la ONU, con el fin de adquirir conocimientos y habilidades en relación con este tratado internacional protector de los derechos de las personas con discapacidad.

Con este acuerdo, el Cermi pretende contribuir a la formación de futuros profesionales jurídicos en materias relacionadas con la defensa jurídica de la discapacidad y, en concreto, con la aplicación en España de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los estudiantes en prácticas analizarán las quejas y reclamaciones por violación de derechos que se reciben en Cermi y plantearán vías de acción y soluciones a la luz de la Convención de la ONU. También colaborarán en la redacción de informes y propuestas que el Cermi elabore en desarrollo de su cometido como entidad privada responsable del seguimiento de la Convención en España.

A algunos nos gustaría poder cantar su cumplimiento. Entre tanto y tanto, cada uno en su estilo: ¡Cantemos!

La Convención de la ONU ya tiene himno

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    Fecha : 08/01/2010

El compositor Pablo Peláez ha sintetizado en una obra los ideales del texto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una composición para orquesta, coro y solistas que lleva por título “Himno a la esperanza (Spes)”.

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El Auditorio Nacional de Madrid ha sido el escenario en el que se ha estrenado esta brillante composición, interpretada por la Orquesta Filarmonía y Coro Filarmónico dirigidos por Pascual Osa. Todos los derechos generados por esta obra serán destinados a acciones encaminadas a difundir la Convención, tal y como explica Ana Sastre, delegada del CERMI para el texto de Naciones Unidas.

"Al principio, se pensó en crear una Fundación que gestionase los derechos de la obra, pero finalmente hemos decidido que, por cuestiones de operatividad, rapidez y eficacia, que sea un contrato de cesión de derechos los que vincule la sinfonía con la Convención", explica Sastre. "De este modo, todo lo que genere económicamente servirá para impulsar nuevas acciones que difundan el texto", apostilla.

La obra está escrita en latín a parte de por la querencia del compositor a esta lengua, porque tiene vocación universal. "La obra nace con la intención de ser una instrumento de la Convención, de ahí que, a cuantas más personas llegue, mejor", cuenta Pablo Peláez.

"Hemos conseguido hacer un himno vitalista, entusista, capaz de abrir nuevas puertas y capaz también de contribuir a un cambio de mentalidad profundo y radical", concluye Peláez.

¿Máscara o realidad? Solo el tiempo nos sacará de la incertidumbre de su hoy dudosa validez por la relación de dependencia con que arranca y el maridaje que presenta.

Un comité ciudadano realizará el seguimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad

El CERMI fue designado por el Ejecutivo español como órgano privado para la supervisión de la aplicación de este tratado internacional

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha creado un comité para asesorar a la plataforma de la discapacidad en sus funciones de órgano oficial de seguimiento de la aplicación en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el citado comité tendrán cabida diversas instancias de la sociedad civil y personas expertas en derechos humanos y discapacidad, miembros de la judicatura, el ministerio fiscal, la universidad, las entidades genéricas de defensa de los derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc. Además, estará abierto a la sociedad civil española, según destacó el CERMI, que recabará el apoyo y el asesoramiento de este Comité para desplegar y llevar a efecto su función de promover, seguir y supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

En septiembre, el CERMI fue designado por el Gobierno español como órgano privado para el seguimiento de este tratado internacional en nuestro país. Con la creación del Comité, el CERMI pretende reforzar esta labor para que todas las actividades que desarrolle cuenten con el parecer y las aportaciones de todos los sectores cívicos interesados por el respeto a los derechos humanos.

 

Fuente: Consumer Eroski

Vulneración de derechos = a derechos impracticables = a sistema inservible.

Un informe analiza los derechos humanos de las personas con discapacidad

El Cermi denuncia las vulneraciones

El Comité Ejecutivo del Cermi, ha aprobado el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

JESSICA HERNÁNDEZ.El Informe, cuya autora es la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficits en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Según el Informe, "muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales". Por este motivo, continúa siendo "imprescindible el impulso y desarrollo de campañas de sensibilización y programas educativos que lleguen a todos los estamentos de la sociedad".

El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Se hace alusión al Código Penal donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene "graves taras físicas o psíquicas". El Informe argumenta al respecto que "implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma". En este sentido, el Cermi considera la legislación "claramente discriminatoria por no respetar el derecho a la vida y se exige una rectificación en la ley del aborto que se está elaborando".

El Informe también cuestiona los internamientos forzosos, en tanto que vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental. "En muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables".

Asimismo, el documento destaca una de las contradicciones más relevantes que contempla el ordenamiento jurídico en relación a la Convención de la ONU, ya que permite la esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

El Cermi recuerda que la defensa del derecho a la familia es una de las prioridades que recoge la Convención, haciendo especial hincapié en el sistema de apoyos que debe habilitarse al efecto. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece recursos importantes para desarrollar este derecho, pero ni permite al usuario elegir los apoyos que más se adecúen a su situación, ni extiende las ayudas del asistente personal a todas las personas con discapacidad, ni considera el ocio como una parte fundamental del desarrollo de la persona. Además, hay Comunidades Autónomas que han dejado fuera del sistema de ayudas a los niños con discapacidades severas menores de 16 años por considerarles responsabilidad de los padres.

La reformulación del concepto de discapacidad es otro de los temas aludidos. Al respecto dice que "se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos". La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según este documento. Del mismo modo, reclaman la incorporación sistemática del factor discapacidad o de módulos específicos en la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Hogares o la de Salud y otras similares.

Los ámbitos educativo, laboral o sanitario también se abordan en el Informe desde la perspectiva de la discapacidad por entenderlos clave para el desarrollo autónomo de este grupo de población. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan.

Por este motivo, el Cermi ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social les ha dejado al margen de dos órganos fundamentales: La Comisión de Seguimiento de la Valoración del grado de minusvalía, que interpreta y define los criterios oficiales de discapacidad y la Comisión Asesora de la Prestación Ortoprotésica, que pretende revisar y actualizar el catálogo disponible.

SUSPENSO EN ACCESIBILIDAD

Según el Informe, la accesibilidad constituye "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad". Solo durante 2008 el Cermi denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado.

Además, las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas han agravado, según este Informe, los problemas de accesibilidad, "ya que en muchas de ellas ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos".

Algunas de las acciones positivas que se proponen en el Informe son la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página Web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física y la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

El Cermi valora, sin embargo, algunas experiencias positivas que ya se están desarrollando para la accesibilidad a los recursos culturales y de ocio como visitas específicas para este sector social en el Centro de Arte Reina Sofía y la utilización de audioguías y signoguías en el Museo de Arte Romano de Mérida.

En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como incapaces a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. También, existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitctónicas en las dependencias judiciales.

Las fuentes de información utilizadas para realizar el Informe han sido consultas y denuncias recibidas en el propio Cermi, acciones emprendidas, etc. Además, el documento resume casos de discriminación flagrante, se recogen resoluciones judiciales y se proponen iniciativas que se deberían llevar a cabo para que se apliquen los mensajes de la Convención de la ONU.