Rajoy pide en comunidades del PSOE que se aplique la Ley, pero olvida decirle a Camps que haga lo mismo en la Comunidad Valenciana. ¡Por favor, seamos honestos!

 

 

ELCHE

 

Sólo 20 de los 3.674 dependientes de la ciudad reciben las ayudas.

 

Cerca de 470 personas han muerto esperando el apoyo económico oficial.

 

 Elche registra una media de 675 días para la resolución del informe individual.

 

 

 

 

 

Manifestación en defensa de la Ley de la Dependencia el pasado diciembre en la Plaça de Baix. /PACO UCLÉS

ANA TORRES | ELCHE

 

«Once de los 24 centros sociales ilicitanos

atienden a los dependientes»

Desde que entró en vigor la Ley de la Dependencia en abril del 2007, todos los ciudadanos que padecen alguna minusvalía o no pueden valerse por sí mismos tienen derecho a recibir prestaciones para hacer más llevadera su situación. Pero desgraciadamente, su aplicación en la Comunidad Valenciana está perjudicando gravemente a los afectados.

El caso de Elche es una muestra de ello, ya que de un total de 3.577 dependientes censados, no más de una veintena está recibiendo las ayudas. Así lo asegura la edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, que a su vez recrimina a la Generalitat el incumplimiento de su propia normativa, ya que «está haciendo caso omiso a su obligación de comunicar al Ayuntamiento de Elche las ayudas concedidas, y eso dificulta el recuento», precisa.

Desde la puesta en marcha de la citada normativa, se estableció que su regulación era competencia de las comunidades autónomas, y a pesar de que algunas la han gestionado con diligencia y efectividad, la valenciana y la madrileña están a a la cola en cuanto a prestaciones, ya que una gestión que debería solventarse en un plazo de seis meses, alcanza listas de espera que rozan los dos años.

A pesar de que es la conselleria la encargada de aplicar y gestionar la ley, necesita la colaboración de los ayuntamientos, ya que estos mediante sus centros sociales redactan los informes de los afectados, en los que detallan la situación en la que viven y aspectos como las condiciones de habitabilidad de su vivienda o la disponibilidad de familiares que le presten ayuda.

Para la realización de esta tarea, el consistorio ilicitano es uno de los mejor preparados de toda la comunidad, tanto en número de centros sociales, un total de 24, de los que 11 se encargan de atender a los dependientes, como en número de profesionales dedicados a estos servicios, según apuntan fuentes municipales. Pero he aquí la primera traba en la aplicación de la ley, ya que la empresa encargada de dar la orden para la redacción de los informes, Avapsa, «ralentiza considerablemente el proceso» según lla edil. Esta empresa, creada por la Generalitat exclusivamente para la tramitación y adjudicación de las ayudas, «no funciona correctamente», ya que en lugar de encargar los informes en consonacia con las solicitudes recibidas y en función del orden de llegada, tan sólo ha encargado al Ayuntamiento ilicitano 1.383 informes, de un total de 3.577 dependientes.

Para la consecución del siguiente paso, Avapsa manda a un técnico al domicilio del afectado para realizar la valoración, pero en la mayoría de los casos éste llega un año después de la presentación de la solicitud de ayuda. Tras esta valoración, «nadie sabe lo que pasa», apunta Pérez, «ya que de nuevo transcurren meses hasta que el dependiente recibe la resolución».

En este documento se indica el grado de dependencia así como la inminente visita de otro técnico para realizar su Programa Individual de Atención (PIA) en el que se le asignará una de les prestaciones (ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, residencia, asistente personal o cuidador familiar). «Pero de nuevo pasan los meses sin ninguna respuesta, sin que nadie vaya al domicilio a realizar el PIA», matiza la concejal.

 

Entrega de firmas en el PROP para exigir la efectividad de la ley. /PACO UCLÉS

Según indica la responsable del área de bienestar social, en Elche la media de espera entre la solicitud y la resolución del PIA es de 675 días, casi dos años, mientras que el plazo establecido por la ley es de seis meses. «Pero la situación aún se agrava más teniendo en cuenta a todos los dependientes que fallecen esperando la resolución de la ayuda, una cifra que en la ciudad asciende a aproximadamente a 470 personas desde abril de 2007», lamenta.

Los ciudadanos con discapacidad de la Comunitat valenciana tenemos derecho a preguntarnos cómo y con qué dinero se han venido pagando los actos preelectorales encaminados a tratar de "captar" o "cautivar" nuestro voto. ¿Nos quiere dar Vd. la respuesta Sr. Camps?

 

Financiación y dignidad

 

 

por Ximo González Sospedra *

 

Los ciudadanos con discapacidad de la Comunitat valenciana tenemos derecho a preguntarnos cómo y con qué dinero se han venido pagando los actos preelectorales encaminados a tratar de "captar" o "cautivar" nuestro voto. Bueno, los preelectorales y todos los demás, durante estas últimas legislaturas, gobernadas por los que podríamos llamar "los Petronios de la elegancia graciosa valenciana".

