El ex ministro Sevilla cree que algunos grupos de poder están "más cómodos" con Salgado que con Solbes

 

 

 

El ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla

cree que "algunos de los grupos de poder más importantes

del país" están "más cómodos" con la actual ministra de

Economía, Elena Salgado, que con su predecesor en el

cargo, Pedro Solbes. Seguir leyendo el arículo

 

Noticias relacionadas

• Vídeo: Salgado, "optimista" pese a los datos del paro
• El PP estima "hilarante" que Salgado reclame dinero a Aragón "cuando mantiene una deuda de 700 millones"
• Aguirre responde a Salgado que la deuda de Madrid con el Estado es "ridícula" porque ya se le retiraron los anticipos
• El presidente de La Rioja duda de las deudas de las CCAA que dice Salgado y dice que su CCAA no debe nada
• Más noticias sobre Elena Salgado

Foro: Elena Salgado

En una entrevista en El Siglo’, que recoge Europa Press, el diputado socialista opina que la relación del Ejecutivo con estos grupos –"los de siempre: la banca, los constructores, los promotores, las eléctricas", explica– "se ha relajado excesivamente tras el cambio de Gobierno" que emprendió el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado mes de abril.

Al ser preguntado por si cree que estos grupos están contentos con el cambio de Solbes a Salgado, responde que, a su juicio, estos grupos "están más cómodos con este Gobierno que con el anterior".

Para Sevilla, con el último cambio de ministros se buscaba "una mayor sincronía entre lo que era la visión del presidente y la ejecución de esa visión por parte del Gobierno". En su opinión, la concentración de decisiones en el jefe del Ejecutivo "se ha ido agudizando con el ejercicio del poder.

"Desde el diálogo social, hasta el Presupuesto, pasando por la financiación autonómica o el cierre de una central nuclear, todo pasa por la misma mesa, que es la del presidente", afirma. Esto ha conducido, continúa, a que hoy día "el papel de los ministros sea algo menor que en otros momentos".

FINANCIACIÓN, CAUSA DE LA CRISIS DE GOBIERNO

Con todo, para Sevilla, la causa concreta de la crisis de Gobierno vino por las diferencias en torno al nuevo sistema de financiación autonómica. En su opinión, había "una distinta percepción de lo que hacía falta entre el anterior ministro y la actual" y por eso "seguramente se produjo el cambio de Gobierno".

A su juicio, el "nuevo ritmo" que Zapatero dijo querer dar al Gobierno con los cambios "seguramente significaba desbloquear cosas que estaban bloqueadas". "La pregunta es, ¿estaban bien bloqueadas", apunta.

Para el ex ministro, Solbes tiene "una visión de Estado muy pronunciada" y "una de sus principales obsesiones" era "llegar a que una comunidad autónoma que necesite más dinero se lo pida a sus ciudadanos en lugar de pedírselo a Madrid".

Con todo, afirma que la única "crítica" que puede recibir el nuevo sistema de financiación autonómica es que "ha intentado contentar demasiado a demasiados" y por eso "ha salido un poco más caro de lo que hubiera sido razonable esperar".

Además, Sevilla rechaza que Zapatero dependa de Cataluña y asegura que el hecho de que esta comunidad autónoma "modifique su posición relativa no va en perjuicio de nadie". "Lo anormal era lo que había venido pasando en los últimos años", explica.

ZP SE PIENSA SI REPETIR EN 2012

Sobre la posibilidad de que Zapatero esté pensando en no repetir como candidato del PSOE en las próximas elecciones previstas para 2012, Sevilla dice estar "seguro" de que el presidente del Gobierno "está pensando si consolida en España o no la costumbre iniciada por Aznar" de limitar a dos mandatos los años de un presidente en el poder.

El ex ministro cree que Zapatero "no tiene tomada una decisión", pero va a "intentar evitar todos los errores que, en torno a esa decisión, cometió Aznar". Acerca de una posible carrera sucesoria ya iniciada en el PSOE, sostiene: "Digamos que veo a bastantes personas preparándose por si acaso".

Lo que sí deja claro es que no piensa volver a ningún Gobierno de Zapatero, porque "lo más importante" de su carrera política "está en el pasado". No obstante, asegura que sigue "teniendo muchas cosas que hacer en la vida" y le sigue interesando "la política en mayúsculas".

Respecto al horizonte de la crisis económica, Sevilla es tajante al asegurar que no ve ningún ‘brote verde’ y afirma que sólo llegarán "el primer mes en el que se cree empleo", una situación que le resultaría "un milagro" que se produjera "antes de mediados de 2010".

Pimentel por el PP y Sevilla por el PSOE, dos políticos honestos con su propio pensamiento.

 

El ex ministro Sevilla deja el escaño en el Congreso

 

El primer titular de Administraciones Públicas con Zapatero ficha como asesor de alto nivel de PricewaterhouseCoopers

Pilar Cernuda · C. H. / Madrid | Actualizado 02.09.2009 – 05:05

Zapatero y Sevilla, en el Congreso de los Diputados.

Jordi Sevilla se retira definitivamente de la política. El que fuera ministro de Administraciones Públicas del primer Gobierno de Zapatero (entre 2004 y 2007) y diputado del PSOE anunció ayer que renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados para ponerse al servicio del sector privado. Sevilla ha fichado por la empresa PricewaterhouseCoopers, como "asesor de alto nivel" en el área de asesoría económica y nuevos proyectos.

Fue el propio ex ministro el que a través de una nueva entrada en su blog, titulada Punto y aparte, anunció su retirada definitiva del mundo de la política. "Después de veinticinco años trabajando en la función pública y en la actividad política, inicio una nueva etapa vital y profesional en el sector privado", afirma en el comunicado.

De 53 años, nacido en Valencia y licenciado en Ciencias Económicas, Sevilla ha sido diputado durante las dos últimas legislaturas por Castellón. Además de formar parte del primer Gobierno de Zapatero, Sevilla fue miembro de la Ejecutiva del PSOE entre 2000 y 2004.

El 6 de julio de 2007, tras tres años ejerciendo, fue relevado del cargo de ministro de Administraciones Públicas, siendo sustituido por la anterior titular de Sanidad, Elena Salgado.

Muchos aún recuerdan la mala pasada que le jugó a Sevilla y Zapatero un micrófono supuestamente cerrado, cuando el presidente del Gobierno aún estaba en la oposición (era el año 2003) y admitió que sabía poco de economía, y su futuro ministro le replicó que eso se aprendía "en dos tardes". Y es que, efectivamente, Jordi Sevilla ha sido el profesor de economía de Zapatero. Era su asesor económico, pero se cruzaron en el camino Solbes y Miguel Sebastián y Jordi Sevilla no fue vicepresidente económico como auguraban los analistas.

Lleva en política, en el PSOE, toda su vida. Ya destacaba en tiempos de Felipe González, y junto a Trinidad Jiménez y Jesús Caldera fundó el movimiento llamado Nueva Vía, que catapultó a la Secretaría General del partido a Zapatero, entonces un gris diputado como tantos otros, que difícilmente podría plantar cara a un candidato de peso como José Bono. Pero esa nueva vía, a la que se sumaron José Blanco y Álvaro Cuesta entre otros, logró lo que parecía imposible: el liderazgo del PSOE. Jordi Sevilla tiene mucho que ver con la creación del personaje ZP, pero ZP no ha sido tan leal a Sevilla como Sevilla a Zapatero.

Le hizo ministro, y además dejó huella en Administraciones Públicas: la reforma de varios estatutos, el plan Concilia, la informatización de los servicios, el Estatuto del funcionario y el famoso Plan del Buen Gobierno, tan publicitado y tan poco llevado a la práctica. Pero era evidente que sus estrechos lazos con Zapatero se iban diluyendo a medida que pasaba el tiempo.

En el 2007 le llegó el cese, supuestamente para hacerse cargo del Partido Socialista en Valencia, pero se encontró con el bloqueo sistemático de Joan Lerma, que pretendía seguir controlando el PSPV. Y Sevilla, que no es peleón, dejó que otros se hicieran con el partido. Nunca le ha atraído el clima envenenado que genera la lucha por el poder.

La impunidad del fascismo

La Justicia española sigue dejando impunes los crímenes de la dictadura

InSurGente.- El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Público/insurgente.-

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".

"Inhumano y cruel"

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que "el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar". "Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos", agrega.

El dictador Videla será juzgado en Argentina por 32 desapariciones
Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir "a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.
En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por "inconstitucional" las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.
Martín Pallín: "Alguno todavía defiende la ley de Amnistía"

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. "Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición", sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado".

No obstante, Rodríguez Arias considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

Discriminados hasta para elegir cuando y dónde ir a las playas.

 

ALICANTE

El PSOE denuncia al consistorio por cerrar el servicio de playas accesibles para discapacitados

02.09.09 –

R. A. | ALICANTE

El PSOE denunció ayer al Ayuntamiento de Alicante por "olvidarse" de los discapacitados, ya que ayer cerró el servicio de playas accesibles a pesar de que la alcaldesa, Sonia Castedo, se comprometió el pasado mes de julio a ampliarlo durante unos días más.

Según los socialistas, "no tiene sentido que en Alicante, que es una ciudad que por su clima permite disfrutar de la playa desde el mes de abril y hasta octubre, sólo se ofrezca este servicio hasta el 31 de agosto".

El grupo municipal socialista recordó que otros ayuntamientos de ciudades con características similares ofrecen el servicio durante un periodo más amplio, hasta el 15 de septiembre. Es el caso de El Campello, Santa Pola (Levante y Gran Playa) y Elche.

Lo que la obligada administración recorta, la no obligada solidaridad lo suministra.

 

La solidaridad va en silla de ruedas

Rafael reparte aparatos ortopédicos, como sillas, camas o andadores a personas que carezcan de medios

 

Rafael Torres, en el salón de su casa donde repara las sillas de ruedas de las personas que no pueden costearse los arreglos. QUESADA

ELISA ARDOY Una negligencia médica dejó a Rafael Torres hace ocho años en una silla de ruedas.

Cuando le tuvieron que amputar una pierna decidió hacer la promesa de que si salía bien de la operación ayudaría a aquellas personas discapacitadas que no pudieran costearse los aparatos ortopédicos. La promesa era para un año, pero lleva ocho haciendo la vida más fácil a los ciudadanos con menos recursos de la capital a través de la asociación Contigo Caminamos.
Rafael lo deja bien claro desde el principio: Todo el dinero lo saca de su bolsillo, exactamente 300 euros cada mes de su pensión de ex policía local. Con este dinero repara sobre todo sillas de ruedas en medio de su pequeño salón de su casa de La Isleta. "Sólo hago cosas pequeñas y no le cobro nada a nadie. Con el tiempo he llegado a conocer muy bien el mecanismo de estos aparatos", explica. Y es que a lo largo de ocho años ha dejado como nuevas cientos de sillas de ruedas que pueden llegar a costar en el mercado más de 4.000 euros y cuyos arreglos en tiendas especializadas son también muy costosos.

El presidente de la asociación Contigo Caminamos aclara que las personas que reciban estos regalos tienen que devolverlos cuando ya no los utilicen para que él pueda repararlos y adaptarlos a los nuevos usuarios. Además, Rafael, de 63 años, ayuda también con el papeleo de las ayudas sociales a la gente que lo necesite. "Aquí en el barrio me conoce todo el mundo. Intento ayudarles porque muchas veces desconocen cómo son estos trámites", dice en su vivienda de La Isleta.

Este canario trabajó durante seis años en una empresa de ortopedia, Salud Factory, hasta que cerró hace cuatro meses. Allí había llegado a un acuerdo por el que trabajaba para la tienda pero también le dejaban seguir ayudando a las personas que llegaban con sus aparatos con algún desperfecto. Pero desde que cerró el negocio se dedica a hacer los arreglos en su pequeño salón que está lleno de herramientas y de expedientes de los solicitantes.

Asegura que nunca ha recibido ni un euro de las administraciones públicas, pese a que han ofrecido su colaboración. "Hago más yo aquí en mi casa que a través de todas las vías burocráticas que no sirven para nada. Así es mucho más fácil. Si alguien tiene un problema y no puede financiárselo, yo se lo arreglo. No hace falta nada más", dice.

Rafael, que fue 30 años policial local, reconoce que "es una ilusión ayudar a todas estas personas", pero que ya está "cansado" y adelanta que posiblemente este año será el último que se dedique a esto. "Lo mejor de todo es ver la cara de las personas cuando le entregas una silla nueva o recién reparada. Eso es lo único que me da fuerzas para continuar".