El informe de la Brigada de Blanqueo sobre la financiación ilegal del Partido Popular valenciano es concluyente. Los trajes eran un simple telón de seda; detrás está todo el "tinglao". ¿Y qué es el "tinglao"? Pues todo acto, montaje, sarao, cena con "premios" pactados, actividad, homenaje, etc., encaminado a socavar la dignidad de unas personas ansiosas de que unos dirigentes políticos allanasen todas las barreras físicas, legales y sociales que les impedían ejercer sus derechos y sentirse plenamente integrados. Los equipos de Gobierno del PP valenciano, autonómico, local o de cada Diputación, no han sido más que meros "gestores" de ese "tinglao" para la victoria electoral; todo lo demás carecía de la menor importancia: resolver el desempleo en el colectivo de discapacitados, la rehabilitación, el apoyo escolar, las barreras…

Las personas con diversidad funcional de estas tierras valencianas estamos hartos de "chorizos" de poco pelo, de sinvergüenzas y de corruptos presuntos o confesos. Estamos hartos de ser "carne de cañón" electoral. Estamos hasta los mismísimos cataplines de que siempre "falte mucho por hacer" cuando ya debería estar todo hecho. Las personas con discapacidad estamos hastiados de mentiras, hipocresía y manipulación desde todas las instancias gubernamentales del PP.

Desde aquí, invoco a todas las personas con discapacidad, al CERMI, a COCEMFE y a todas las asociaciones de esta Provincia y de la Comunitat a rechazar y denunciar todo acto pseudo político que pisotee nuestra dignidad como personas y vulnere nuestros derechos constitucionales.

* Ximo González Sospedra

Ex Diputado de las Cortes Valencianas

Cuando la sombra de la corrupción se alarga y no hay respuestas… ¡mala barraca!

 

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Respuestas ante la corrupción.

 

28/09/2009 FRANCESC Colomer

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La situación de deterioro por presunta corrupción política y económica de la cúpula del Partido Popular alcanza niveles insostenibles. Todos sabemos que, en circunstancias similares, ningún gobierno democrático del mundo conocido resistiría. ¿Qué hacen los gobiernos limpios cuándo son cuestionados en su pureza y escrúpulos?. La regla de oro es dar la cara, argumentar, multiplicar la transparencia, abrir puertas y ventanas, colaborar, clarificar. Pero no, aquí han preferido reaccionar atacando a jueces, fiscales, policías, periodistas y oposición. Espectacular. El espectáculo más surrealista nunca visto en un sistema democrático europeo. Un tipo huyendo por las escaleras de emergencia e interceptado por la policía con información almacenada en un archivo informático revelador de las presuntas tropelías del poder. Todo debe ser normal. Normal en un país que no tiene dinero para el azulejo, ni para erradicar barracones escolares, ni para aliviar las listas de espera médicas, pero el talonario a punto para cubrir las espaldas a sus amigos de la Fórmula 1 de Valencia, los Orange Market de turno y sus presuntas evasiones fiscales, etc.

Este es un tiempo de infamia y decadencia que no merece la ciudadanía valenciana, cuyo carácter, personalidad y concepción de la vida no se parece en nada al comportamiento de sus actuales representantes institucionales en el poder.

En relación con el caso de la trama corrupta del bigotes y las empresas que trabajaban para el Partido Popular y la Generalitat Valenciana, el informe de 89 folios más anexos de la Brigada policial contra el Blanqueo presenta más que indicios que requieren una clarificación inmediata y contundente por parte de los implicados. Es muy sencillo: que se expliquen. Pero prefieren atacar y asediar a la propia policía, fiscales, etc. Todo menos dar la cara con argumentos plausibles que puedan clarificar las cosas.

Los tiempos jurídico-penales tienen su cadencia pero, en términos políticos y morales, las cosas requieren otro ritmo. Es como el caso del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, negándose a explicar quién presuntamente le ingresaba tantos millones y a cambio de qué. Pronto se cumplirán 6 años desde que estallara el escándalo. ¿Qué cuesta salir y explicarlo todo si son inocentes?. Ellos solos se complican la vida. Y, al hacerlo, deterioran y pulverizan la imagen de la política y de las instituciones democráticas que nos hemos dado y que sufragamos entre todos.

Resulta evidente que tenemos una generación de dirigentes que no han estado concentrados en lo que tocaba, que se han distraído, que han jugado demasiado fuerte deslizándose hacia territorios sombríos y pantanosos. Allí donde dobla la moral y habitan los peores vicios de la política: la confusión de lo público con lo privado, lo particular con lo general, el partido con el gobierno de la sociedad. En definitiva, cuando la codicia toma el mando. O el estado de derecho –del cual la policía forma parte esencial– está oxidado o la cúpula del Partido Popular, corrompida. Por eso urge que den explicaciones razonables de manera inmediata.

Supongo que los primeros interesados serán los millones de votantes, simpatizantes y militantes del propio partido. La mejor noticia para todos los partidos y todas las ideologías sería que fuese un cúmulo de malos entendidos y confusiones cinematográficas, como en esas películas de enredos forzados e inverosímiles. Ciertamente, porque el golpe asestado al sistema democrático y a la credibilidad de la política, nos debe preocupar a todos. Este es un momento extraordinariamente amargo para los demócratas de todos los colores. Es una pésima noticia que la trama esté llena de castellonenses del PP, los mismos que, tras 14 años de mando, nos han llevado a la cifra de 50.000 parados en la provincia. Ya vemos a qué se dedicaban. Decadente. Urgen gestos de rebeldía cívica para regenerar la política. El civismo es la vacuna contra lo que nos pasa. Un civismo activo, despierto, crítico y consciente. Un civismo que no traga con todo por sentido de la dignidad y la autoestima básica en una sociedad de personas libres. La política es un espacio para el interés público, no cabe nada más. Solo levantado un dique moral contra la corrupción salvaremos el sistema. No es una cuestión de ideologías. Es una cuestión que aislar a los pillos y a los hampones.

Alcalde de Benicàssim y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón